Los Sindicatos de la
Administración Pública Valenciana que suscriben, FSC-CCOO, CGT, CSI-CSIF, INTERSINDICAL y FSP-UGT, ante el proceso
generalizado de remoción de puestos de trabajo obtenidos por concurso de méritos llevadas a cabo por la conselleria
competente en materia de Función Publica de la Generalitat, MANIFIESTAN:
La ciudadanía valenciana tienen el
derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat sean eficaces, eficientes, austeras, traten sus asuntos de
modo equitativo e imparcial y a gozar de servicios públicos de calidad.
Que el personal que viene desempeñando las
Jefaturas de Servicio por concurso de méritos supone un importante activo de la Administración Autonómica que ha invertido
en su formación y preparación, con una dilatada vida profesional, acumulando experiencia y conocimientos específicos que no
pueden ser desperdiciados, por ello, las organizaciones sindicales que suscriben, reconocen su labor e importancia al
servicio de la ciudadanía y al interés general en las distintas consellerias de la Generalitat Valenciana.
Afirmamos contundentemente que el sistema de provisión de puestos de trabajo normal es el de “concurso de méritos”, en el
cual se reconoce la experiencia y valía de los aspirantes junto con los principios de igualdad y publicidad. Cualquier otro
sistema “a dedo” conlleva una influencia política que, al extenderse sin control, pervierte a la Administración y a los
fines de servicio público que la justifican. Como así está establecido en la legalidad vigente y en la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Denunciamos una “purga” encubierta de personas que han hecho de su trabajo una
apuesta por el servicio público, utilizando una “reestructuración” que enmascara persecuciones a funcionarios y
funcionarias de carrera con decenas de años de experiencia para sustituirlos por otras personas nombradas “a dedo” que se
deben a quien los propone y con mayor coste económico para la Administración Valenciana, que paga todas la ciudadanía.
Denunciamos la inexistencia de un plan global de reasignación de efectivos, y de los informes técnicos y económicos
que sustentan las decisiones adoptadas, la arbitrariedad en la falta o negación de información y los criterios utilizados
para la selección de los puestos a eliminar. Todo ello da lugar a percibir indicios de desviación de poder e incluso
prevaricación en la elección concreta de los ceses y en la reasignación de puestos a las personas cesadas.
Rechazamos
la aplicación torticera de la legislación, en cuanto que supone un regreso a las “cesantías” del siglo XIX, prácticas que
conculcan los principios constitucionales de mérito y capacidad , facilitan la opacidad y el nepotismo y en todo caso
supeditan los fines de la administración a la lucha por el poder de los partidos políticos .
Denunciamos el
incremento del coste de las nuevas estructuras de las Consellerias, toda vez que aumentan las retribuciones de los puestos
de trabajo “a dedo” una media de 5.000 euros por persona y año consolidándose estas cantidades en el Capítulo I de los
Presupuestos de la Generalitat y por ello no se sostiene la ficción sobre ahorro que de cara a la opinión publica pretende
justificar la medida en este caso.
Nos reafirmamos en la exigencia de contar con una Administración Autonómica
basada en los principios de responsabilidad, profesionalidad, merito, capacidad, transparencia, igualdad, publicidad y
sometimiento pleno a la ley y al derecho, que contribuya al progreso económico y social de la Comunidad Valenciana.
Que, ante esta situación, los servicios jurídicos de los Sindicatos que esto firman se ponen a disposición de todo
el personal afectado, comprometiéndose a denunciar cualquier acto u omisión de los responsables de la Administración
pública que sea contraria a Derecho, incluyendo, por supuesto, aquellos casos en que se cometa o presuma prevaricación
administrativa o malversación de fondos públicos.
Y por ultimo reiteramos nuestro apoyo a todos los afectados y
ponemos a su disposición todas las vías de acción sindical tanto la administrativa y judicial como la informativa y
social
Por todo ello solicitamos a la conselleria competente en materia de Función Publica la inmediata paralización de
todos los procedimientos de remoción iniciados y la convocatoria urgente de la Mesa de Función Publica para estudiar una
solución satisfactoria para los afectados y la sociedad valenciana.
València, 7 de noviembre de 2011