El TSJA da el puntillazo definitivo al Programa de Calidad tras la denuncia de CGT.

CC.OO denuncia que CGT quita

dinero a los trabajadores. Lee uno lo que declara el Secretario de Enseñanza de Andalucía de CCOO y se queda Blanco. ¿Cómo

se puede mentir y difamar de esta manera? ¿Cómo pueden consentirlo sus afiliados? Cuando apareció este “programa de mejora

de la calidad” se nos dijeron muchas cosas para que lo aceptáramos: que se trataba de primar el esfuerzo de muchos centros,

que no se buscaba dividir salarialmente al profesorado, etc.
Los sindicatos que lo apoyaban, respondiendo a la voz de

su amo, se lanzaron por los centros vendiendo un plan que no había por donde cogerlo. Se encontraron enfrente no sólo con

la decencia del profesorado y de algunas organizaciones sindicales, sino también con las medidas claramente injustas que

contenía el texto: confusión entre plan de centro y programa, entre objetivos e incentivos, discriminación de interinos, de

mujeres, etc.
A pesar de ello, estos sindicatos siguieron en su papel: ocultaron los datos sobre su implantación,

negaron su debate en las juntas de personal, confundieron a los centros con falsos incrementos de plantillas, etc. Con

estas actuaciones hicieron pasar más de un apuro a algunos de sus afiliados. Así hasta que la orden fue derribada por los

tribunales, gracias a denuncias presentadas entre otros por CGT.
No les bastó eso, y la Junta volvió a la carga con su

apoyo. Unos sindicatos dóciles que respaldaron en septiembre, aún de forma más mayoritaria, una nueva orden maquillada.

Pretendían ahora, a la vez que cumplir los deseos de la Junta, garantizar para sus fines lo prometido en la anterior orden

declarada ilegal. Además, aprovechándose de la crisis, trataron de convencer a muchos claustros de que era mejor sumarse a

este programa y así obtener un dinerito extra. Entraron más claustros, pero la orden había nacido muerta.
Vergonzosa e

hipócrita ha sido la actitud de CC.OO en este tema: defendiendo a capa y espada lo ilegal e indefendible en la primera orden

para, una vez rectificada, decir no a la nueva orden. Presentar denuncia y poco después, de tapadillo, no seguir adelante

con la misma. ¿Por qué esta retirada si decían que no se cumplían entre otros los acuerdos de contratar 15.000 profesores?

Nosotros se lo diremos: su pataleta era porque la nueva orden no garantizaba explícitamente que se reconociesen como

derechos adquiridos los declarados ilegales en la anterior orden.
CGT, desde la primera Orden de Calidad,

RECLAMÓ “menos paguillas” y más empleo. CGT denunció que se perseguía en realidad la implantación de un complemento de

productividad en los centros educativos.
Para CGT está claro que este “programa” de calidad, como otros

muchos programas florero de la Junta (TIC, Bilingües, Paz,) responde a una serie de cambios que ya se nos explicitaron en

la LOE: que la Educación no es un derecho sino una mercancía económica más, y como tal debe ser tratada. Desde la Directiva

Bolskenstein a la Agenda de Lisboa, desde los informes Pisa o la AGAEVE y las pruebas de diagnóstico. Desde las

competencias a los programas de incentivos, todo apunta en la misma dirección: la Educación es un negocio y por tanto hay

que actuar en la misma con los mismos criterios empresariales que en el resto de la actividad económica, es decir,

anteponiendo la obtención de beneficios a cualquier otra razón. Este es el objetivo oculto del plan: que en los salarios

del profesorado, como en el resto de la economía, se introduzca el criterio de la productividad. Y cabe preguntarse qué es

lo que se produce en los centros educativos. ¿Así conciben la Educación quienes han impulsado y apoyado el Plan de Calidad?

¿Cómo si de una cadena de montaje se tratara?
Pero claro, para que el concepto calara entre el profesorado era

necesario que se vendiese como lo que no era. Así, determinadas organizaciones sindicales dijeron que se trataba de

incrementar el sueldo incluyendo otras partidas que salvaran el problema de incrementar directamente los salarios, que no

había que hacer nada diferente a lo que se hacía, etc. En unos casos se habló de reconocer económicamente los esfuerzos de

algunos centros; en otros, se afirmó que además se incrementarían las plantillas de algunos claustros, que los interinos se

quedarían, etc.
Otras organizaciones sindicales dijeron que estaban contra el plan, pero no presentaron denuncia

alguna y en la Mesa Sectorial tragaban con la nueva orden probablemente negociando su silencio para obtener beneficios

propios.
Porque hay que estar muy ciegos para apoyar un plan que los propios servicios jurídicos de la CEJA, en sus

informes prescriptivos previos a la aprobación de la orden, consideraban que en determinados puntos no se ajustaba a la

legalidad. Muy sordos para desoír los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía, que también advertía de la posible

ilegalidad de la nueva orden.
Muy ciegos, sordos o, lo que es más grave, ser cómplices con la CEJA del engaño

premeditado al profesorado que les creyó. LOS SINDICATOS PRESENTES EN LA MESA SECTORIAL SABÍAN QUE LOS INCENTIVOS ERAN

ILEGALES Y NO SE PODÍAN CONSOLIDAR EN LOS SEXENIOS, PUES FUERON LOS PROPIOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA JUNTA LOS QUE SE LO

ADVIRTIERON.A algunos no les importó, pues estaban jugando su papel institucional: siempre al servicio de la Junta de

Andalucía.
RESPUESTA A JOSE BLANCO, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de

Andalucía.
Ahora sale el Secretario de Enseñanza de Andalucía de CC.OO atacando a este sindicato. Da pena.

Comisiones Obreras y sus aliados, mal que les pese a muchos de sus afiliados y militantes, hace tiempo que dejaron de ser

sindicatos de clase para ser una pieza más de este corrupto régimen parlamentario; que una y otra vez frenan la

reivindicación escondiéndose tras la llamada unidad de acción sindical; que ponen la vaselina en los grandes acuerdos que

al final perjudican, como siempre, a la clase trabajadora; que se venden como sindicatos institucionales, europeos y

modernos cuando en realidad lo que hacen es acatar los dictados del Poder y garantizarle la “paz social”. Para ello cobran

buenas subvenciones y dineros.
Estos sindicatos oficialistas harían bien en repasar la Historia y recordar que Roma

no paga a traidores. Lo están viendo un día sí y otro también. Asimismo, la ciudadanía y los movimientos sociales los tienen

calados y la clase trabajadora los condenará tarde o temprano por su gran traición. La CGT tampoco se lo pasará. Vamos a

emprender acciones judiciales por presunta prevaricación en esta orden contra la Junta y contra aquellas organizaciones que

firmen pactos que saben que se basan en unas órdenes declaradas nulas por los tribunales.
Respecto al profesorado que

entró en tan nefasto plan, CGT debe decirle que ha sido manipulado desde el principio y llevado al engaño por

organizaciones sindicales sin escrúpulos.
Al profesorado que, pese a todo, se negó a entrar en el plan, CGT desea

felicitarle y decirle que seguiremos reclamando, con más fuerza si cabe, que hasta el último euro de este vergonzoso

programa se distribuya de manera solidaria y justa entre todo el profesorado de Andalucía, incluidos los 4.502 profesores

despedidos que deben volver por justicia y por la calidad de la Educación pública andaluza.
Para finalizar, CGT quiere

manifestar que la agresión que actualmente están sufriendo los servicios públicos, concebidos como derechos y no como

mercancía, requiere la acción decidida y unitaria de quienes de verdad los consideran como inalienables. Por ello, CGT

reitera su disposición a compartir la lucha con quienes de verdad estén dispuestos a parar la estafa que está sufriendo la

inmensa mayoría de la población a manos de una partida de tahúres y delincuentes de cuello blanco, con la protección y el

amparo de las supuestas instituciones “democráticas”. Así pues, damos por zanjada esta cuestión y nos ponemos manos a la

obra con lo importante: la defensa de quienes están siendo desahuciados de sus vidas.
Comunicación Enseñanza

CGT