Hoy se celebran 67 años desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diferentes movimientos sociales, ONGs y colectivos de distinto índole vienen denunciando en los últimos años la recesión en esta materia en el Estado español. De hecho, en plena campaña electoral para las elecciones generales, el Estado será demandado por distintos movimientos sociales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la ejecución e implantación de las llamadas ‘leyes mordaza’: la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada y el Pacto Antiterrorista. La encargada de llevar la denuncia a cabo es la plataforma Defender a quien Defiende, una coalición de personas, organizaciones, plataformas y movimientos sociales defensoras de los Derechos Humanos en la que se encuentran LegalSol, la Universidad Autónoma de Madrid, la APDHA de Cádiz, Sos Racismo, Novact, Iriada y algunos medios de comunicación alternativos, entre otras organizaciones, y tienen financiación de Noruega. “Los países nórdicos pasan de financiar proyectos por los Derechos Humanos en los países del sur a financiarlos en el Estado español, es un ejemplo de cuál es nuestra situación”, explica a cuartopoder.es una de las portavoces de esta coalición, Thais Bonilla.
De este modo, el próximo día 15 presentarán la demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, “ante la inoperancia de nuestro Gobierno y la posible no derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana tras el 20D”, relata esta activista. Desde Defender a quien Defiende recuerdan que tanto PP como Ciudadanos no se han comprometido a derogar y reformar estas normativas. La demanda se centrará en la vulneración del derecho a la información, “pues es uno de los que más se han visto perjudicados con estas leyes mordaza”, asegura Bonilla. Para el procedimiento presentarán la figura de víctima potencial y expondrán casos concretos que desvelarán el mismo día 15 a los medios de comunicación.
“Lo hacemos el día 15 de diciembre para que entre en la campaña electoral, pues queremos recordar a los partidos que se comprometieron a echar para atrás las leyes mordaza que tienen un compromiso con la ciudadanía”, declara Bonilla, recordando que “ni PP, ni Ciudadanos se han comprometido a hacerlo”. Además, desde esta plataforma de diversos colectivos comentan que con estas leyes se vulneran principalmente el “derecho a la información y a informar de periodistas y fotoperiodistas, y también a la manifestación de los ciudadanos”. “La represión de la burocracia también ha aumentado, se viste de sanción administrativa pero con las multas más elevadas, de este modo se paraliza a colectivos y activistas que tienen que poner sus esfuerzos en pagarlas”, añade esta portavoz. “En la Ley de Seguridad Ciudadana se nombran específicamente algunas formas de lucha de los movimientos sociales, como el colgar pancartas de edificios o la ocupación de sedes bancarias, es la criminalización de la protesta”, recuerda.
Por su parte, la plataforma NoSomosDelito también viene trabajando contra las ‘leyes mordaza’ desde hace años. De hecho, tal y como adelantó este medio, han programado para el próximo domingo una jornada de lucha para presionar a los partidos a la derogación de estas normativas y para visibilizar las diferentes luchas sociales de los últimos años durante la campaña electoral. Alejandro Gámez, abogado y portavoz de esta plataforma, comenta a este periódico: “La reforma del Código Penal aumenta la desproporción entre los delitos y las sanciones e incorpora nuevos delitos que afectan a la pobreza, exclusión social e inmigración, por otro lado tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que por un lado el incrementa las sanciones por ejercer los derechos a la libertad de manifestación y expresión, y por otro aumenta la discrecionalidad en las actuaciones de la Administración, otorgándoles más poderes a la Policía y a la Administración”.
Por ello, Gámez recuerda que con la entrada en vigor este año de estas normativas se violan derechos reconocidos en la Declaración de 1948. “Por supuesto, se viola el derecho a la reunión y manifestación, así como la libertad de expresión. El Código Penal agrava delitos relacionados con la pobreza e inmigración, y hay unas sanciones desproporcionadas con relación a otros delitos, los de cuello blanco, de corrupción”, analiza este abogado, que pide a los partidos políticos que en la próxima legislatura aprueben otra Ley de Seguridad Ciudadana y deroguen las dos últimas reformas del Código Penal. Este abogado de NoSomosDelito narra a cuartopoder.es algunos casos con los que se ha encontrado desde que se aprobaron las “leyes mordaza” los cuales violan los derechos más elementales. “Ha aumentado la práctica de requisar móviles a gente que está contemplando una operación policial, grabaciones que podrían servir a un abogado para rebatir la acusación de la Policía”, relata, añadiendo que “la única base para desarrollar estas prácticas es que podían poner en peligro la operación policial, como si esa puesta en peligro valiera más que el derecho a la defensa del ciudadano”.
“Las violaciones al derecho a la libertad han aumentado mucho. Antes, por las faltas administrativas no se podía detener, sólo por delitos, a partir del 2012 crecen de manera salvaje estas detenciones, se multiplican por siete, y con la entrada en vigor en 2015 de las leyes mordaza más, pero esos datos no se publicarán hasta el próximo año”, explica Gámez. “En NoSomosDelito hemos visto ejemplos claros de esa discrecionalidad policial, desde el mero hecho de considerar organizador de una manifestación a una persona sólo por llevar una pancarta, convirtiendo al participante activo en organizador, a un incremento de infracciones por supuestas faltas de respeto a agentes de la autoridad”, prosigue Gámez, que describe que “hacer una foto a un coche policial estacionado en una plaza para minusválidos se ha considerado una falta de respeto a la autoridad”. “También han aumentado los cacheos, se ha bajado el criterio por el cual se permite realizar los cacheos, que son registros corporales completos. Antes, sólo en casos de delito, y ahora también si hay sospecha de infracción administrativa”, advierte.
Otros derechos vulnerados
Los movimientos sociales y diferentes colectivos y organizaciones denuncian también las violaciones de Derechos Humanos en otros ámbitos. Los familiares y víctimas del franquismo ven cómo sus derechos reconocidos por instancias internacionales no se ejecutan en el Estado español. La inmigración y las políticas que los gobiernos desarrollan ante esta cuestión son foco de permanentes críticas. En este sentido, José Palazón, de la organización Prodein, comenta a este medio la situación de las personas que llegan suelo español saltando la valla que separa Melilla de Marruecos. “Aquí los Derechos Humanos no existen, se violan constantemente”, explica. “Desde el derecho a la vida, porque aquí muere gente, por ejemplo ahora hay dos chavales que han saltado en coma, hasta la gente que desaparece y no se vuelve a saber” prosigue. “Somos testigos de detenciones ilegales, de la falta de socorro y asistencia sanitaria a personas heridas”, añade.”También es constante la desatención a los menores, la calle está llena de niños, incluso dentro de la ciudad con menores que no tienen documentación aunque hayan nacido aquí, menores que no van al colegio ni tienen la asistencia sanitaria que deberían”, describe Palazón. Además, explica que la solicitud de asilo político es muy difícil, sobre todo para las personas subsaharaianas: “Ni un sólo subsaharaiano ha tenido derecho a pedir asilo”.
También sobre los derechos de los inmigrantes vulnerados habla Andres Armengol, de la plataforma Tanquem els Cies. Este activista recuerda que en los Centros de Internamiento de Extranjeros se violan los Derechos Humanos. “Entre las violaciones destacan la falta de asistencia sanitaria, la ausencia de sanitarios en las celdas, lo cual obliga a los internos a usar cubos para hacer sus necesidades o la falta de intérpretes para poder informar a los internos de sus derechos durante el encierro”, enumera Armengol. “La violencia policial rara vez se persigue porque las denuncias o son desestimadas o los fiscales invierten la carga de la prueba, acusando, en no pocas ocasiones, a los internos de ser los instigadores de la agresión”, prosigue este defensor del cierre de los CIEs. “No se facilitan zonas de visita, tampoco se informa a los familiares de las deportaciones contraviniendo el propio reglamento regulador de los CIEs, las deportaciones en muchas ocasiones se producen con personas que llevan años en España y ya no tienen arraigo en su país de origen, se ponen muchas trabas para solicitar asilo, las detenciones se siguen produciendo por perfil racial vulnerando lo contravenido por el Tribunal de Estrasburgo, se vulnera el principio constitucional que establece que la privación de libertad sólo puede darse en caso de sentencia judicial que castigue un delito tipificado en el Código Penal…”, argumenta Armengol, como motivos evidentes para exigir el cierre de estos centros.
Otra de las luchas sociales que viene reivindicando un derecho fundamental con mucha fuerza en los últimos años es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sus reclamaciones de materialización del derecho a la vivienda. Azael Babiano, integrante de la comisión jurídica de esta plataforma, recuerda que “ha habido 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2012”. Además, este activista asegura: “Hacer participar la vivienda del mercado ya es la vulneración de un derecho, hace depender este derecho de la capacidad económica de las personas”. “Directamente entronca con la inviolabilidad del domicilio, cuando existe una ejecución hipotecaria sí que se puede entrar en una casa”, prosigue Babiano, enumerando los derechos vulnerados en los desahucios: “Los derechos de la infancia también se violan, la legislación actual sólo protege de forma laxa a los pequeños hasta los 3 años, después un niño se puede quedar en la calle”. “Las ejecuciones, además, tienen mecanismos de especial privilegio hacia los bancos, una persona que deja de pagar tres mensualidades de la hipoteca puede ser víctima de que le obliguen a pagar todo lo que les queda de deuda por contrato”, dice Babiano.