El aumento de la precariedad del empleo y la erosión del poder de negociación de los trabajadores producidos por las últimas reformas laborales son otra de las causas centrales de que el crecimiento no esté siendo inclusivo, junto al desempleo y su lento descenso. Por un lado, los trabajadores participan menos de la prosperidad de las empresas y, por otro, se produce un peor reparto de la masa salarial entre los asalariados, lo que impide la rebaja de los índices de desigualdad.
A diferencia de la desigualdad global en el reparto de la renta entre hogares, que ha empezado a caer –aunque muy ligeramente-, la desigualdad sigue aumentando entre los asalariados también durante la recuperación. La razón es que la devaluación salarial y de las condiciones de trabajo han afectado más a los salarios medios y bajos durante la crisis, y los mejor remunerados están participando antes de los beneficios de la recuperación. En 2017, por ejemplo, los salarios medios y bajos verán incluso caer su poder de compra en 0,6 puntos.
La temporalidad en el empleo (27%) aún es más baja que antes de la crisis (31,6%), pero su tendencia es claramente al alza, y ya está por encima de su nivel previo a la crisis en jóvenes, manufacturas, comercio, transportes y hostelería.
La rotación laboral ha subido tanto en los contratos indefinidos como en los temporales, donde han aumentado mucho los contratos de muy corta duración. Antes de la crisis, para crear un empleo permanente se firmaban 1,2 contratos indefinidos, tras las facilidades para despedir introducidas por la reforma laboral de 2012 este ratio sube a 1,5 contratos en 2016. En 2006 se registraban 3,6 contratos temporales por cada empleo temporal y en 2016 este ratio había aumentado hasta 5,6 contratos. Los contratos temporales de duración inferior a la semana han pasado de suponer el 16% del total de los contratos iniciales registrados entre enero y septiembre de 2007, a representar al 27% en el mismo período de 2017.
El empleo a tiempo parcial siguió subiendo, incluso durante la crisis, impulsado por su reforma en 2012 que aumentó su precariedad. Su peso pasó del 12% del empleo asalariado en 2007 al 16,4% en 2017, según la EPA. También sube el incumplimiento del tiempo de trabajo y su remuneración. Por ejemplo, aumenta el porcentaje de horas extraordinarias no pagadas en efectivo ni compensadas con descanso del 39% en 2008 al 47,6% en 2017. Este fenómeno está, asimismo, relacionado con el aumento de la economía laboral sumergida que, por definición, es difícil de cuantificar.
La devaluación salarial generalizada se suma, como novedad, al aumento del empleo precario durante la crisis y está íntimamente ligada a la erosión del poder de negociación de los trabajadores provocado por la reforma laboral de 2012, para cuyo fin fue diseñada.
El resultado es que el salario en nómina, pagado por realizar el mismo trabajo, se redujo un 7,6% real entre 2008 y 2015. La rebaja ha sido mayor entre los trabajadores que no perdieron su empleo y acumulan antigüedad en la empresa. El ingreso salarial se recorta un 22,5% entre 2008 y 2015, en el 10% de los asalariados que cobran salarios más bajos.