La Campaña estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha convocado esta mañana dos ruedas de prensa simultáneas en Madrid y Barcelona dentro de las acciones previstas tras la aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros del pasado 14 de Marzo, definido por esta plataforma como el «Reglamento de la vergüenza” y que entró en vigor el 15 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Este Real Decreto supone la primera regulación legal desde que la Ley de Extranjería de 1985 introdujera la medida de internamiento como “medida cautelar excepcional para personas que no se encontraban en situación regular y estuvieran sometidas a procesos de exclusión”. La plataforma afirma que “no acepta este Reglamento”, según denuncia, ya que esta nueva medida legal no aporta ninguna mejora de los derechos básicos de las personas internadas. Es más, supone un importante retroceso en cuanto a las resoluciones de los Juzgados de Control, consolida el ya existente modelo de gestión policial y permite la privatización de la gestión de servicios por parte de algunas ONG.
En la rueda de prensa de Madrid, celebrada en la librería Traficantes de Sueños, las integrantes de la campaña Irene Ruano y Esperanza de Pineda, junto al abogado Eduardo Gómez, han expuesto las razones por las que muestran su rechazo a “un reglamento que responde más a un intento de legitimar y consolidar la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros que a una voluntad real de garantizar los derechos de las personas internas”.
Según denuncia la plataforma, este reglamento ha sido utilizado “como maniobra de distracción y operación de maquillaje del Gobierno” desde que tras la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) se anunciara su aprobación inminente. Desde entonces se han producido varias muertes, la última en 2013 en el CIE de Zona Franca, y otras muchas agresiones denunciadas en varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia. La conclusión a la que llegan es que “este reglamento no modifica la esencia de los centro de internamiento, simplemente los sigue definiendo como establecimientos no penitenciarios destinados a la custodia preventiva o cautelar, para garantizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular o para la deportación de extranjeros”, a la vez que “mantiene al Cuerpo Nacional de Policía como supuesto garante de los derechos de las personas y deja en manos de la dirección de los CIE y a las normas internas de cada centro un sinfín de cuestiones que afectan directamente a los derechos y libertades de las personas, consolidando así el modelo de gestión policial, la opacidad, la arbitrariedad y el abuso y la impunidad que los diferentes colectivos sociales vienen denunciando, y que de ninguna manera va a cambiar la naturaleza de los CIE”.
La presencia de ONG en los CIE, que se regula en el Reglamento y se vende como una garantía, “no acaba con la arbitrariedad de la persecución y el internamiento, no termina con la posibilidad de la expulsión de las personas, ni garantiza tampoco la posibilidad de que no se produzcan más muertes”. Por ejemplo, en Madrid, la concesión a Cruz Roja como adjudicataria del servicio mediante un convenio de 400.000 euros no evitó la muerte de Samba Martine en 2011 porque no existe un traspaso efectivo de información entre los centros (que el nuevo reglamento tampoco regula y que fue una de las causas de la muerte de esta persona), lo que da pie a que una situación similar se pueda volver a repetir.
La consecuencia de este modelo de subcontratación, tanto con esta organización como con otras similares, es que “a cambio de su silencio, recibirían cientos de miles de euros en forma de convenios y contratos para supuestamente dar asistencia sanitaria, jurídica, etcétera”. Desde la Plataforma aseguran que “una organización que verdaderamente defienda los Derechos Humanos nunca negociaría la gestión de estos centros”.
Para el colectivo resulta también sorprendente que la aprobación de este reglamento se produzca justo un mes después de la tragedia ocurrida en Ceuta, de la que aún no se han esclarecido las causas de las 15 muertes producidas ni se ha abierto ninguna investigación independiente, ni se han depurado responsabilidades.
Ante la pregunta de cuál es la alternativa que la Plataforma propone frente a los CIE la respuesta es contundente: “Nosotras no planteamos ninguna alternativa al encierro de personas porque creemos que la supresión de la libertad de circulación de personas es una medida excepcional y no es proporcional al hecho que se persigue”. Según ha afirmado el abogado Eduardo Gómez, “la única alternativa de estar preso es estar libre, la única alternativa es que no hay alternativa, la única alternativa es el cierre porque se está internando a personas que no han cometido ningún delito y porque la existencia de los CIE en un estado de derecho es una tomadura de pelo y una anomalía democrática”.
Se estima que en Europa hay más de 30.000 personas privadas de libertad sin estar acusadas de ningún delito. En Italia, tras los sucesos de Lampedusa, se estableció el Delito de Clandestinidad. Frente a esto, en España, hay dos opciones según Eduardo Gómez: “O lo conviertes en delito, como ha hecho Italia, o se cierran los CIE, pero en España hay un limbo jurídico respecto a esta situación”.
En cuanto a las preguntas sobre los vuelos de deportación de extranjeros, la respuesta de los activistas fue que “una de las características que definen este sistema de fronteras es la opacidad y arbitrariedad en las medidas que se toman. Es imposible saber cuándo se producen esos vuelos porque el Ministerio de Interior no proporciona ninguna información sobre ellos. Se realizan de forma masiva en compañías privadas como Air Europa y en vuelos militares, con más policías que pasajeros. Es gracias a las investigaciones independientes realizadas por los movimientos sociales por lo que podemos llegar conocer ese tipo de información.”
El mensaje es claro: “No se puede regular lo que no debe existir. La única forma de garantizar los derechos de las personas es cerrar los CIE debido a la constante vulneración que de ellos se hace. El papel de las organizaciones en los CIE ha de ser la denuncia constante hasta conseguir su cierre definitivo porque suponen ’per se’ la violación sistemática de los derechos de las personas”.