El gasto público para educación en España se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014. Las familias desembolsaron un total de 12.766 millones de euros en 2013 (último dato oficial disponible), con un aumento de 2.716 millones en los años más duros de la crisis.
En el País Vasco entre 2009 y 2015, la enseñanza primaria tuvo un descenso de 229 millones en relación con en año 2009 y y 123 en la enseñanza secundaria y FP.
El esfuerzo de las familias españolas les sitúa a la cabeza de los países industrializados del entorno. Su gasto representa el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje superior a la media europea (0,4%) mientras que el gasto que destina el sector público (el Estado y las autonomías, que tienen transferidas el grueso de las competencias educativas y son las que más deben aportar) es “claramente inferior” al de la UE (3,8% frente a un 4,6%).
Este recorte del gasto en los presupuestos de educación apenas afectó a los conciertos con la enseñanza privada y concertada, en su mayoría colegios religiosos, que no tuvieron merma de las subvenciones. En España la enseñanza concertada es de 30% y en Euskadi del 50% y disfruta del mejor convenio de todo el estado.
Estos recortes en la enseñanza primaria y secundaria han provocado una pérdida de la calidad de la enseñanza pública, debido al incremento de niños y niñas por aula y la reducción del profesorado de apoyo.
Las diferencias de acceso y calidad de educación se han ido incrementando cada vez más, ya que quienes pueden pagar, pueden seleccionar colegios, incrementándose la brecha educativa entre las familias obreras y las familias de las clases medias y altas.
La partida destinada a becas para 2016 en el Estado, asciende a 1.416 millones de euros, 3 millones más que en 2015 y menos de 332 millones que el curso 2011-2012, cuando alcanzó los 1.748 millones.
En cuanto a la enseñanza universitaria, se han perdido en el año 2012/2014 más de 44.000 estudiantes por el aumento de las tasas académicas impuestas por el Ministro Wert.
La diferencia entre el descenso de estudiantes entre los centros públicos y los privados es notable. De los 22.056 matriculados menos del curso 2013-2014 (según el avance estadístico hecho público por Educación), 21.043 correspondían a la universidad pública y 1.013, a la privada. El año anterior, las cifras para la pública fueron incluso más acusados (22.390) frente al incremento de 336 alumnos en instituciones privadas.
La aprobación del ‘3+2’ es un paso atrás en la educación universitaria española. Los estudiantes se verán forzados a cursar los másters para poder tener acceso al mundo del trabajo, y esto encarecerá aún más la universidad pública para las familias trabajadoras.
La brecha de la desigualdad de oportunidades sigue incrementándose. Los estudiantes más pobres tienen una probabilidad tres veces mayor de quedar rezagados que el resto. Además hay alumnas/os que en casa no tienen una habitación para estudiar, que pasan mucho frío porque no tienen calefacción y además un 25 % de las familias tienen dificultades para alimentarse y un 50% para llegar a fin de mes.