La federación Española de Empresas de Seguridad (FES), patronal del sector, utiliza dos ideas fuerza en su ejercicio de lobby: la colaboración entre las empresas privadas y el sector público mejora la eficiencia en la gestión; y la necesidad de incorporar nueva actividades empresariales en las administraciones públicas, para garantizar la supervivencia del sector privado. El Ministerio del Interior comparte estas tesis en el ámbito de las prisiones, según concluye el “Informe sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias” realizado por Comisiones Obreras y presentado en octubre de 2016. Un tercer argumento es el ahorro de costes. Contra estas afirmaciones, el sindicato apela a documentos como el de la agencia estadounidense Bureau of Justice Stastistics, que niega el supuesto ahorro de recursos en las prisiones privadas: “Simplemente no se ha materializado”. Además, estudios de 2010 sobre las cárceles en Arizona, estado que ha hecho bandera de la gestión privada en las prisiones, apuntan que este tipo de gestión es un 15% más cara que la pública; y ello, pese a que no se admite a los reclusos considerados más “caros”: con patologías severas o crónicas, condenados por delitos más graves o “violentos”.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y la Sección Sindical del sindicato en Instituciones Penitenciarias ponen como ejemplo la privatización de la vigilancia en los “perímetros” de las instalaciones carcelarias en el estado español, que comenzó en 21 prisiones y se amplió a otras 67. En lo que el sindicato denomina “modelo de seguridad neoliberal”, el Gobierno autorizó el pasado 18 de agosto la contratación del “servicio de apoyo a la seguridad” en las cárceles por valor de 58 millones de euros, lo que suponía alcanzar los 900 empleos en estos cometidos. Los “servicios de apoyo” que llevan a término vigilantes privados implican los “perímetros” de las prisiones, el control de accesos, la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y gestión de las señales de alarma y la comunicación a los responsables policiales. De este modo, critica Comisiones Obreras, las empresas privadas contratadas realizan funciones subordinadas o incluso superpuestas a las desempeñadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero los procesos de “externalización” son muy anteriores al control exterior de las prisiones. Se han materializado, por ejemplo, en la contratación de las administraciones públicas con empresas privadas de mantenimiento, limpieza o entrega de paquetes y documentación. Así, mientras el volumen de negocio de estos sectores en las prisiones aumenta, se amortizan plazas de trabajadores públicos. Las vacantes en el personal de mantenimiento superan el 38% y en la limpieza el 23%, aseguran fuentes sindicales; al no reponerse, constituyen una vía abierta para que penetre el negocio privado. En estos procesos se ha destacado la Comunidad de Madrid, que ha abierto la puerta a empresas de mensajería y transportes allí donde antes operaba el sector público. A ello se agrega que los servicios de las empresas privadas “suelen tener un coste más elevado para la Administración”, advierte el sindicato. Otra de las tendencias apunta a una disminución de los precios en los Pliegos de Contratación, lo que repercute negativamente en los empleados de las adjudicatarias. En muchas de estas contratistas los salarios han caído por debajo de lo establecido en los convenios sectoriales; uno de los ejemplos más evidentes del deterioro son los ERE en el sector de la limpieza.
El informe menciona ejemplos de contratación pública “irresponsable” en las prisiones. Es el caso de la adjudicación a la mercantil MARSEGUR del contrato para la seguridad y vigilancia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Centro de Estudios Penitenciarios. Comisiones Obreras recuerda que los sindicatos denunciaron antes de la adjudicación las “irregularidades” en que estaba incursa la empresa, investigada por Hacienda, la Seguridad Social y varios jueces. Otra de las empresas señaladas es EOC Obras y Servicios, con la que la Administración contrató el servicio de mantenimiento en las cárceles de Castellón I, Segovia y Picassent (Valencia). En este caso los sindicatos denunciaron retrasos o impagos de las nóminas, así como incumplimientos del convenio por la empresa. El documento de Comisiones Obreras señala como uno de los ejemplos más extremos el de la empresa Unilimp, que opera en las prisiones de Castellón I y Albocàsser (Castellón): un semestre de impago de los salarios forzó a los sindicatos a organizar una huelga indefinida. Otra concesionaria, Elecnor, a cargo del mantenimiento en la cárcel de Córdoba, se negó a la subrogación de los actuales trabajadores, con lo que incumplía el convenio de referencia.
Otro de los capítulos del informe se centra en los servicios sanitarios de las prisiones. “La condena no puede suponer una atención sanitaria diferenciada”, defiende Comisiones Obreras. El sindicato recuerda que Francia, Noruega, Inglaterra y Gales ya integran la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, lo que implica que los médicos atiendan, sin ninguna diferencia, a los ciudadanos dentro y fuera de la cárcel. Del mismo modo, el sindicato plantea transferir las competencias a las autonomías en materia de Sanidad Penitenciaria, para lograr así la integración en el área de atención primaria. El colectivo de presos en el estado español se aproxima a las 62.000 personas. Es un grupo de población reducido en números absolutos (respecto a la población total), pero con relevancia cualitativa en términos de salud. Por ejemplo, entre 1990 y 2006 el 11% de los casos de SIDA declarados en España correspondían a personas reclusas, apunta Comisiones Obreras.
Un punto capital en la intrahistoria de las prisiones es la atención a las enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el impacto de las “alteraciones” psiquiátricas es hasta siete veces mayor entre los reclusos que en el conjunto de la población. Comisiones Obreras subraya además una estadística concluyente del Ministerio de Sanidad (“Estrategia Global de Actuación en Salud Mental”): al menos uno de cada cuatro presos sufre una enfermedad mental. En otros términos, el 46% de los internamientos en las enfermerías de las cárceles responden a patologías psiquiátricas (cerca de 25.000 casos en el último trienio). El sindicato caracteriza el medio que habitan los reclusos con graves enfermedades mentales –la prisión-, como un lugar “donde la compleja organización de la vida está presidida por el control y la disciplina, las restricciones ‘regimentales’, la convivencia forzada, los horarios rígidos, la monotonía, el aislamiento emocional y la frustración”. De todo ello se derivan más sanciones, escasa concesión de beneficios penitenciarios (basados en la buena conducta), y el cumplimiento íntegro de las penas sin acceso a permisos ni al tercer grado. Estos argumentos se refuerzan con las conclusiones de un estudio realizado en la prisión de Palma de Mallorca: el 60% de los 72 internos con enfermedad mental había sido objeto de sanciones. En otros casos se agrega el mal de la drogodependencia, que afecta al 20-25% de los reclusos con patologías mentales.
El desequilibro por razones de género entre los reclusos empieza por el número: 56.297 hombres y 4.648 mujeres. Las mujeres presas sufren una “doble condena, son las grandes olvidadas”, concluye el informe de la organización sindical. En las prisiones que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, “las mujeres cumplen mayoritariamente las condenas en cárceles de hombres”. . Sólo hay tres establecimientos penitenciarios para mujeres, detalla el sindicato: Alcalá de Guadaira (Sevilla), Madrid I y Brieva (Ávila). El resto son prisiones de hombres, 16 de ellas con carácter exclusivo y en el resto con uno o, a lo sumo, dos módulos para presas. “La concentración de las reclusas en pocos centros provoca desvinculación familiar y desarraigo”, advierte Comisiones Obreras.
Hay casos en que las madres presas se ven obligadas a elegir entre estar con sus hijos menores de tres años, o cumplir las penas cerca de las familias. Esto se debe a los déficit evidentes, ya que sólo existen tres Unidades de Madres (Alcalá de Guadaira, Madrid I y ‘Antoni Asunción’ en Valencia) y tres Unidades de Madres externas –Centro de Inserción Social (CIS) Joaquín Ruiz Jiménez en Mallorca; Victoria Kent en Madrid y Luis Jiménez de Asúa en Sevilla- (su objetivo es habilitar un espacio de convivencia entre las madres presas y sus hijos menores de tres años). Por otro lado, “en los departamentos de mujeres se incumple el principio básico de separación interior”, de manera que conviven grupos muy heterogéneos: presas preventivas con penadas, “primarias” con “reincidentes” o jóvenes con mayores. “A lo largo del tiempo, las mujeres internas han sufrido peores condiciones de alojamiento, ocupando siempre los espacios más precarios y peor dotados de las prisiones”.
La crítica más rotunda afecta a la situación de los presos que desarrollan trabajos remunerados en las cárceles. Además de inconstitucional en parte de sus artículos, el Decreto de 2001 que regula la actividad en los talleres penitenciarios “confiere al trabajo en prisiones un carácter esclavista”; en lugar de favorecer la reinserción, se ha convertido en “una herramienta para favorecer los beneficios de las empresas”, sostiene Comisiones Obreras. El objetivo no debería ser, como ocurre en la práctica, “facilitar mano de obra barata en condiciones ‘tercermundistas’ para beneficios empresariales particulares”. Uno de los elementos decisivos es el salario de los reclusos. A los trabajadores presos no se les aplican las remuneraciones estipuladas en los convenios colectivos, es más, la mayoría de las veces los salarios se sitúan muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE) determinó en 2015 tablas salariales que oscilaban entre los 2,59 euros por hora del grupo uno (economato y actividades auxiliares) y los 4,51 euros la hora del grupo tres. En su día el sindicato denunció a empresas que contrataban a presos mientras recortaban las plantillas fuera de las cárceles. “No hay ningún argumento jurídico que posibilite o faculte dicha explotación”.