CGT-Valencia organiza las XV Jornadas Libertarias
Enric Llopis/Rebelión
El Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana dispone multas que oscilan entre 30.000 y 600.000 euros por “infracciones muy graves”, como las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de “infraestructuras críticas”. Una cuantía inferior (de 1.000 a 30.000 euros) es la establecida para las “infracciones graves”, entre otras, la “perturbación de la seguridad ciudadana” con ocasión de reuniones frente al Congreso; la desobediencia o la resistencia a los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones; y las ofensas o ultrajes tanto a España como a las comunidades autónomas, sus símbolos e himnos.
Es éste el escenario crítico, propio de una deriva autoritaria, en el que tendrán que actuar en poco tiempo los movimientos sociales. El nuevo marco jurídico que el Ministerio del Interior ha instituido para reprimir la protesta. Para debatir sobre los retos que afrontan las organizaciones sociales, el contexto de represión y los ejemplos de resistencia, CGT-València ha organizado la jornada “Romper el miedo, construir movimiento”, dentro de las XV Jornadas Libertarias que se celebran en el Centre Octubre.
El colectivo Madres contra la Represión tiene su embrión en Vallecas, “un barrio obrero que sufre los abusos de este gobierno, pero que responde y, por tanto, padece la represión”, explica la activista de la organización de madres y militante de la CGT, Yolanda Ruiz. “Lo que pasa en Vallecas va a ocurrir en todas partes; hay un plan del estado para anularnos”. Pero agrega, como factor de esperanza, la creación de una red estatal de apoyo y solidaridad contra la represión.
Madres contra la Represión se presentó públicamente el pasado 21 de abril en el colegio Trebenco de Vallecas. “No hemos criado a nuestros hijos, con todo el amor de que somos capaces, para que los persigan y apaleen impunemente”, afirman. Hay diferentes factores que explican la constitución del colectivo; uno de los principales, el asesinato del militante antifascista, Carlos Palomino, a manos de un neonazi en el metro de Madrid en 2007; en el trasfondo, la creciente represión que sufren las barriadas obreras madrileñas.
Pero si algo sirvió de catalizador, fueron las muestras de solidaridad por la detención de “Alfon” Fenández, joven comunista y de la peña Bukaneros, detenido (y después ingresado en prisión) el 14 de noviembre pasado, día de huelga general.
Yolanda Ruiz describe vívidamente la situación de la juventud rebelde de Vallecas: “Van a por ellos, les golpean, van a buscarlos en sus trabajos y sus casas”. Ante esta realidad, las madres y abuelas se han determinado a retar a la policía. Se colocan en la cabecera de las manifestaciones buscando un “efecto barrera”. De momento, “parece que la policía ha ido modulando, pero también nos acabarán pegando a nosotras”, explica la activista.
Madres contra la Represión trabaja desde su fundación por tres caminos, además de la lucha en la calle (en las manifestaciones, o en los juzgados de la plaza Castilla, cuando hay detenciones). El apoyo jurídico a las víctimas (gracias a la colaboración generosa de algunos abogados); la ayuda psicológica, y la asistencia a los familiares (por ejemplo, el acogimiento en sus casas a parientes de detenidos trasladados a Madrid). En Vallecas, “hay mucha gente crítica”, reconoce Yolanda Ruiz, “pero con las familias que llegan de fuera hay que hacer muchas veces un reseteado”, explicarles que sus hijos “no han hecho nada malo y que no son delincuentes, sino víctimas”.
Curtido en batallas y batallas en los movimientos sociales de Valencia, Jesús Arteaga (el “hippy”) participa actualmente en la Assemblea Antirrepresiva del 15-M. “La rebeldía es castigada de manera sistemática” por una razón esencial, afirma: “La represión resulta inherente al sistema capitalista”. Ahora se recuerda muy poco, pero “los pueblos del estado español pagaron caro en 1936 intentar el cambio del sistema capitalista”. Franco murió en la cama, suele decirse, “pero murió matando”, recuerda el activista de la Assemblea Antirrepresiva. Poco antes de su defunción (en septiembre de 1975), el dictador firmó la sentencia de muerte de cinco militantes antifascistas, a los que se agregan –ya en la transición- los asesinatos de García Caparrós (obrero malagueño, militante de Comisiones Obreras, que murió en diciembre de 1977 por un disparo de la policía armada); Miquel Grau (asesinado por un miembro de Fuerza Nueva mientras colocaba carteles por la Diada del País Valenciano); Agustín Rueda (anarquista asesinado por la policía en la prisión de Carabanchel), Yolanda González (dirigente estudiantil, uno de cuyos asesinos –Emilio Hellín- ha trabajado como asesor e impartiendo cursos para el Ministerio del Interior) y otros muchos.
Además, los estados mencionan y utilizan la represión según les interesa en cada coyuntura. Así, señala Jesús Arteaga, mucho se denuncian las matanzas de Pol Pot en la Camboya de los Jemeres Rojos pero, por el contrario, como recuerda Chomsky, se silencia habitualmente la perpetrada por Indonesia en Timor Oriental. Otra cuestión es la impunidad con la que han actuado agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como el exinspector de Policía, Antonio González Pacheco (“Billy el Niño”), o el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas,a quienes actualmente reclama la justicia argentina por supuestas torturas cometidas durante el franquismo.
De la represión suelen omitirse aspectos medulares. “Se trata de una industria muy rentable”, apunta Jesús Arteaga, sobre todo la gran factoría bélica, “que ofrece suculentas oportunidades de negocio y más aún en época de crisis”. “Cárceles, jueces y policía forman parte de la estructura represiva del poder, junto a los medios de comunicación, que silencian nuestras luchas y venden a la opinión pública iniciativas como la Ley de Seguridad Ciudadana”. Con acierto apuntaba Malcom X: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”. El momento actual es decisivo, resume el Hippy, ya que “en época de paro y revueltas, tratan de silenciar y reprimir”.
Podría buscarse el matiz, la gradación y la diferencia de niveles en la represión. Hay quien ha distinguido entre represión de “alta”, “mediana” y “baja” intensidad. Sin embargo, en un reciente encuentro de colectivos sociales se concluyó que no es fácil establecer estos distingos. “Todas forman parte de un conjunto y, por tanto, es preferible una perspectiva global”, señala el activista del 15-M. Uno de los casos más extremos de represión, y de los más silenciados, se vive en las cárceles (según la Asociación de Familiares de Amigos y Presos en Madrid –AFAPREMA-, en 2012 hubo 39 muertos en los penales españoles, por motivos como sobredosis de drogas o ahorcamiento).
La sombra de la represión es oscura y muy alargada. El Hippy conoce de cerca el castigo a las protestas estudiantiles de febrero de 2012 (iniciadas en el Instituto Luis Vives de Valencia) y las multas y arbitrariedades que el Kolectivo del Parque Alkosa padece a manos del Ayuntamiento de Alfafar y la Policía Local; o el “goteo” de detenciones –a lo largo de días y semanas- producidas después que, tras una manifestación del 15-M, se derribaran las vallas que protegían las carcasas de una mascletà (mucha gente pensó entonces que se había decidido ese emplazamiento a modo de provocación). Pero, recuerda Arteaga, al cantante de Reincidentes, Fernando Madina, se le detuvo el pasado viernes en el aeropuerto de Miami. “Al igual que los compañeros detenidos, a los que se acusa de colocar explosivos en la Basílica del Pilar de Zaragoza”, remata.
Mandela, quien permaneció 27 años con sus huesos en la cárcel y, por eso, “nos pertenece a las clases oprimidas”, decía: “Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza para oponerse a él”.
Las XV Jornadas Libertarias de CGT-València llevan por título “Nuestro futuro comienza ahora” y, así, hace falta definir estrategias. Jesús Arteaga destaca como una de las principales, en la Assemblea Antirrepresiva, la solidaridad: “Cada agresión del poder ha de tener una respuesta, y cada persona detenida debe contar con el apoyo de la gente”. Pone el énfasis además en otros factores: romper el miedo; visualizar la represión y el aislamiento de los medios de comunicación; pero también utilizar la asamblea como herramienta de trabajo, y la autoorganización (confiar en la persona que se tiene al lado) como principio.
Sobre la eterna polémica de las cantidades, la discusión entre forjar un movimiento de masas o, por el contrario, configurar espacios más pequeños en los que los medios anticipen los fines, Arteaga considera que “no debería importarnos tanto la cantidad; ciertamente, cuanta más gente mejor, pero no podemos esperar para hacer algo a que se muevan todas las personas que permanecen en sus casas”. Por eso, apuesta por “poner en alza las pequeñas experiencias e interconectarlas con otras pequeñas islas”. “Estas iniciativas, aparentemente menores, son muy necesarias”, concluye. Como la impulsada por la colla Xicalla, que ha convocado una concentración el próximo 13 de enero frente a la Conselleria de Bienestar Social, para protestar contra la represión en los centros de menores.
Pocos ejemplos de coherencia personal entre principios y praxis como el del activista catalán Enric Duran, que interviene en las jornadas por videoconferencia. En el año 2008 se dio a conocer por un acto de desobediencia civil no violenta contra el poder financiero: expropió 492.000 euros a 39 entidades financieras (mediante 68 operaciones de crédito a través de una empresa ficticia) para destinarlas a iniciativas de cambio social. La fiscalía y 14 de las entidades piden para Enric Duran ocho años de prisión. Según el activista, “los organismos del estado carecen de legitimidad para hacer cumplir sus leyes; actúan con la fuerza, pero ciertamente no hemos elegido al nacer formar parte de esos estados”. La Audiencia Provincial de Barcelona señaló el pasado 12 de febrero como fecha para el juicio oral contra Enric Duran. No se presentó, apelando a la “desobediencia”, “para no formar parte de esa farsa, en un sistema judicial basado exclusivamente en la pena y el castigo”.
Durán se define como activista por la “Revolución integral”, entendida como proceso para la construcción de una nueva sociedad autogestionaria, basada en la autonomía y la abolición de las formas de dominación vigentes: el Estado, el capitalismo y todas las que afectan a las relaciones humanas y con la naturaleza. Además, “implica una acción consciente, personal y colectiva, para la mejora y la recuperación de las cualidades y los valores que nos capaciten para una vida en común”, apunta en su blog.
Otro principio al que apela es el de “Justicia Restitutiva” de las comunidades indígenas, basado en el diálogo y la participación para resolver conflictos. Se plantea, así, la radical oposición a la tradición punitiva burguesa, “de la que nos negamos a participar”; “nos declaramos objetores a las leyes y al sistema judicial del estado”, insiste. Se trata de abolir el sistema penitenciario y sus cárceles, así como las relaciones de violencia que predican. Lo decisivo, a juicio de Enric Durán, es “la libertad de elegir nuestra forma de organización social” y, en el fondo, “ser cada vez más autónomos e independientes de los bancos, la seguridad social y los servicios públicos estatales”. Buscar una coherencia entre principios y fines que se da, asimismo, en los colectivos en los que el activista trabaja y plenamente se identifica, como la Cooperativa Integral Catalana.