En pleno debate sobre la utilización de las balas de goma, la partida
para el material antidisturbios aumenta de los 173.670 euros en 2012, a 3,26 millones en 2013.
La profunda crisis económica y social en la que vive
España, ha provocado la multiplicación de manifestaciones y protestas de buena parte
de la sociedad civil, que demanda un modo diferente de hacer política. El aumento de la conciencia crítica ciudadana no ha servido, por el momento, para que el Gobierno del Partido
Popular varíe sus políticas, pero si para responder a este malestar con medidas que se traducen, por ejemplo, en el destino
que el Ministerio del Interior dará a su presupuesto en los próximos años.
Así, se pasó de los 173.670 euros de 2012, a 3,26 millones de euros en 2013 en la partida destinada a la compra de «Material
Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa». Para 2016, la inversión prevista rebasaría los 10
millones de euros. Una cantidad que servirá para reponer y modernizar el material que
utilizan las unidades antidisturbios. Un material que incluye chalecos antibalas, gases lacrimógenos, porras, escudos, y
pelotas de goma. A su vez, la Generalitat de Catalunya anunció el pasado 12 de junio
que los Mossos d’Esquadra dispondrían, ya para el mes de julio, de un camión policial equipado con varios cañones de agua y con un alcance de hasta 60 metros de distancia para dispersar a los
manifestantes. Una imagen que, hasta ahora, en las calles españolas sólo era un recuerdo ligado a la Dictadura franquista y
difuminado desde la Transición.
La Generalitat
recuperará ahora los cañones de agua como un recurso aceptable ante la opinión pública, por mucho, que los medios de
comunicación muestren cada día escenas de enfrentamientos entre policía y manifestantes, como se han dado en las últimas
semanas en Brasil, Turquía o Egipto. Protestas dispersadas con el uso masivo de botes de humo, gases
irritantes y lacrimógenos, y agua proyectada desde los cañones, a los que en ocasiones, se les añade colorante, que tiñe la
ropa, o líquidos oleosos, que funcionan como auténticas bombas fétidas, y que sirven para marcar a los manifestantes.
Como indica José Luis Gordillo, profesor de Filosofía
del Derecho en la Universidad de Barcelona e investigador del Centre d’Estudis per a la Pau, los cuerpos de seguridad para
poder «disolver a las multitudes con eficacia pero sin provocar grandes escándalos políticos deben poder disponer de un
amplio abanico de medios que les permita una respuesta represiva gradual y flexible». Es en esta respuesta
donde se encuentra la generalización en el uso de las catalogadas como armas «no letales». Una disuasión
eficaz, sin un excesivo coste político y con unos materiales que empiezan a desarrollarse en los años 1960. De la mano de
las fuerzas armadas de las grandes potencias, tienen como campo de pruebas países del Tercer Mundo. O, como es el caso de
Palestina, se han convertido de forma directa en «un campo de experimentación para las empresas de
seguridad y defensa israelíes», donde se han probado, y utilizan, entre otro tipo de armas, la mayoría de ellas letales,
balas y bombas fétidas. Un proyecto, el de las llamadas «bombas mofeta», que comenzó a ser desarrollado en
el año 2004 y que, como su nombre indica, reproduce de forma sintética el desagradable olor que segrega este animal. Una
tecnología adoptada por la policía británica el pasado año y anunciada por Scotland Yard como un método eficaz para combatir
los disturbios callejeros en las Islas.
Pero no
sólo se encuentran dentro de esta categoría de armas las ya conocidas pelotas de goma, las pistolas y porras eléctricas o
los cañones de agua, sino que se incorpora armamento desarrollado por programas militares para su uso
directo en conflictos bélicos y en los que se han experimentado con armas diseñadas para incapacitar o repeler con una baja
probabilidad de causar la muerte o daños permanentes a los oponentes. Entre este armamento destacan los fusiles
láser y otras armas ópticas, capaces de provocar ceguera transitoria y/o definitiva, cañones de
sonido, que aturden con la emisión de altas frecuencias al generar vértigo, espasmos, confusión mental y náuseas, o
cañones de microondas que provocan quemaduras y dolor. A estos materiales, algunos de ellos, como los
cañones de sonido, probados ya en protestas en Estados Unidos, se les unen otros, que parecen salidos directamente de la
ciencia-ficción y no de laboratorios de los contratistas de defensa, como fusiles electromagnéticos
-provocan ataques similares a los epilépticos-, pistolas de energía termal, que elevan la temperatura
corporal, lanzadores de espuma, que inmovilizan a las personas pegándolas al suelo, o armas psicotrónicas,
que pueden provocar trastornos mentales transitorios.
Estas armas, usadas en conflictos «de baja intensidad», sirven también para disolver manifestaciones o reducir
a detenidos por la policía, lo que deja entrever, como señala el Centre d’Estudis per la Pau, «la militarización de la
policía» en cuanto a sus procedimientos de actuación y al tipo de materiales usados. Algunas de estas armas, las más
pequeñas y manejables, como las pistolas Taser o las porras eléctricas, pueden ser incluso
adquiridas fácilmente a través del comercio online, aunque en España esté prohibido su uso a particulares. A esta carrera
por conseguir las armas «no letales» más novedosas y menos «dañinas», se incorporan incluso los ayuntamientos que, como en
el caso de algunos consistorios catalanes, se han interesado por adquirir camiones dotados con cañones de
sonido.
En este sentido, el profesor Gordillo
aboga por «cuestionar la distinción entre armas letales y no letales«. Como señala un informe de Amnistía
Internacional, más de 500 personas han muerto en los Estados Unidos entre los años 2001 hasta 2012, tras
recibir descargas de armas Taser durante su detención o mientras se encontraban en prisión. Además, las
armas «no letales» suelen ser instrumentos habituales para infligir torturas y malos tratos, tanto en la
calle, como en las comisarías, como han denunciado varios informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones
internacionales.
Otro aspecto preocupante es la
banalización de su uso: «su supuesto carácter no letal es una invitación a normalizar su uso incluso contra manifestantes
decididamente no violentos, dado que sus efectos son supuestamente poco dañinos». A este respecto, cabe señalar que, como
se puede comprobar en las presentaciones a la prensa que se han hecho en los Estados Unidos de este tipo de
armas, los «manifestantes» son caracterizados con pancartas que muestran lemas pacíficos y antibelicistas. Este perfil de
manifestantes es el grupo contra el que se desarrolla la demostración y se prueban estos nuevos equipamientos militares.
Para Gordillo, «se está normalizando la respuesta violenta a las demandas ciudadanas. Esto es un aviso de lo que viene. Se
genera miedo en la sociedad y el miedo se propaga y, en muchos casos, es permanente» y recuerda que «hay
textos legales contra el uso de este tipo de armas. Desde la «Convención contra la tortura» hasta los «Convenios
internacionales contra las armas químicas», pasando por las Convenciones de Ginebra, existen argumentos legales para
prohibir o, al menos, limitar su uso.» Una utilización que, a menudo, viene marcada por la falta de control que tiene la
sociedad civil sobre los protocolos de actuación y reglas de enfrentamiento que observa la policía ante escenarios de
protesta, y que en España, y en los últimos treinta años, han provocado 9 muertos y una treintena de heridos
graves por el uso de pelotas y balas de goma. Unas reglas de actuación que deberían ser públicas y revisables por
la sociedad, según demandan las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
ALEX GIL LARA Barcelona