Laura Gómez, Francisco Garrobo, Sergio, Gonzalo Fuentes, Carlos Hernández, Pedro Duque… son algunos de los nombres de los cientos de personas que en los próximos meses irán a juicio por acciones relacionadas con las huelgas generales de 2012 y por los cientos de movilizaciones en torno a los conflictos laborales acaecidos en los últimos años. Se unen a otros nombres, como ‘Alfon’, ya condenado a cuatro años de cárcel también en el marco de la huelga general del 14N; Carlos y Carmen, a la espera del indulto que les exima de cumplir los tres años de cárcel por los que fueron condenados por su participación en un piquete en el 29M; o Ana y Tamara, también pendientes de indulto, condenadas por lanzar pintura a una piscina municipal durante la huelga de 2010. Sólo la huelga del 29 de marzo de 2012 contó cerca de 300 personas detenidas en todo el Estado. La siguiente jornada de huelga sumó al menos 180 detenidos más.
“No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física. No pedimos ni clemencia ni indultos… Reclamamos y exigimos justicia social”. Bajo esta premisa, que forma parte del texto La amnistía social: una propuesta de base, una decena de colectivos y sindicatos han comenzado a trabajar para dar forma a una reclamación que tiene como objetivo final la aprobación de una ley de amnistía por la que se anulen los procesos judiciales y administrativos en relación a la participación en manifestaciones, piquetes laborales, protestas y actos derivados de las políticas de recortes llevadas a cabo desde el Gobierno en los últimos años.
Propuesta de base
“El Partido Popular, en todos estos años, ha impuesto, frente a la llamada crisis, un elemento: la represión a varios niveles y la intervención policial”, explica Toni Valero, de la Koordinadora Kolectivos del Parke, del País Valencià. Esta plataforma ya comenzó a trabajar en octubre de 2014 sobre el concepto de amnistía social y pusieron en marcha un grupo de trabajo para dar forma y difundir la idea. “En Valencia nos reunimos con las asambleas, la Intersindical Valenciana, Esquerra Unida y la Plataforma contra la Ley Mordaza, entre otros”, explica Valero. El pasado 18 de septiembre Madrid acogió una nueva reunión para seguir trabajando en la propuesta, con la participación de No Somos Delito, Comisión Legal Sol, Ecologistas en Acción, Baladre, Coordinadora 25S, la Plataforma de Inmigrantes de Madrid, Novact y CGT. En Galicia y Canarias, diversos colectivos han comenzado a trabajar sobre la propuesta, que será, previsiblemente, uno de los ejes de la próxima movilización de las Marchas de la Dignidad, fechada en el 22 de octubre. En breve se comenzará a hablar entre colectivos de Murcia. Desde el Bloque Combativo y de Clase, donde convergen Solidaridad Obrera, Co.Bas, CNT y CGT, entre otros, han comenzado también a trabajar en la iniciativa.
“No se trata de pedir perdón, sino de dignificar la lucha por nuestros derechos”, insiste Valero. “Es cierto que se han multiplicado las ocupaciones de casas, por ejemplo, y no queremos el perdón por ello, sino que se reconozca que se si se ha hecho es porque ellos han roto las reglas del juego, han roto la convivencia y han vulnerado los derechos sociales”, continúa.
Por lo pronto, hay varias cuestiones por resolver sobre la propuesta de amnistía social. Una de ellas, en torno al propio término. “Las motivaciones de muchos de los episodios que hemos vivido recientemente han tenido un fuerte contenido de reivindicación social y aunque parezca que al final de todo siempre se encuentra la política, han sido cosas menos ambiguas las que han vertebrado la respuesta social y de clase en los últimos cuatro años, como las últimas huelgas generales y sectoriales (mineras, limpieza, sanidad, educación, estudiantiles, etc.), el 15M, los desahucios y las okupaciones, las mareas, blancas, verdes, azules, negras, etc., las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto y los derechos de los preferentistas, contra la represión, etc, ”, explica el texto del borrador.
Otra cuestión por definir es a qué tipo de infracciones o delitos haría referencia. El borrador contempla, además de la “desaparición de todos nuestros antecedentes derivados por nuestras protestas de los ficheros policiales”, la derogación de las leyes que “facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada” y el intercambio de “nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas”. También destaca que la amnistía llevaría aparejada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la última reforma del Código Penal.
Desde el 15M de 2011
Otro gran interrogante a resolver son los plazos: ¿desde el comienzo de la crisis? ¿desde las primeras movilizaciones del 15M? Sólo los procesos administrativos que han llegado a Legal Sol, en Madrid, alcanzaron los 1.179 sancionados en los últimos cinco años, con multas que suman más de 340.200 euros –aunque más de la mitad se recuperó con los recursos interpuestos desde el Grupo de Administrativo de la Comisión Legal Sol–. Mientras, después de más de cuatro años, los 14 detenidos en la manifestación que dio origen al 15M, en 2011, siguen a la espera de juicio, afrontando penas que suman 74 años de cárcel. El borrador del texto de la propuesta de amnistía social marca el 15 de mayo de 2011 la fecha de partida sobre la que se aplicaría la amnistía. “La amnistía […] afectaría directamente a aquellas personas que se implicaron en las respuestas a cada uno de los episodios represivos vividos desde la primera respuesta social colectiva. Es decir, desde el primer día del 15M de 2011 y a todas las luchas derivadas de las políticas de austeridad y empobrecimiento”, explica el texto del borrador.
Las preguntas siguen abiertas y el objetivo próximo es que más organizaciones sociales comiencen a trabajar sobre la iniciativa de cara al 14 de noviembre, fecha provisional fijada para la próxima reunión en la que poner en común lo trabajado.