Los demandantes de asilo del Centro de Acogida a Refugiados de Mislata denuncian que deberán abandonar el centro sin trabajo ni vivienda y sin una respuesta a sus solicitudes de asilo, que a menudo se demora hasta dos años.
Veintidós refugiados iniciaron el 24 de abril una huelga de hambre en el Centro de Atención a Refugiados de Mislata (Valencia), un día después de que los 120 residentes del centro empezaran una sentada de protesta para que se resuelva la situación en la que se encuentran. Otros 44 demandantes de asilo, aunque no se han sumado a la huelga de hambre, se niegan a comer la comida del centro. Los refugiados, procedentes principalmente de Siria, Palestina, Afganistán, Irán o el África Subsahariana, entre los que se encuentran familias con niños, denuncian que en el plazo de un mes 60 de ellos deberán abandonar el centro, al haber pasado los seis meses de estancia máxima prevista, y se encontrarán en la calle, sin ayudas, sin trabajo y sin tener resueltas las solicitudes de asilo presentadas.
En el último mes, unos 60 refugiados de distintas nacionalidades han recibido una notificación del centro, dependiente de la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que abandonen el lugar. En la carta, firmada por el director-gerente, Felipe Perales Biosca, se especifica que “deberán abandonar este centro en el plazo de un mes” y que “a partir de esa fecha, no le corresponde percibir ningún tipo de ayuda económica”, y se añade que “se le retirarán todos los servicios del centro, tales como comedor, lavadoras, productos de limpieza, etc.”.
“Todos los que estamos aquí sabemos que España está en crisis y muchos de nosotros, aunque entramos a través de España, nos dirigimos a otros países”, nos explica H. S., un palestino que se dirigió junto a su mujer a Holanda. Sin embargo, en virtud del Reglamento de Dublín, el primer Estado miembro por el que el solicitante de asilo entra a la Unión Europea es el responsable de tramitar la solicitud, por lo que todos fueron reenviados a España e ingresados en centros de refugiados. Sin embargo, denuncian, a pesar de que la estancia en los centros se limita a seis meses, la respuesta a las solicitudes de asilo y de residencia, tanto positivas como negativas, tarda en llegar hasta dos años. “Y además, según las leyes españolas, no podemos viajar, por lo que estamos como en una cárcel abierta”, añade H. S., quien afirma que “queremos un programa de asilo serio, que tenga una parte social, queremos ser parte de la sociedad, no estar en una burbuja”.
Los residentes en las instalaciones de Mislata también denuncian un acondicionamiento deficiente y “una administración inapropiada” del centro, además de dificultades a la hora de recibir las ayudas que les corresponden.
Los demandantes de asilo también explican haber solicitado ayuda a la Cruz Roja, CEAR y ACCEM, que disponen de algunos programas de prestaciones y ayudas tras las salidas de los centros, pero que estas organizaciones les han comunicado no poder ayudarles a causa de las condiciones económicas. Una responsable de CEAR ha explicado a DIAGONAL que tras la salida de los centros “en la fase de autonomía, existe la posibilidad de recibir una prestación, aunque hay que estudiar caso por caso”. Fuentes de las dos primeras organizaciones han informado de que, en cualquier caso, la competencia sobre la situación de los residentes en el centro corresponde al ministerio. Por ello, el 23 de abril, los refugiados del Centro de Mislata remitieron una carta al subdirector general de Integración de los Inmigrantes, Francisco García Villar, en la que solicitan que “se proporcione las mínimas condiciones de vida a los refugiados tras la estancia de seis meses en los centros de acogida”, “acelerar la decisión sobre las resoluciones respecto a nuestras solicitudes de refugio” y “cambiar la forma de tratamiento con los refugiados, ya que se ha mostrado ineficiente para integrar a la población refugiada en la sociedad española”. “Nos quedamos perplejos al ver que España es incapaz de proteger a la población refugiada y proveerla con una vida mínimamente decente, con vivienda, comida o trabajo”, denunciaban en la misiva. Al no haber recibido una respuesta, han decidido incrementar la presión mediante la huelga de hambre iniciada hoy.
“La gente es completamente libre, están en un país libre y pueden hacer la sentada, la protesta e incluso tienen el derecho a equivocarse”, ha dicho a DIAGONAL el director del Centro de Refugiados de Mislata, quien afirma que los demandantes de asilo no quedarán desprotegidos porque “la Ley de Protección Internacional en España se compone de órdenes comunicadas a CEAR, Fundación ACCEM y Cruz Roja y entran dentro de un programa, y después hay centros piloto del ministerio”, pero al ser preguntado sobre si existen mecanismos para ampliar la estancia de estas personas en el centro ha respondido que “es una cosa interna nuestra” y ha remitido para más información a la Subdirección General de Integración de los Inmigrantes. DIAGONAL no ha conseguido contactar esta tarde con esta subdirección.
De momento, los demandantes de asilo mantendrán la huelga hasta obtener una respuesta a sus peticiones.