Manuel Balber y Jesús Galván llevan 14 días a 25 metros del suelo, en una grúa del astillero de NAVANTIA en San Fernando (Cádiz). Ambos pertenecen a la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y son soldadores profesionales.
El pasado 8 de abril ya no pudieron más. Llevaban años sin poder estabilizar su modo de ganarse la vida en las empresas auxiliares (las subcontratas) que trabajan para NAVANTIA. No consiguen ser contratados a pesar su experiencia. ¿Por qué? Su actividad sindical en huelgas y movilizaciones de trabajadores en el pasado, es decir, lo que viene siendo “hacer sindicalismo” les ha puesto en el punto de mira de quienes utilizan la contratación como chantaje para controlar la disidencia y la organización obrera.
NAVANTIA es una empresa pública, propiedad del #Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI). Fue creada en 2005 tras la segregación de la antigua IZAR. Es líder en la construcción naval (militar y civil) y en la actualidad realiza labores para marinas de una veintena de países. Tiene astilleros en puntos estratégicos de la geografía española: Ferrol, Galicia (buques militares), Cartagena, Murcia (submarinos) y en la Bahía de Cádiz, en las localidades de San Fernando, Puerto Real y Rota. Ahora, en estos momentos, emplea directamente a 6.600 personas, pero también, de manera indirecta –a través de las empresas auxiliares o subcontratas-, da faena indirectamente a 11.600 personas.
¿Cuál es el conflicto?
Manuel y Jesús han optado por la acción directa para visibilizar un problema real en muchas (por no decir “en la mayoría”) empresas: la existencia de “listas negras”. En ellas se detallan los perfiles de aquellos trabajadores considerados conflictivos para la empresa matriz o para las propias auxiliares. “Conflictivos” porque pertenecen a alguna organización sindical (especialmente a las más combativas) y han tomado conciencia de sus condiciones, defendiendo sus derechos y peleando contra los abusos y las injusticias. Suelen ser aquellos que han destacado más (enlaces sindicales, personas críticas o que han estado en primera línea de luchas sindicales) quienes tienen todas las papeletas para ocupar un lugar en estos listados de la vergüenza que condenan a la miseria a gente cuyo único delito ha sido defender su pan y el de sus familias.
Manuel y Jesús tienen dignidad. También el respaldo, el apoyo, la admiración y el respeto de muchas personas que nos solidarizamos con ellos. Exigen (y exigimos) su reincorporación a las empresas donde han trabajado. Reincorporación sin vetos, sin coerciones ni amenazas.
¿Y qué dice NAVANTIA?
Pues lo que dice cualquier empresa matriz que subcontrata “servicios” y estos “se hacen” en sus instalaciones, con sus herramientas y para cumplir con plazos de proyectos propios. NAVANTIA “se lava las manos” y niega la existencia de estas listas argumentando que desde la dirección de la empresa pública “solo contratan servicios” y no deciden qué personas deben hacerlos, que esto es algo que recae en las propias empresas auxiliares.
Sin embargo, sabemos –porque lo hemos comprobado alguna vez- que la realidad es otra bien diferente. Por eso, el conflicto que se ha abierto con la protesta legítima de Manuel y Jesús sugiere que hay (al menos) mecanismos de control que vinculan a NAVANTIA con sus subcontratas. Al decir que ellos, como empresa matriz, no se encargan de hacer la “selección” de personas a las que contratarán, están “externalizando” su responsabilidad, porque delega en “otros” y así se desvincula de conflictos y otras movidas sindicales. Pero NAVANTIA se encarga de labores que tienen que llevarse a cabo en plazos de tiempo concretos. Por lo que es “lógico” pensar que si entre las plantillas hay varios “elementos” que no se callan ante los abusos, el incumplimiento de las condiciones legales de trabajo, etc., estos plazos se dilatarán y, por lo tanto, complicarán la actividad de la propia empresa. Esto es algo que la propia Coordinadora de Trabajadores del Metal, a la que pertenecen Manuel y Jesús, ha explicado alguna vez, que NAVANTIA defiende a raja tabla el cumplimiento de estos plazos en los trabajos asignados. Es normal que nos preguntemos por la actitud de las subcontratas que van a llevar a cabo estas labores y el protocolo que seguirán a la hora de contratar a su mano de obra.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso la “ética empresarial” en NAVANTIA son los padres?
Totalmente sí. NAVANTIA es una empresa “pública”, es decir, recibe dinero de la sociedad. Qué menos que podamos exigir un poco de vergüenza a la hora de tratar a nuestra gente. Al igual que ocurriría con la muerte de un trabajador de alguna de estas subcontratas que gestionan los proyectos para esta entidad del Estado, ocurre con la represión que se ejerce sobre Manuel y Jesús. Se les está castigando por su labor sindical, por defenderse y por denunciar lo que no se ajusta al marco jurídico laboral de este Establo de Desecho. “Lavarse las manos” ante lo que hacen las empresas auxiliares es ser cómplice de los abusos y de la precariedad a la que se está condenando a miles de personas. Recordemos que hay más de 11.600 que prestan servicio a “los minions” de NAVANTIA.
El Estado, a través de su Gobierno (PSOE-SUMAR) tiene responsabilidad en el sufrimiento de Manuel y Jesús. NAVANTIA tiene que exigir a las empresas auxiliares que trabajan para ella que cumpla con la legislación y ponga fin a las “listas negras”. Porque sí que existen y están tardando muchísimo en salir a dar las explicaciones que deben a Manuel y Jesús.
Mientras, el ambiente en el astillero de San Fernando, en Cádiz, sigue siendo de tensión. Se celebran asambleas, se acuerdan acciones y paros. Se reciben mensajes de apoyo y ánimo. Desde el suelo se acompaña a Manuel y a Jesús, para que sigan resistiendo. La solidaridad es enorme y los trabajadores de este sector lo han demostrado muchas veces. Resistir es vencer, aunque la mayoría de las veces emprendamos nuestra lucha desde el sentimiento de la desesperanza, la soledad o el abandono.
Macarena Amores (periodista y militante anarcosindicalista)