En un caso, la Fiscalía incoa diligencias ante la denuncia de la Confederació General del Treball contra los gestores de VAERSA por haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica, que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros. En el segundo caso, la Fiscalía también incoa diligencias contra el supuesto “enchufismo” en el IVAJ
Esta denuncia está precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por CGT, cuya instrucción ha culminado con la demanda de procedimiento de reintegro interpuesta por el Ministerio Fiscal contra Doña Anna Bayarri Llorens (que fue jefa de Recursos Humanos), Don Felipe Espinosa Bolaños (ex director general de VAERSA) y Don Enrique Simó Arnau (actual director general de VAERSA), solicitando sean condenados, como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos.
CGT denunció en enero de 2012 ante el Tribunal de Cuentas que en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, la empresa pública VAERSA había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación, cuando existía un convenio de la entonces Conselleria de Territorio y Paisaje con VAERSA para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior. Durante la fase de instrucción se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa.
Según publicaron los medios de comunicación “el letrado con la minuta más elevada es Vicente Bru Parra, hermano del ex conseller socialista, que ha facturado 1,8 millones. En este mismo período la conselleria ya había acordado con la Abogacía de la Generalitat obtener asistencia jurídica por sólo 3.600 euros anuales”.
Ante los indicios de la posible comisión también de varios delitos contra la Administración Pública, como prevaricación o malversación de fondos públicos, CGT presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido iniciar diligencias de investigación penal.
La Fiscalía también incoa diligencias ante la denuncia de CGT contra el supuesto “enchufismo” en el IVAJ.
Según la información que obtuvo Compromís, la mitad de los contratados en oficinas de la Generalitat Jove están vinculados al PP, concejales o cargos de Nuevas Generaciones del PP, a través del programa Emprenjove del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), encargado de asesorar a jóvenes emprendedores
La denuncia de CGT hace hincapié en la investigación de determinados aspectos de la contratación efectuada por la empresa encargada de prestar el servicio (Atlas Servicios Empresariales, SA.), por más de un millón de euros, que demostrarían la posible comisión de varios delitos, desde la prevaricación al tráfico de influencias o cohecho.
Así pues, según consta en la denuncia, el sindicato considera muy importante saber cómo llegó la información a los candidatos-contratados.
¿Fue a través de una oferta de un Servicio Público de Empleo, el INEM?
¿Hubo una coincidencia temporal de “inscripciones” en el citado organismo al hilo de una hipotética llamada o aviso de que era el momento?
Y si no fue así, si fue la empresa “Atlas” la que realizó la selección de alguna manera “autónoma”, ¿cómo llegó el conocimiento de la “oferta de empleo” a los candidatos? ¿De qué forma llegaron los “curricula” a la empresa “Atlas”? ¿Cuántas personas, dónde, cuándo, cómo se produjo la selección? ¿Se publicó en algún diario de amplia difusión? ¿En la “web” de la empresa? Si fue así, en qué momento.
Con miles y miles de jóvenes titulados, especializados en la más variada serie de profesiones debe averiguarse el cómo pudo ser posible que la selección final recayera finalmente en esas personas tan relacionadas, tan militantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
Asimismo, según información periodística, la delegación regional de la Comunidad Valenciana de “Atlas”, filial de la empresa de trabajo temporal “Adecco”, no realizó la selección del personal. Esto resulta altamente sospechoso: ¿una selección para unas personas que van a trabajar en la Comunidad Valenciana es realizado por la delegación de Murcia? ¿Por qué no se hizo desde aquí?
Para CGT, todo apunta a una presunta connivencia entre organismo autónomo adjudicante -el IVAJ- y empresa adjudicataria -“Atlas”-.
Federación Local de Valencia de CGT
A 27 de mayo de 2014