| Franns Melgar, que perdió un
brazo en una panificadora en 2009 y espera juicio. |
El fiscal general del Estado alerta de
que «la enorme dilación» aumenta año a año pese a la caída de los siniestros un 50 % desde el inicio de la crisis económica
por el parón de la construcción.
Las víctimas de accidentes laborales de Valencia tienen que esperar a
que salga el juicio una media de setenta meses, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
El fiscal
general del Estado, Eduardo Torres Dulce, alerta en su última memoria que «la enorme dilación» que sufre este tipo de
asuntos aumenta año a año a pesar de que los siniestros laborales han caído un cincuenta por ciento desde el inicio de la
crisis por el parón de la construcción. El ejemplo más claro del retraso es el caso del inmigrante boliviano Franns Melgar,
que perdió un brazo en una panificadora de Gandia el 28 de mayo de 2009 y que hasta 2014 no va a ver a los acusados
sentados en el banquillo. El responsable de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral en Valencia, Jaime Gil, agilizó al máximo
la instrucción por la trascendencia social que tuvo el caso, pero se topó con el colapso del juzgado de lo Penal de Gandia
que lo ha tenido casi cuatro años bloqueado.
La Fiscalía reconoce que el principal problema de los procedimientos de
siniestralidad laboral es la «excesiva dilación que sufren» desde que se produce el accidente hasta que el juez dicta
sentencia. El retraso de este tipo de asuntos es especialmente grave, según lamentan los fiscales, porque en muchas
ocasiones las víctimas dependen de las indemnizaciones a las que tiene derecho. La memoria del fiscal general precisa que
algunos procedimientos han tardado catorce años en resolverse. Los representantes del ministerio público aceptan en algunas
ocasiones que las condenas sean por falta en vez de por delito para que las víctimas puedan cobrar antes.
La situación de los juzgados
valencianos es similar a la del resto del Estado. El análisis de la Fiscalía lamenta que el problema se ve reflejado de
manera clara en los juzgados de lo Penal pues «entre la fecha de los hechos y la de la sentencia transcurre un tiempo
inasumible y, en muchos casos, incompatible con la administración de Justicia. Así, la media de tiempo que se tarda „en
España„ en dictar una sentencia condenatoria es de 68,4 meses, lo que supone más de cinco años. Lo mismo sucede con las
sentencias absolutorias cuya media de tiempo de dilación es de 67,7 meses». El año pasado se resolvieron en los juzgados
españoles tres casos de 1998 y 18 de 2002.
El fiscal considera que el retraso en la fase de investigación tiene como
punto de partida la falta de especialización en esta materia de los juzgados de Instrucción. El análisis de la Fiscalía
apunta que uno de los problemas es la falta de conocimiento de los jueces «al menos elemental» de la normativa laboral, lo
que provoca que en estos procedimientos «se produzca una dependencia inicial del informe de la Inspección de Trabajo e
incluso de los Servicios Autonómicos de Prevención».
El informe de la Fiscalía añade que un segundo problema es «la frecuente
implicación „en el accidente„ de distintas personas con funciones y participación generalmente diferentes y determinación no
siempre clara de sus obligaciones en materia de seguridad laboral de la que se derivarían sus responsabilidades. Si a ello
se une la participación de varios perjudicados como acusación particular „lo que es frecuente„ y la interposición de
recursos por los imputados, nos enfrentamos a un panorama que es propicio a la demora». El análisis añade como fuente de
retraso «la necesidad de elaborar complicados informes periciales».
Cambio de jueces
El fiscal lamenta que otro obstáculo
grave es el continuo movimiento de los titulares de muchos juzgados de Instrucción, «lo que determina la sucesión de
instructores con criterios no siempre uniformes y, por tanto, cambiantes durante la tramitación de la causa». Además, los
asuntos suelen quedar paralizados «durante dos o tres años» en los juzgados de lo Penal por problemas con los señalamientos
que «se incrementan con las suspensiones frecuentes» provocadas por la complejidad de los asuntos.
La Fiscalía está convencida de que
los retrasos se reducirán cuando entre en vigor la reforma que dejará la dirección de la instrucción en manos del
fiscal.
Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/10/08/victimas-accidentes-laborales-esperar-70/1039403.h
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