Sin avances en el derecho a la sanidad, a pesar de la presión de la ONU

Son medidas que “no podemos poner en práctica, estemos o no de acuerdo”, afirmó ayer Ana María Mendéndez, embajadora permanente ante Naciones Unidas, sobre las propuestas que desde este organismo se hicieron a España encaminadas a garantizar el acceso a la sanidad. En la sesión celebrada ayer en Ginebra, Menéndez afirmó que desde el Ministerio de Sanidad se estaba trabajando en coordinación con otras administraciones para diseñar un programa que permita el acceso a la sanidad de las personas migrantes, una medida anunciada en marzo por el ministro de Sanidad y que, según denuncian organizaciones civiles, no se ha avanzado.

El pasado mes de enero, con motivo del Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siete países lanzaron recomendaciones a España encaminadas a garantizar el acceso a los derechos sociales, entre ellos la salud, de las personas migrantes. Desde el Gobierno español se respondió aceptando “parcialmente” las recomendaciones y, un mes después, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que las personas en situación irregular que perdieron su tarjeta sanitaria con el Real Decreto 16/2012 volverían a ser atendidos en atención primaria, aunque sin recuperar su tarjeta sanitaria, una medida que argumentaba en la saturación del servicio de urgencias y que, dos meses después, seguía sin ponerse en práctica.

Las organizaciones Médicos del Mundo, el Center of Economic and Social Rights (CESR), la Red ACOGE y la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señalan que “el acceso a la atención sanitaria sigue sin garantizarse en España a la población migrante”.

Desde estas organizaciones afirman que, seis meses después de que la ONU emitiera sus recomendaciones, “no se ha producido avance alguno” y citan de “insuficiente” las medidas anunciadas por el ministro de Sanidad. Alonso “manifestó si intención de permitir el acceso a la asistencia primaria a las personas inmigantes, no como un reconocimiento del derecho, sino tan sólo como una medida para paliar la gran carga de trabajo que soportan las urgencias de los centros sanitarios”, lo que se traduce, según estas organizaciones, en la “creación de un sistema paralelo de acceso a la sanidad”.

Fuente Diagonal