Ana Brugger, la jefa de los funcionarios valencianos con el Partido Popular, se sentará en el banquillo de los acusados. Brugger, exdirectora general de Función Pública de la Generalitat Valenciana durante el último Gobierno del PP, y su amiga María Gonzálbez, asesora de Vox en las Cortes Valencianas a la que supuestamente pasó respuestas en un examen de oposición, serán juzgadas por la Audiencia Provincial de València el próximo 11 de marzo.
La acusación popular, ejercida por el sindicato CGT, solicita seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para Brugger y tres años para Gonzálbez, por un presunto delito de falsedad documental, además de una multa de 22.000 euros. Por su parte, la Fiscalía pide tres años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 20.000 euros para la exdirectora general de Función Pública y 10.000 euros e inhabilitación por un año para Gonzálbez.
La sección primera de la Audiencia Provincial de València, en un auto del pasado 11 de enero, ha admitido los medios de prueba propuestos por las defensas y las acusaciones. En el juicio oral, a propuesta de la acusación popular, declararán como testigos varios funcionarios que vigilaban la prueba así como opositores que presenciaron la presunta irregularidad. El sindicato CGT también proponía como prueba documental el expediente disciplinario de la Conselleria de Justicia, de la que depende la dirección general de Función Pública, así como el expediente abierto por la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo que inició la denuncia del caso. La Fiscalía propuso que se aportara el sobre con las hojas del examen de María Gonzálbez y el texto escrito por su amiga Ana Brugger.
El juez instructor del caso señaló el Juzgado de lo Penal como órgano competente para juzgar la presunta falsedad documental. Todas las partes coincidieron en que, debido a las elevadas penas solicitadas, el órgano competente es la Audiencia Provincial de València.
Las respuestas al examen de su «puño y letra»
Los hechos tuvieron lugar el 10 de marzo de 2018 cuando Brugger, que formaba parte del grupo de funcionarios designados para vigilar el correcto funcionamiento de la prueba que se hacía en la Universitat de València, fue sorprendida cometiendo la irregularidad.
La Fiscalía considera que «tras ser anunciados los temas a contestar, la acusada (Brugger) ocupó una silla al final del aula, donde comenzó a consultar su teléfono móvil y a escribir las respuestas a uno de dichos temas en varios folios de los repartidos a los opositores, en lugar de ejercer la labor de vigilancia encomendada».
El escrito del Ministerio Fiscal señala que «seguidamente la acusada Ana María Brugger se aproximó a la opositora y también acusada María Gonzálbez (…), quien mantenía con aquella una relación de amistad, actuando ambas con el común acuerdo de procurar que esta última aprobara el examen de forma irregular (…), depositando Ana María en su mesa los indicados folios con las respuestas escritas de su puño y letra, valiéndose de información que obtuvo por razón de su cargo de funcionaria en el el ejercicio concreto de vigilancia en tales pruebas».
«La actuación descrita fue advertida por otras dos funcionarias que vigilaban igualmente el examen, dirigiéndose estas acto seguido a la mesa ocupada por María Gonzálbez Bernad e interviniendo en su poder las hojas escritas por la funcionaria Ana María Brugger que la referida opositora ocultaba debajo de otro bloque de hojas en blanco, y de las que finalmente no llegó a hacer el uso proyectado».
Brugger alegó que los documentos que pasó a su amiga «obedecen a unas notas sobre el manual de acogida de los empleados públicos sobre el que estaba efectuando un trabajo». Así, el hecho de «haber repartido un taco de folios en blanco y en el fondo de los folios con sus notas» no supone un delito según el Código Penal, asegura la defensa de la funcionaria.
El letrado de la funcionaria sostiene que ambas mujeres no se comunicaron «en el aula» y destaca que el examen de la asesora de Vox «no fue invalidado». «Después del incidente en el que se requisaron los folios objeto de disputa, María [Gonzálbez] continuó efectuando el examen y sus hojas de examen fueron introducidas como las del resto de opositores en un sobre que se cerró y lacró».
La defensa de la exdirectora general de Función Pública arguye que la funcionaria Ana Brugger «en ningún caso hizo uso de un secreto o información privilegiada a la que tuviera acceso por razón de su cargo con ánimo de obtener un beneficio».
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