El sindicato CGT denunció el gasto en los contratos, adjudicados sin concurso, pese a que existía un convenio
con la Abogacía de la Generalitat.
El Tribunal de Cuentas investiga a la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente por el gasto realizado a través de la empresa pública Vaersa
(Valenciana de aprovechamientos energéticos y resíduos SA) en las contrataciones de asesorías jurídicas privadas por valor
de 655.135 euros durante 2009 y 2010. La investigación se ha iniciado tras la denuncia presentada por el sindicato CGT ante
el órgano fiscalizador, en febrero de 2012.
El Tribunal de Cuentas acaba
de notificar al departamento que dirige la consellera Isabel Bonig la apertura del «procedimiento de reintegro por alcance
por un posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia en irregularidades en la contratación de
servicios de asesoría y defensa jurídica por parte de la empresa pública Vaersa».
El gasto anual en letrados externos
constaba en los informes de fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, quien ya advirtió en
2009 y 2010 «al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y
defensa jurídica» -por importe de 320.000 en 2009 y 335.135 euros en 2010- «sin previa formalización contractual y, por
tanto, sin atender a los establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios
licitatorios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público».
El sindicato CGT advirtió al
Tribunal de Cuentas que este gasto se produjo en Vaersa pese a que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente tenía suscrito «desde 2006 un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran los servicios de
asistencia jurídica para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC».
De ahí que la CGT denunciara que «las cantidades que han facturado los abogados externos en los últimos años son muy
elevadas y totalmente desproporcionados, ya que Vaersa podría haber recurrido a los letrados propios de la
Generalitatpersonal funcionario público, por sólo 3.600 euros anuales, un coste 100 veces inferior».
Tras la denuncia
de la CGT, la entonces secretaría Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, Arancha Muñoz, anunció en las Corts,
tras una pregunta parlamentaria de Esquerra Unida, que «Vaersa ya había ha revocado los poderes que tenía el letrado que
llevaba el asesoramiento y defensa en juicio de la empresa, de modo que ya no se daba la situación señalada en el informe
de la Sindicatura de Comptes». Pese a que la conselleria dió marcha atrás, el sindicato exigió que que «se depuraran
responsabilidades y se devuelva el dinero público saqueado», por lo que presentó la correspondiente denuncia ante el
Tribunal de Cuentas para que determine si «se ha podido originar responsabilidad contable».
En la denuncia
presentada ante el Tribunal de Cuenta el sindicato CGT exigía al tribunal fiscalizador que esclareciera «si las
contrataciones se realizaron cumpliendo las prescripciones legales, tras el requerimiento al ente público de los contratos
y a qué ejercicios presupuestarios anteriores a 2009 y 2010 se extendieron las prácticas de contratar los servicios de
asesoría y defensa jurídica sin que se formalizara el contrato conforme a la legislación de contratos del sector público».
La investigación del Tribunal de Cuentas también permitirá conocer qué tipo de trabajos se pagaron a razón de 300.000 euros
anuales y si, al mismo tiempo, se abonaron los 3.600 euros a la abogacía de la Generalitat, con lo que se produjo una
duplicidad en el gasto. La CGT también pide al tribunal que se reintegre el dinero gastado. l. b.valencia.
Laura Ballester/ valencia/ Diario
Levante