La propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) advirtió ayer que en España peligran las pensiones decentes. Y lo achaca entre otros motivos a la precariedad de los empleos y a los bajos salarios, que han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Una advertencia que llevan haciendo las organizaciones sindicales.
Una afirmación que constata el fracaso de la política económica del Gobierno, que ha establecido un modelo laboral basado en la precariedad del empleo y los bajos salarios, que ha mermado los ingresos de la Seguridad Social.
La OCDE silencia, sin embargo, una de las causas principales que van a empobrecer a los pensionistas presentes y futuros: la reforma de pensiones de 2013. Actualmente la mitad de los pensionistas vive en el umbral de la pobreza o por debajo, es decir cobran menos de 700 euros al mes. Una situación que se va a agravar si se mantienen los recortes en los derechos de nuestros mayores.
El propio Ejecutivo ya ha reconocido en la última versión de la Actualización de Programa de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas, las consecuencias de esta reforma. Estima que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente), y que en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).
A esto hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno para evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el incremento de pensiones del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que producirá un grave y creciente empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales).
Todo esto hará que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013 el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a partir de entonces, y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias estimaciones del Gobierno.
De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se convertirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.
En 2018 los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo
Si el Gobierno mantiene su propósito de subir las pensiones en 2018 el 0,25%, volverá a castigar a los pensionistas con una nueva pérdida de poder adquisitivo. Este nuevo recorte se suma al continuo deterioro que sufrirán las pensiones, debido a la reforma unilateral aprobada por el Gobierno en 2013, y que ha roto todos los consensos políticos y sociales. Con las reformas de PP, PSOE, CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO. nuestras pensiones no sólo son de las más bajas de la UE (España dedica a las pensiones el 10.5% del PIB, mientras el resto de estados gasta entre el 13% y el 15.8%), sino que ahora ya son necesarios más años cotizados y jubilarse más tarde para tener acceso a la misma pensión que antes de 2011. También se ha ido incrementando el número de años a contabilizar para el cálculo de la cuantía a percibir tras la jubilación. Si a esto añadimos que los sucesivos aumentos de las pensiones por debajo del IPC real, comprobaremos que las pensiones han perdido ya una media de alrededor del 35% de su valor anterior al Pacto de Toledo.
Para CGT la la paulatina descapitalización de la Seguridad Social, que celebran sin disimulo los neoliberales, para pedir una reforma de las pensiones no obedece sino a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones empresariales (por exenciones y bajada de aportaciones) y de los trabajadores (por los bajos salarios, el alto índice del paro y los millones de horas extras que no se declaran ni cotizan) y al mayor gasto de los pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años, donde se han producido numerosas prejubilaciones y jubilaciones anticipadas mediante expedientes de regulación (ERE) pactados.
Ante el nuevo ataque del sistema económico dominante, junto a sus aliados en lo político y sindical, la CGT considera no sólo regresivo y generador de más sufrimiento para las personas mayores y sus familias cualquier propuesta de recortar las pensiones o de excluir del sistema general cualquiera de sus modalidades (ya sean las orfandad, viudedad, etc.), sino que en tal intento de recortarlas sólo encuentra una razón, que no es otra que seguir privatizando derechos para ofrecer al capital nuevos y suculentos nichos de negocio.
Las propuestas de CGT, por el contrario, van en la línea de fortalecer el sistema público de pensiones, mejorándolas y ampliándolas, para garantizar una vida digna a las personas que han dedicado su vida al trabajo y al cuidado de su familia. Sabemos que el problema no es el dinero –ahora que tanto corre, aunque hacia unas pocas manos- y que unos mejores salarios, un empleo estable, unos impuestos mayores a empresas, bancos y grandes fortunas generarían ingresos suficientes para garantizar nuestras pensiones de ahora y las futuras. De no asegurarse este derecho, la CGT llamará a la movilización popular junto a todas las fuerzas sindicales y sociales que todavía consideren que su sitio está con los explotados y no con los explotadores.