El 18 de diciembre se cumplieron cuatro años de la muerte de Samba Martine, tras su paso por el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Diferentes ONG defensoras de los derechos humanos han denunciado que a la inmigrante congoleña, enferma de VIH, se le negó una atención médica adecuada. Pero la vulneración de los derechos humanos no es una excepción en estas “cárceles para pobres”. Un informe hecho público en diciembre de 2009 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), realizado tras una investigación en los CIE de Madrid, Málaga y Valencia, ya denunciaba la falta de garantías, abusos y graves irregularidades. El informe tuvo un notable eco en los medios de comunicación y provocó la respuesta inmediata del entonces ministro del Interior, Pérez Rubalcaba. Fue también el punto de partida de la Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia, ciudad que acoge el centro de Zapadores.
Dentro de estos centros de internamiento están los “invisibles”, personas “que en muchos casos no tienen nombre, familia y amigos, al menos en la ciudad donde se hallan recluidos”, explica Xavi Gea, miembro de la Campaña “CIE No Valencia”. El motivo de que se les prive a las personas migrantes de libertad es que no disponen de “papeles”, lo que no debería ir más allá de una falta administrativa. Pero se les encierra en un centro de reclusión que realmente es un “limbo”, señala el activista en las jornadas de CGT-València, tituladas “Utopia en moviment”. “Dentro del CIE la policía actúa con impunidad, no hay control, los inmigrantes sufren insultos, palizas y vejaciones; incluso vulneran sus propias leyes”. El objetivo de la Campaña “CIE No” es hacer visible la realidad del centro de Zapadores para que las arbitrariedades no queden impunes.
Entre el 5 y el 7 de diciembre se celebró en Valencia el V Encuentro Estatal por el Cierre de los CIE, en el que participaron más de 50 colectivos y organizaciones de todo el estado. El Encuentro incluyó la organización de asambleas, debates, talleres de comunicación, prácticas feministas y desobediencia civil, además de una acción en el centro de Valencia para denunciar, mediante una representación teatral, la criminalización de las personas inmigrantes. En 2016 está previsto simultanear acciones reivindicativas a los dos lados de la Frontera Sur (en Ceuta y Melilla, pero también en las ciudades de Marruecos); la convocatoria de una semana de iniciativas en torno al 15 de junio, Día por el Cierre de los CIE, en la que destaca una gran movilización en Madrid; la campaña contra las deportaciones y el boicot a Air Europa y Swift Air; y la realización de un trabajo de investigación sobre el entramado represivo, del que forman parte la Frontera Sur, las redadas, los CIE y los vuelos de la deportación.
Otro de los puntos abordados en la mesa redonda “La resistencia social frente a la represión” fue la situación de los ocho trabajadores despedidos en el teléfono de emergencias sanitarias 061 de Málaga, adscrito a la Junta de Andalucía y subcontratado a la empresa “MKPlan 21”, del grupo ONCE. Macarena Ariza es una de las despedidas después de trabajar 18 años en la recepción de llamadas telefónicas. Recuerda que el edificio y todos los materiales de trabajo de la empresa pertenecen al Servicio Andaluz de Salud, mientras que la empresa únicamente paga a los trabajadores el salario. “Todo el dinero público que está aportando la Junta de Andalucía debería dedicarlo a la atención sanitaria a los ciudadanos, no regalárselo a una empresa privada”, afirma. Además, la situación laboral de los operarios está regulada por el convenio del telemarketing, una aparente contradicción, ya que no realizan compras y ventas sino que atienden urgencias sanitarias. “Y ni siquiera este convenio se cumple”, apunta Macarena Ariza. “Todo esto se resolvería si se nos considerara empleados públicos”.
En marzo comenzó un encierro en la sede de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en Málaga, que se mantuvo durante nueve meses y en el que participaron 50 personas. Además el 8 de junio los trabajadores iniciaron una huelga. La lucha de los operarios se basa en dos vías, las reivindicaciones en la calle y, por otro lado, la interposición de denuncias ante la inspección de trabajo y las demandas judiciales. “La empresa ha respondido con sanciones y la política del terror para que abandonemos el conflicto”, subraya Macarena Ariza. A la contestación empresarial se añaden otras dificultades, entre otras, que del conjunto de la plantilla en Andalucía sólo se haya movilizado la provincia de Málaga. “Pero nos quitaron tanto, que hemos perdido el miedo”.
Los trabajadores despedidos no saben si finalmente se producirá una readmisión. De momento han hecho llegar sus reivindicaciones al Parlamento de Andalucía. Además de recibir el apoyo de CGT, subrayan que organizaciones como Podemos han hecho suya su causa. Así, el 23 de diciembre se votará en el Parlamento autonómico una Proposición No de Ley, que previamente han firmado todos los partidos de la oposición, y que representa un paso más en las movilizaciones. Durante la campaña electoral hubo días en los que asistieron a tres mítines, “de algunos nos echaban y en otros nos daban publicidad”, reconoce Ariza. A los trabajadores en lucha se les identifica por las camisetas naranja y la leyenda “SOS 061”. “No hay que callarse ante la represión”, afirman, por eso también han organizado concentraciones en la puerta del centro de trabajo, canto de villancicos y corales, ente otras acciones. Cuentan a su favor con sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les da la razón en su denuncia de la vulneración del derecho de huelga.
Otra forma de resistencia es la que representa el colectivo “Baladre”, que lleva tres décadas organizándose contra el empobrecimiento, la precariedad y la exclusión social. Se definen como un espacio de relación entre personas y grupos de afinidad que ponen en el centro de su actividad el trabajo social, “pero no el empleo”, aclara Manolo S. Bayona, miembro de “Gentes de Baladre”. Romper con el patriarcado, la distribución de la renta y la recuperación de las relaciones humanas es la alternativa que plantean ante la creciente precarización de la vida. “En el estado español nunca hubo realmente ruptura con el fascismo ni estado del bienestar”, apunta el activista.
Éste es su diagnóstico: “La mayoría de la gente no sabemos qué somos, si desempleados potenciales o permanentes, en medio de un modelo consumista de grandes superficies inducido por las televisiones privadas y donde se criminaliza a la población”. Además, “el euro es la consolidación de este proceso, que elimina cualquier sueño de soberanía popular”. En el actual contexto, el activista de “Gentes de Baladre” subraya la importancia del “colapso ambiental”, que implica la imposibilidad de una vuelta a estadios del pasado, en concreto al modelo keynesiano. “Tampoco retornarán las buenas relaciones laborales, el capital lo quiere todo”.
Así las cosas, se trata de “frenar la locura del terror en todas sus formas”, sostiene Manolo S. Bayona, “porque todos estamos presos de un marco jurídico que nos oprime”. Una de las propuestas más destacadas del colectivo Baladre es la Renta Básica de las Iguales. Los ciudadanos percibirían un 80% de esta renta en mano y el restante 20% se aportaría a un Fondo Comunitario para iniciativas en distritos, barrios o pueblos que se decidieran colectivamente. La Renta Básica de las Iguales se diferencia de las rentas mínimas de inserción que existen en algunas comunidades autónomas, pues estas parten de la idea de empleo (se cobran cuando el parado ha dejado de percibir la prestación). Por otro lado, “el 15-M reintrodujo en el debate público la noción de Renta Básica Universal y también hay otras propuestas desde un punto de vista académico, pero relacionadas con un modelo capitalista y keynesiano”.
¿Cuál es el trasfondo de la Renta Básica de las Iguales? Manolo S. Bayona explica que la iniciativa no se dirige a los parlamentos sino al conjunto de la sociedad. “Nuestro objetivo no es sólo conquistar este derecho a la distribución de la renta, sino liberarnos del mercado, porque la lucha real se desarrolla en lo cotidiano”. Dado que se parte de la cotidianidad, lo fundamental no es la correlación de fuerzas, ni el crecimiento cuantitativo de apoyos a cualquier precio para alcanzar la Renta Básica de las Iguales. El colectivo Baladre considera que pocas personas, incluso a veces grupos muy reducidos, pueden alcanzar logros importantes. “Esperamos al pueblo y a la ciudadanía, pero no olvidemos nuestras voluntades y capacidades”, explica el activista. “El verdadero apoyo mutuo no puede consistir en ir a China o India para ver la situación del país, cuando hay compañeros aquí y ahora que no tienen para comer”.
La “amnistía social” es una de las reivindicaciones que se está fraguando en los últimos tiempos en el movimiento popular. Nace vinculada a la lucha política de personas, familiares y colectivos que han batallado en la calle y padecido represalias. “En los últimos cuatro años ha aumentado muy especialmente la represión”, explica Jesús Arteaga “Jipy”, miembro de la Assemblea Antirepressiva de l’Horta, quien incluye en el análisis “la represión más sutil que anida en cada uno de nosotros”. En las marchas de los mineros asturianos, Can Vies, el barrio de Gamonal, los “Rodea el Congreso”, el desalojo de la Plaza de Cataluña, el caso de “Alfon” o la paralización de desahucios, los activistas han tenido que afrontar multas, denuncias, penas de prisión y golpes de porra.
Arteaga señala “la dificultad para aglutinar estos casos, frente a la estrategia del estado que consiste en atomizar y fragmentar a personas y colectivos objeto de la represión”. Por ejemplo, se cita a los activistas a declarar en un juzgado en días distintos o se asignan abogados diferentes, con el fin de diseminar la resistencia. La idea de la “amnistía social” surge precisamente de la necesidad de articular una respuesta colectiva. En ella han trabajado en Valencia, entre otros, la Assemblea Antirepressiva de l’Horta, la plataforma “Juntes sense por” o el colectivo Parque Alcosa, que ha llegado a acumular 60 denuncias. También ha participado gente multada, sancionada o sometida a arresto domiciliario. “Hay personas para las que se pide cuatro años de prisión y 8.000 euros de multa sólo por concentrarse ante la sede del PP”, recuerda Jesús Arteaga. “La amnistía social es una propuesta utópica; que los jueces la admitan es tan difícil como terminar con el capitalismo”, remata.