Una ex alto cargo de la Generalitat en la etapa del PP se enfrenta hasta seis años sin empleo y sueldo por supuestamente ayudar a copiar a una amiga que se presentaba a una oposición en la Administración autonómica. Esto sería por la vía administrativa. La Abogacía de la Generalitat confirmó ayer que finalmente no ejercerá la acción penal en la causa abierta contra Ana María Brugger, exresponsable de Función Pública.
Fuentes del departamento indicaron que no se personarán en la causa porque el delito por el que acusa la Fiscalía, negociación prohibida a funcionarios, no lleva aparejada una responsabilidad civil y porque estos hechos no afectaron al desarrollo normal de las pruebas.
Independientemente de cómo se cierre el procedimiento penal -la acusación popular de la Confederación General del Trabajo (CGT) reclama seis años de cárcel por falsedad documental- la funcionaria tiene abierto un expediente disciplinario. Los hechos, en principio, podrían calificarse como falta grave (hasta tres años de suspensión de empleo y sueldo) y como muy grave (hasta seis años). Además, tal y como añaden las mismas fuentes, incluso se le podría castigar con un traslado forzoso de su puesto de trabajo o incluso un descenso de categoría.
La ex alto cargo y su amiga, la aspirante a ser funcionaria María Gonzálbez, tratan por todos los medios de evitar el banquillo. Han recurrido el auto equivalente al auto de procesamiento y mantienen que no hay delito en los hechos porque la funcionaria ni conoció ni filtró las preguntas del examen con anterioridad a la prueba.
Además, indican que el hecho de que hiciera unas anotaciones en las hojas especiales que se repartían para la prueba -eran apuntes para un manual que estaba preparando, según la acusada- no supone la falsificación de un documento oficial.
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