Los servicios públicos que
gestionan la reforma juvenil y los servicios sociales de infancia, familia y juventud, bajo la ley de protección jurídica
del menor y la ley de responsabilidad penal del menor, se encuentran gravemente amenazados, peligrando seriamente su
continuidad, la aplicación de leyes orgánicas, así como la estabilidad laboral de sus profesionales y la calidad de
atención prestada a los menores.
Retrasos, impagos y recortes presupuestarios están asolando
a todos las entidades encargadas de su gestión, alterando sensiblemente la adecuada prestación con calidad de los
servicios, generando incertidumbre, precariedad, deudas y desconfianza hacia la administración.
Y ello ya se está manifestando a
través del no cobro de los salarios de los mismos profesionales, así como las dificultades para la continuidad y la amenaza
de quiebra, cierre y desaparición de entidades ahogadas por la falta de liquidez de la Generalitat y de los diferentes
Ayuntamientos.
Lo
que supone una atención profesional de calidad mermada que contribuye a vulnerar los derechos de nuestros menores en riesgo
de exclusión y/o conflicto social, así como a sus familias, las instituciones públicas y la sociedad valenciana en
general.
El
Sindicato de Administración Pública CGT Valencia se solidariza con tod@s l@ afectad@s del sector, menores y familias
usuarias, profesionales y entidades gestoras.
El Sindicato de Administración Pública CGT Valencia se
adhirie a la campaña de la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV y secunda las movilizaciones previstas, convocando también
a todos los delegados y afiliados a la manifestación del viernes 2 de Diciembre de 2011, a las 11 horas, que se
desarrollará desde la Consellería de Justicia y Bienestar Social hasta el palacio de la Generalitat.
POR TODO ELLO
EXIGIMOS QUE:
Se
realice el pago inmediato a las entidades gestoras de los retrasos acumulados en pagos, subvenciones y conciertos que
afectan directamente a los sueldos de los profesionales y a la continuidad de la prestación de estos servicios públicos.
Se paralicen las
medidas injustas de recortes económicos que afecten a estos importantes servicios, centros o programas.
Se ponga en marcha un política,
encaminada a consolidar el sector, a través de conciertos económicos plurianuales con las entidades gestoras, que permitan
superar la ancestral precariedad laboral, económica y técnica de estos servicios.
Que la administración pública valenciana responsable no
siga primando las ofertas económicas a la baja, por encima de los proyectos socioeducativos de calidad ofertados a los
menores, en la resolución de las diferentes contratas, licitaciones y servicios.
Se apueste por la calidad, estableciendo, de una vez por
todas, ratios adecuadas de nº de menores por profesional para poder atender a estos y sus necesidades socioeducativas con
criterios de calidad en todos los servicios, ya que la carga de trabajo asignada a cada profesional en número de menores y
jóvenes, supera con creces cualquier atisbo de intervención de seguimiento, control y educativa con calidad.
Se eviten la saturación y
el bloqueo de los servicios siendo concordante con una atención de calidad, con el aumento de medidas derivadas para su
ejecución a las entidades gestoras, y con el espíritu que marca la Ley 5/2000 y sus posteriores reformas.
Se arbitren mecanismos para poner
en marcha ya, las recomendaciones del año 2010 del Síndic de Greuges de la C. V a la Consellería de Justicia para intentar
mejorar las numerosas deficiencias detectadas, de su anterior Informe Especial a las Cortes Valencianas sobre “La
Implantación de los medios para hacer efectivas las medidas de reforma previstas en la Ley Orgánica 5/2000”, así como las
conclusiones de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores celebradas en la Ciudad de la Justicia de Valencia el mes
de Junio de 2009.
EN DEFENSA DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A MENORES Y PROGRAMAS PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
Sindicato de Administración Pública CGT Valencia
2 diciembre 2011