CGT denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a los directivos y gestores de RTVV por la posible comisión de varios delitos, como prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad, y delitos societarios. Tras la gestión presuntamente criminal, está el colapso económico de la entidad cuya deuda acumulada asciende a más de 1.300 millones de euros.
Las denuncias presentadas el 15 de julio por la Federación Local de CGT en Valencia ante la Fiscalía Provincial se basan tanto en los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la auditoría emitidos por la Intervención General de la Generalitat como en la información obtenida vía parlamentaria en colaboración con el Grupo de Esquerra Unida.
La denuncia dirigida a la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada documenta en 70 páginas numerosas irregularidades cometidas por gestores y directivos de la Radiotelevisión Pública valenciana entre los años 2006 y 2013.
Así, la Confederació General del Treball insta a la Fiscalía a que se investigue y determine si los hechos descritos son constitutivos de ilícito penal como malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, cohecho, delitos societarios, etc.
Entre los hechos denunciados, la CGT destaca los referidos a continuación.
El primero de ellos trata de la contratación en 2008 de un programa de producción propia cuyos gastos por valor de 1.785.295 euros no fueron justificados debidamente. Tras reconocer la deuda en el año 2010, el Grupo RTVV contabilizó un ingreso por dicha cuantía pero RTVV no percibió el importe efectivo ya que se canceló la deuda a favor de RTVV con la entrega por parte de la productora de otro programa valorado “en una cuantía igual a la de la deuda”. Adjudicación de un nuevo contrato que, dice el informe además, “se ha realizado sin ajustarse a la normativa”.
CGT denuncia que el programa que se entregó a cambio de la deuda fue “De un tiempo a esta parte” de la empresa Alba Adriática SL perteneciente al Grupo de empresas de José Luis Moreno. Todo ello sin que existiera “ningún tipo de informe que evaluara económicamente los programas que entregaron a cambio de la deuda. Curiosamente, el valor de los programas coincidió exactamente con el total de la deuda pendiente, sin efectuar ninguna valoración técnica al respecto”. Continúa la denuncia de CGT señalando que supuestamente “se produjo una sobrevaloración decidida por alguien, sin ningún criterio técnico”.
El programa contratado en 2008 que produjo la deuda detectada fue “Planta 25”, también de Alba Adriática SL. La realización del programa constaba de 58 capítulos y se adjudicó por dos millones de euros más IVA.
Destaca CGT que se adquirieron “dos producciones, por un valor elevadísimo, cuando una de ellas ya se había vendido a Castilla-La Mancha y la otra parece que ya se había adquirido por la FORTA (organismo en el que estaba integrada RTVV, por lo que ya debiera haber tenido derecho a su emisión)”. La conclusión es que se podría haber incurrido en un trato de favor hacia la productora.
El segundo de los hechos documentados versa sobre la adquisición fuera del procedimiento habitual de tres documentales de la productora Triskel a la que de alguna forma se encontraba vinculado a un directivo de RTVV durante el periodo en el que fue Director General José Luis López Jaraba. Dos de los documentales jamás se llegaron a emitir y no sólo se adquirieron derechos de emisión sino también los de cesión a terceros y explotación. La compra, dirigida al parecer desde la propia Dirección, prescindió de informes técnicos y económicos. CGT entiende que hubo una posible “sobrevaloración” e intención “supuestamente de beneficiar a la productora en perjuicio de los fondos públicos y del interés público”.
En tercer lugar, CGT profundiza respecto a las alteraciones en los listados y los criterios de selección de los trabajadores afectados por el ERE, vulneradoras del principio de igualdad y que ya fueron señaladas por la sentencia del TSJCV que declaró nulo el Expediente de Regulación de Empleo de RTVV, TVV y RAV. De esta forma, no sólo es que se produjeran graves irregularidades y se diera un trato de favor a determinadas personas, perjudicando a los trabajadores que accedieron mediante pruebas selectivas, sino que la Dirección incurrió en un posible fraude de ley al convertir en contratos indefinidos las contrataciones temporales que, intencionadamente se “dejaron exceder” del tiempo máximo previsto por la normativa laboral. Estos contratos indefinidos buscados en fraude de ley supusieron, además del incumplimiento de contratación en virtud de los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad, la determinación de unas indemnizaciones por despido fraudulentas. Y también “una especie de lavado de todas las contrataciones irregulares con disposición fraudulenta de dinero público para unas indemnizaciones que no procedían”.
Continúa la denuncia sobre el saqueo de RTVV con un nuevo fraude de ley constatado en un informe de la Inspección de Trabajo en mayo de este año. En esta ocasión en la contratación de 16 asesores técnicos de RTVV fichados por el ex Director López Jaraba que debieron cesar cuando él cesó (diciembre de 2012) a tenor de lo estipulado en el Convenio Colectivo de RTVV y en los propios contratos y que, sin embargo, fueron incluidos en lista de trabajadores afectados por el ERE de extinción. Y no sólo eso, sino que, al continuar prestando servicios una vez finalizado el objeto del contrato, los 16 asesores vieron reconvertidos sus contratos en indefinidos. De esta forma, se generaron también indemnizaciones fraudulentas en el ERE.
Las 1.200 “Solicitudes de Gasto” tramitadas y aprobadas por la Dirección General de RTVV a pesar de la inexistencia de crédito presupuestario entre los años 2009 y 2012 son objeto del quinto de los hechos irregulares denunciados. Las cuantías ascendieron a un total de 79,2 millones de euros. CGT hace hincapié sobre una circunstancia, y es que en muchas de las solicitudes de gasto consta como informante proponente, en virtud del cargo de controller/interventor, Antonio Hervás García. Éste es actualmente uno de los miembros del Consejo de Liquidación y, según consta, pese a no disponer de presupuesto, informó favorablemente “siguiendo instrucciones del Director General”. En este sentido, la CGT afirma que “la gestión gravemente negligente de determinados directivos del ente exige una investigación rigurosa para determinar los responsables de una gestión gravemente perjudicial para la Hacienda Pública y los intereses públicos”.
En cuanto al séptimo de los hechos denunciados, se refiere a un nuevo trato de favor, en esta ocasión hacia las dos empresas adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (Grupo Vocento) y Popular TV (Cope). Así, las televisiones, que incumplieron reiteradamente con sus obligaciones y cuyos servicios prestados no fueron documentados contractualmente hasta 2010, son deudoras de 1.302.600 euros desde 2008 al ente público. Para más inri, en cinco años, “no ha habido acciones legales para cobrar la deuda y resulta una incógnita si se hará durante el proceso de disolución y liquidación del ente”.
A continuación, CGT facilita a Fiscalía facturas correspondientes a gastos de directivos que “presumiblemente se refieren a gastos particulares que nada tienen que ver con la prestación de servicio público que tenían encomendado” y que alcanzan los 11.000 euros.
Finalmente, CGT destaca el hecho noveno, consistente en contratos firmados con la empresa Séptimo Arte Producciones SL (empresa de María Abradelo) y con Jesús Pérez Mariñas. Ponen de manifiesto “pago de unas remuneraciones absolutamente fuera de mercado, que no puede justificarse desde ningún punto”. María Abradelo cobraba anualmente 270.000 euros más IVA en 2002 por presentar “Babalá” y “Canta, canta” mientras que, según información periodística, la trabajadora que presentaba con anterioridad “Babalá”, Fani Grande, cobraba al ser despedida con el ERE 2.000 mensuales. Por su parte, Jesús Pérez Mariñas se embolsaba 1.000 euros con cada intervención en un programa.
Y a partir del antecedente de hecho décimo, se recogen las irregularidades e ilegalidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas y por la Intervención General de la Generalitat entre los años 2006 a 2012. En ellos, se colige la comisión de graves ilegalidades en la gestión, y apunta CGT, “sin que los órganos directivos responsables del Consell y de RTVV tomaran ninguna medida para atajarlo, sino todo lo contrario, taparon la negligente gestión aportando dinero sin límite de las arcas públicas para que las cuentas se aprobaran”.
Gabinete de Prensa CGT-PV
17 julio 2014