En el proceso judicial por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas, iniciado por denuncia de CGT contra los gestores de VAERSA responsables de haber contratado a dedo servicios de asesoría jurídica que supusieron el desembolso de 1.974.964 euros, el Ministerio Fiscal ha interpuesto demanda de procedimiento de reintegro contra Doña Anna Bayarri Llorens (ex jefa de Recursos Humanos de VAERSA), Don Felipe Espinosa Bolaños (ex director general de VAERSA) y Don Enrique Simó Arnau (actual director general de VAERSA), solicitando sean condenados, como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos.
CGT denunció en enero de 2012 ante el Tribunal de Cuentas que en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, la empresa pública VAERSA había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación, cuando existía un convenio de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda con VAERSA para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior.
Durante la fase de instrucción se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron por parte de VAERSA 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa.
Según publicaron los medios de comunicación “el letrado con la minuta más elevada es Vicente Bru Parra, hermano del ex conseller socialista, que ha facturado 1,8 millones de euros. En este mismo período la conselleria ya había acordado con la Abogacía de la Generalitat obtener asistencia jurídica por sólo 3.600 euros anuales” (Levante-EMV).
CGT exigió, en el momento de la denuncia pública, a la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del Consejo de Administración de VAERSA, que diera explicaciones al personal funcionario de la Generalitat que en ese momento sufría importantes recortes en sus retribuciones y derechos laborales, que dijera públicamente quién o quiénes eran las personas beneficiadas por la adjudicación a dedo de dichos servicios, y que se depuraran responsabilidades.
La pasividad de la Conselleria para exigir responsabilidades fue total, pese a reconocer la entonces Secretaria Autonómica de Territorio, Medio Ambiente y Paisaje, Aranzazu Muñoz Criado, en las Cortes, el despropósito y retirar los poderes al abogado contratado a dedo.
Ello motivó que la CGT presentara denuncia ante el Tribunal de Cuentas, personándose en el proceso judicial ejerciendo la acción pública, para exigir la devolución de los fondos públicos saqueados.
Finalizado el periodo de instrucción, se aportaron numerosas pruebas que acreditaban la presunta responsabilidad contable de altos cargos y trabajadores de VAERSA, y dado que continuar en el proceso suponía ciertos riesgos de condena en costas contra nuestro sindicato, decidimos, muy a nuestro pesar, dejar la acusación en manos exclusivamente de la Fiscalía, que ahora presenta la demanda contra los supuestos responsables.
Pero CGT va más allá, y dado que entendemos que hay indicios de la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública, concretamente prevaricación y malversación de fondos públicos, hemos presentado también la correspondiente denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Dado que los costes de luchar contra la corrupción son elevadísimos, gracias a las medidas instauradas por el Partido Popular, como las tasas judiciales, inasumibles para un sindicato como CGT que se financia sin subvenciones públicas, hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana en la campaña de recaudación de fondos que CGT pondrá próximamente en marcha para luchar enérgicamente contra la corrupción, y conseguir la recuperación de lo que nos han robado. Porque hemos demostrado con nuestras acciones judiciales nuestra eficacia contra la corrupción.
Secretaría de Jurídica CGT-València
Valencia, 2 de abril 2014