- El Tribunal de Cuentas, tras la denuncia de CGT, pide que se les condene por «perjuicio a fondos públicos»
La Fiscalía, a instancias del Tribunal de Cuentas, reclama a tres directivos de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) que devuelvan el dinero gastado por la mercantil en letrados privados durante dos años (655.135 euros) y solicita que sean condenados por «el perjuicio causado a los fondos públicos». Dos de los directivos ya no trabajan en la empresa pública. Se trata del director entre 2007 y 2011, Felipe Espinosa, y de la anterior jefa de recursos humanos de Vaersa, Anna Bayarri. El tercero es el actual director, Enrique Simó, en el cargo desde 2011.
El Tribunal de de Cuentas investiga a esta empresa que depende de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por pagar 655.135 euros en sólo dos años a un grupo de asesorías jurídicas privadas, sin mediar concurso público y «sin previa formalización contractual», según desveló la Sindicatura de Comptes en los informes de 2009 y 2010, y después denunció el sindicato CGT al órgano fiscalizador.
El gasto en letrados privados no se limitó a los años investigados, sino que Vaersa llegó a pagar dos millones de euros a siete despachos de abogados en seis años, desde 2006 hasta 2011, según admitió la empresa en un documento interno suscrito por el responsable del departamento de gestión financiera,tal como publicó Levante-EMV. Vaersa recurrió a la asesoría letrada, sin concurso previo, pese a que la conselleria tenía suscrito «desde 2006 un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran los servicios de asistencia jurídica para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC», según denunció la CGT.
De hecho, Vaersa abonó 22.964,14 euros a la Abogacía de la Generalitat durante seis años por lo que, según el sindicato CGT, «se deduce que Vaersa duplicó el gasto en letrados al contar con los servicios de los abogados de la Generalitat, además de los prestaciones de los despachos jurídicos privados».
El Ministerio Público sólo reclama el dinero gastado en 2009 y 2010 en asesorías jurídicas privadas por valor de 655.135 euros durante 2009 y 2010. Curiosamente, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía se dirigen contra los tres directivos y no contra Vaersa, que durante la investigación en el órgano fiscalizador «no ha hecho uso del derecho que les asistía».
El sindicato CGT también se apartó del procedimiento, pese a iniciar la denuncia, porque no puede asumir las costas judiciales.
La Fiscalía ha interpuesto demanda de procedimiento de reintegro contra los directivos y pide que sean condenados, «como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos», según el auto del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
CGT quiere ir ahora más allá porque «hay indicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos», por lo que han decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado aunque «como las tasas son elevadísimas, gracias al PP, e inasumibles para la CGT que se financia sin subvenciones públicas», harán un «llamamiento a la colaboración ciudadana» para interponer la demanda y recuperar «lo que nos han robado».
Fuente Levante-EMV