El 20% de los contratos en España dura menos de una semana

La duración media de los contratos de trabajo ha descendido a su nivel más bajo desde 2006, alcanzando los 48,95 días en general y reduciéndose aún más a 26,8 días en el sector agrario.

De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en enero de 2024, el 20% de los contratos registrados en los servicios públicos de empleo en España tuvieron una duración de menos de una semana, sumando un total de 244.745 contratos. Además, se contabilizaron 66.664 contratos con una duración de entre 7 y 15 días, lo que representa el 5.6% del total.

En total, se firmaron 90.143 contratos con una duración de entre 15 días y un mes, lo que representa el 7.6% del total. Esto significa que un tercio de los contratos firmados en el comienzo del año, específicamente el 33.8%, tuvieron una duración inferior a un mes.

Sumando todos los contratos, la duración promedio de estos fue de 48.95 días, la más baja para este mes desde 2006. A pesar de las penalizaciones introducidas por la reforma laboral para los contratos de corta duración y la promoción del contrato indefinido, la duración media ha disminuido.

La reforma establece una cotización adicional para los empleadores al finalizar los contratos temporales de menos de 30 días, actualmente en 29.74 euros, pero se espera que aumente alrededor del 5% en 2024, alcanzando los 31.22 euros, en línea con el aumento de la base mínima y el salario mínimo interprofesional.

Esto es así, a pesar de que la reforma laboral contempla que los empleadores debe pagar una cotización adicional de 29,74 euros por lo contratos temporales interiores a 30 días. Aun así, esta penalización aumentará un 5%, hasta los 31,22 euros, ya que va vinculando al salario mínimo interprofesional (SMI), el cual se ha visto incrementado en el mismo porcentaje hasta los 1.134 euros.

Esta penalización fue regulada en el artículo 25 “Cotización adicional en contratos de duración determinada” de la Orden PCM/74/2023, con el objetivo de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o inferiores a un mes.

Desde el año 2006, cuando se comenzó a registrar, la duración media de los contratos en los meses de enero ha mostrado una tendencia a la baja, especialmente después de que en dicho año la duración promedio fuera de 86,80 días. Esto se debe en parte a la finalización de muchos contratos por la campaña de Navidad.

La duración media de los contratos de enero de este año ha sido de 48,95 días, la más baja registrada (hay registros desde 2006) para un mes de enero desde el comienzo de estas mediciones. Cuando se empezaron a tomar registros, la duración de esos contratos era de 86.80 días de media, es decir, duraban casi el doble (56,39% más).

Si comparamos los datos con enero de 2021, antes de la entrada de la reforma laboral se observa como la duración media de los contratos ya era de 53,74 días, que se redujo a 52,21 días en enero de 2022 y en 2023 volvió a baja hasta los 51,82 días.

Baja la duración, pero sube el número de contratos temporales

Durante el primer mes de 2024, se registraron un total de 1.185.600 contratos, lo que representa un descenso del 1,2% en comparación con 2023. De ese total, 506.622 fueron contratos indefinidos, cifra que es un 4,5% inferior respecto al año anterior, y 678.978 fueron contratos temporales, lo que supone casi un 1,3% más que en el mismo mes del año previo. 2023.

Los contratos temporales representaron el 52,27% de toda la contratación realizada, mientras que los contratos indefinidos constituyeron el 42,73%, un porcentaje que supera al registrado en diciembre, cuando la proporción de contratos indefinidos fue del 37,14%. Esto indica un aumento en la contratación indefinida respecto al mes anterior.

La disminución interanual en la contratación indefinida durante enero se debió principalmente a la reducción en los contratos a tiempo parcial y los fijos-discontinuos, a pesar de que hubo un incremento en los contratos indefinidos a tiempo completo en comparación con enero de 2023.

Se formalizaron 243.365 contratos indefinidos a tiempo completo, registrando un aumento del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior; sin embargo, se observó una caída del 15,8% en los contratos fijos-discontinuos, con un total de 146.368, y una disminución del 2,5% en los contratos indefinidos a tiempo parcial, sumando 116.889.

Algunos expertos indican que la reforma laboral ha fomentado un aumento en la conversión de contratos de trabajadores temporales a indefinidos, tanto en modalidades ordinarias como fijas-discontinuas. Sin embargo, señalan también que ha provocado un incremento en la ‘mortalidad’ de los contratos indefinidos ordinarios; es decir, aunque ahora se firman más contratos de este tipo, su duración promedio ha disminuido.

El informe sobre la reforma laboral de 2021 muestra que, aunque ha logrado reducir la temporalidad en el empleo de manera efectiva, no ha conseguido mejorar significativamente la precariedad o estabilidad laboral. Un dato de interés que señala en nuestro mercado de trabajo es que hay patrones muy singulares como contratar los lunes para finalizar contratos los viernes, emplear trabajadores exclusivamente para los fines de semana, o iniciar y terminar contratos al comienzo y al final de cada mes.

CGT ya mostró su más absoluto rechazo en el primer momento, cuando el Gobierno puso encima de la mesa la no derogación de la Reforma Laboral, y rechazó también la posterior modificación de algunos aspectos de la ley.

Aunque aspectos como la temporalidad se hayan visto parcialmente mejorados desde la entrada en vigor de la “reforma”, esa mejora no viene acompañada de las necesarias medidas para acabar con la precariedad en el mercado laboral; es más, en los sectores más feminizados, la precariedad laboral se ha acentuado. Tampoco ha servido para frenar la pérdida de derechos laborales que, convenio tras convenio, vienen sufriendo sectores como el telemarketing o el servicio de atención a domicilio; ni, como se demuestra ahora, ha servido para para mejorar las condiciones socioeconómicas de los miles de personas trabajadoras afectadas por esos convenios, sino que se han visto perjudicadas debido al incremento del coste de la vida (incremento del precio de los alimentos, de las facturas energéticas, alquiler, euribor…) gracias a la ausencia de medidas del Gobierno para frenar la tendencia: una reforma laboral que pretenda mejorar la vida de las personas trabajadoras y, sobre todo, mejorar la vida de aquellas personas que trabajan en sectores precarios, debe ir ligada a la realidad social y económica del momento.

En definitiva, para CGT, la reforma laboral aprobada hace dos años por parte del Gobierno y avalada por UGT y CCOO, tan solo sirvio para reafirmar otra traición a la clase trabajadora.