9 adultos y 4 menores residen en un bloque de viviendas recuperado por la PAH-Horta Sud (País Valenciano)
El 16 de octubre de 2013 la PAH Horta-Sud recuperó un bloque vacío de siete viviendas en la calle Amistad del Barrio del Cristo, entre los municipios de Aldaia y Quart de Poblet, muy cerca de la ciudad de Valencia. Nueve adultos y cuatro menores (entre ellos, dos familias completas que previamente habían sufrido un desahucio) residen hoy en este edificio. Ca Esperança es, además de un ejemplo de resistencia, un asunto de actualidad: en cualquier momento, a partir del 9 de junio, la policía puede ejecutar el desalojo del edificio, después que el juzgado número 2 de Torrent (Valencia) dictara un desalojo cautelar con fecha abierta. “El desahucio más cruel y complicado de defender”, según la PAH.
Además, señala la plataforma en un comunicado, el desalojo supondría “un incumplimiento flagrante de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que sentenciaba que desahuciar a personas sin garantizar una alternativa habitacional vulnera derechos fundamentales básicos, y obliga, por tanto, a las administraciones a garantizar el realojo a todas las familias”.
En el fondo del problema, la demanda penal por usurpación interpuesta por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también denominada “Banco Malo”, que posee en propiedad Ca Esperança. “Los activos de la SAREB han sido financiados con dinero público y por ello les hemos solicitado formalmente que disponga de alquileres sociales para las familias que habitan el bloque”, recuerdan fuentes de la PAH. El edificio pertenecía anteriormente al Banco Mare Nostrum.
Además de vivir y resistir, en Ca Esperança se imparten talleres de bisutería con el fin de ayudar a sus habitantes a encontrar una salida laboral. Se les ayuda, además, a la redacción y presentación de currículos, y miembros de la organización Psicólogos Sin Fronteras desarrollan terapias individuales y de grupo. Ante las carencias y la escasez de recursos, la PAH también ofrece ayuda para buscar vituallas en los bancos de alimentos más próximos.
Tomás Cobos, miembro de la PAH-Horta Sud, recuerda cómo encontraron Ca Esperança el primer día: un edificio desmantelado y sin las infraestructuras básicas. De hecho, hubo que realizar inicialmente el trabajo de canalización del agua, cableado de la luz y proporcionar los muebles. Destaca, en todo ello, el apoyo de la PAH, el 15-M, amistades de los nuevos inquilinos, la CGT (que suministró alimentos) y vecinos del barrio del Cristo, una barriada humilde, obrera y muy luchadora (con un potente tejido asociativo), y castigada por los desahucios, en la que buena parte de sus habitantes se dedicaban, antes de la crisis, a laborar en el campo y la construcción. Las tasas de paro y exclusión se sitúan en el barrio por encima de la media estatal.
Ca Esperança se ha implicado en el trabajo asociativo de la barriada. Con un tenderete propio, ha participado en el mercadillo de asociaciones del barrio del Cristo. También en una recogida y posterior reparto de juguetes, que ha tenido lugar en este bloque de viviendas. O en la organización de una comida de puertas abiertas en la Casa. O en la señalización (con carteles) de los pisos propiedad de la SAREB en el barrio del Cristo; o en repartir un escrito entre todas las asociaciones de la barriada en el que se recaba solidaridad ante el inminente 9 de junio; o en la recogida de firmas a nivel estatal en las redes sociales para frenar el desalojo…
“La lucha, la resistencia y la presión social da frutos”, recuerda Tomás Cobos. Una de las familias de Ca Esperança ha obtenido del Ayuntamiento de Aldaia (PP), después de numerosas negativas, una vivienda en régimen de alquiler social gracias a la presión de la PAH. “Es a las autoridades a quienes corresponde dar una solución, pues hay muchas viviendas vacías y gente sin casa”, añade el miembro de la plataforma. Ahora se lucha también por el empadronamiento en Ca Esperança de sus moradores.
Sara Jarque, de 34 años, forma parte de una de las familias que residen en el bloque. Ha llegado a Ca Esperança después de ser víctima de un desahucio en Bétera por parte de la CAM. Ella y su marido -quien labora en un proyecto de agricultura ecológica de la Red de Solidaridad Popular (RSP) de Aldaia- viven una situación dramática: los dos en el paro, con cuatro hijos y sin recibir ninguna prestación. “Espero con miedo al día 9 de junio”, confiesa. Destaca Sara Jarque el apoyo de la PAH (“las posibilidades de compartir el problema y no verse en la calle”) y de los vecinos desde el primer momento, cuando, recuerda, habilitaron la cocina y los baños a base de donaciones. También subraya la ayuda de Psicólogos Sin Fronteras, pues “al principio tienes mucha vergüenza de contar tu problema; ellos te enseñan que no, que un desahucio lo puede sufrir cualquiera”. Casi al final de la conversación telefónica con el periodista pide que se reproduzca un llamamiento casi desesperado: “No pedimos dinero; necesitamos como sea un puesto de trabajo, para que los niños puedan vestirse e ir al colegio”.
La otra familia que reside en Ca Esperança se compone de un matrimonio de origen marroquí y una niña de tres años. Amal Tebane, de 34 años, llegó al estado español en 2008, y con el tiempo se sacó el título de FP de Auxiliar de Enfermería; Permanece en situación de desempleo. Cuenta que su marido trabaja en Hostelería de manera esporádica, a base de contratos temporales. A ambos los desahució el BBVA de su vivienda en Aldaia, aunque finalmente lograron la dación en pago gracias al apoyo de la PAH, explica Amal. Consiguieron así derrotar la oposición de la entidad financiera. Más tarde, fue decisivo el apoyo de la plataforma antidesahucios para que el Ayuntamiento de Aldaia les concediera una vivienda en alquiler social.
Con la mirada puesta en el 9 de junio, fecha a partir de la cual puede desalojarse Ca Esperança, la PAH ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir a las administraciones públicas que pongan los medios para normalizar la estancia en el barrio, facilitar el empadronamiento, la escolarización y la asistencia sanitaria a los vecinos de Ca Esperança. Han manifestado su apoyo, además de personas a título individual, plataformas de parados como la de Orriols-Torrefiel (Valencia), asambleas del 15-M, sindicatos como la CGT e Intersindical Valenciana, el CSA La Llavor, Democracia Real Ya, Ecologistes en Acció, Iaioflautes y colectivos antidesahucios de todo el estado.
La recuperación de Ca Esperança forma parte de la iniciativa “Obra Social la PAH”, que consiste en realojar a familias en viviendas de las entidades financieras. El objetivo final es que las viviendas vacías en manos de la banca y la SAREB se integren en un parque público de alquiler social. Con esta idea, la PAH ha editado, además, un Manual de Desobediencia Civil de 25 páginas con información práctica sobre cómo realojar familias mediante alguna de las dos vías previstas en la Campaña: ocupaciones individuales en las viviendas en las que se han producido los desahucios, y la recuperación de bloques enteros propiedad de los bancos. La “Obra Social la PAH” ha conseguido realojar a 1.200 familias en el conjunto del estado.
A la labor de la “Obra Social” se agregan otros métodos de desobediencia civil no violenta, como el escrache. El 30 de mayo, informa la Agencia Efe, la Asamblea de Vivienda de Madrid (integrada por la PAH y las asambleas de vivienda del 15-M) organizó un escrache frente al domicilio de la presidenta de la SAREB, Belén Romana, ubicada en un edificio residencial en la zona norte de Madrid. Durante la protesta, se pidió una reunión con la principal responsable del “banco malo” para “normalizar” la situación de las familias afectadas por los desahucios de la SAREB, informa Efe. Asimismo, la Asamblea de Vivienda criticó en un manifiesto el “desproporcionado” salario de Belén Romana, que contrasta con los 261 millones de pérdidas que computa la entidad que preside.
La PAH-Horta Sud continúa, mientras, con la lucha en la calle y la acción directa. Pero también con la labor de información y “empoderamiento”. Los martes a las 19,00 horas, en la biblioteca de Alaquàs, tienen lugar las asambleas de asesoramiento colectivo. A primeros de mayo se logró paralizar la subasta de la vivienda de Josefina, una mujer de 67 años, cuyos ingresos se limitan a una pensión de 300 euros después que su marido la abandonara, según informa la PAH. Al no poder afrontar el pago de su hipoteca, Josefina fue demandada por Bankia. Una entidad financiera rescatada con dinero público…
Enric Llopis
Rebelión