Tras recibir respuesta
oficial a la demanda por nuestra parte de reunión con la señora consellera Isabel Bonig Trigueros, CGT y DRY Valencia y
comunican:
– Que la respuesta oficial de la Generalitat Valenciana por medio del Instituto Valenciano
de la Vivienda es la de condena a Juan Guilló a vivir el resto de sus días en la calle alegando que: “El señor Juan Guilló ha
perdido la oportunidad de vivir una vida digna en una vivienda digna al haber acumulado en el pasado una deuda con el IVVSA
ya que la normativa prohíbe que la administración publica conceda otra vivienda a un deudor”. Esta respuesta está fechada el
8 de Mayo de 2013 y registrada el día 10 de Mayo (adjuntamos documento), días antes de la concentración que tuvo lugar a las
puertas de la conselleria y donde se nos comunicó que no había respuesta oficial para Juan, ni ningún interlocutor para
reunirnos y tratar el caso, por ello denunciamos la mala fe de la administración.
– La realidad es que a Juan Guilló
y sus vecinos de Los Palmerales, les fueron adjudicadas viviendas de protección oficial que no reunían las condiciones
mínimas de salubridad y que Juan Guilló como presidente de la mancomunidad de vecinos denunció desde el primer momento esta
situación (adjuntamos documentos), que las asambleas vecinales acordaron el impago de las letras mensuales como medida de
presión, y que más tarde Juan Guilló como otros vecinos reconocieron la deuda y el pago de ésta abonando dos letras
mensualmente, denunciando que sospechosas irregularidades en su expediente hicieron que la administración bloqueara estos
pagos, situación que le acabó llevando al desahucio ejecutado por la Generalitat Valenciana.
– Denunciamos la doble moral de
nuestros representantes públicos, su cobardía al no querer escuchar, ni solucionar los problemas de la sociedad y la
indefensión que padece la ciudadanía ante las administraciones que condenan a Juan Guilló y a muchos otr@s ciudadan@s
mientras nadie se hace responsable de la nefasta gestión perpetrada desde el Instituto Valenciano de la Vivienda, que le ha
llevado a un ERE de dudosa legalidad, a que un juez obligue a la readmisión de una empleada por despido improcedente que ya
había sido contratada irregularmente, a tener al menos 1.200 viviendas públicas en desuso, 95 de ellas en Elx, población
donde residía y solicita una vivienda Juan Guilló.
– Recordamos las declaraciones realizadas por la señora consellera de
infraestructuras, Isabel Bonig Trigueros el 24 de abril de 2013, donde manifiestó: “Potenciar la vertiente más social del
Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), frente a «planes de maquillaje». “Que de las 1200 viviendas que gestiona el
IVVSA 625 están en disposición de ser alquiladas una vez sean rehabilitadas mientras que el resto está ocupado ilegalmente o
tiene algún trámite administrativo pendiente».
– En este sentido, añadió, que el Gobierno valenciano «va a seguir apostando por
la gente» y la mejor manera de hacerlo es poniendo a su disposición «el patrimonio valenciano», por lo que instó a la Junta
de Andalucía a, en lugar de expropiar a los bancos las viviendas vacías, «poner al servicio de los ciudadanos los 5.000
inmuebles que tiene sin ocupar».
Denunciamos que más allá de las declaraciones de intenciones a los medios hasta ahora nunca desde la
Generalitat Valenciana se han planteado soluciones efectivas y reales desde sus competencias para dar respuesta a esta
infamia que le toca sufrir a la sociedad civil de los desahucios. Por ello como ciudadan@s reivindicamos, proponemos y
exigimos:
1) La vivienda como un derecho humano universal, también recogido en la
Constitución.
2) Un parque real de viviendas publicas en régimen de alquiler social protegido para todas las
personas afectadas que estén disponibles por un precio de alquiler acorde a las rentas de l@s solicitantes. Y una gestión
leal, efectiva y transparente desde las administraciones publicas.
3) Un hogar en régimen de alquiler
social para Juan Guilló Soler.
CGT y DRY Valencia