La Comissió Ciutat-Port recuerda que el recinto tiene un 40% de espacio inutilizado.
Por Enric Llopis en rebelion.org
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, que gobierna en coalición con el partido de extrema derecha Vox, defendió el pasado 19 de octubre en el Senado lo que considera “infraestructuras clave” para el País Valenciano; entre otras, la ampliación del Puerto de Valencia y el Corredor Mediterráneo.
Se trata, añadió en su intervención, de una “apuesta por el progreso de toda España”, en un contexto de posible amnistía a dirigentes del proceso de autodeterminación en Cataluña.
Tres días antes se pronunció de modo similar la alcaldesa de Valencia, María José Català: “Reivindicamos que se termine con la paralización por parte del Gobierno central de las obras necesarias, para que así pueda ponerse en marcha la Ampliación Norte del Puerto, porque esta paralización es una mala noticia para el país”.
“Necesitamos menos ideología y más acción”, agregó la primera edil, tras una reunión con el presidente de Propeller Valencia (Asociación de Directivos y Empresarios Logísticos), Alfredo Soler; Català calificó el proyecto de ampliación como “irrenunciable” para la ciudad (en el mismo sentido se han pronunciado la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, del PSOE, y la presidencia de Puertos del Estado).
Se da la circunstancia que el 20 de octubre la alcaldesa derechista firmó la resolución de la nueva estructura municipal, tras el acuerdo de coalición entre el PP y Vox para “dar estabilidad al gobierno de la ciudad” (de las 11 áreas de Gobierno, ocho estarán controladas por el Partido Popular y tres por Vox).
También el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, valoró el proyecto portuario como “necesario e innegociable para la Comunidad Valenciana y el resto de España” (2 de octubre, Europa Press); la agencia ubicaba esta declaración en el contexto de las informaciones publicadas sobre “supuestas presiones” de ERC y Junts per Catalunya para que no se ejecutara la macroactuación.
Ante el consenso político y empresarial, la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port rechazó en un comunicado el argumentario de la patronal valenciana; así, “la oligarquía naviera, motivada por el enriquecimiento a toda costa (…), ejerce su presión sobre los políticos valencianos (con el altavoz de algunos medios de comunicación por ella financiados), criminalizando la voluntad ciudadana”.
La Comissió se opone a la Ampliación Norte del Puerto de Valencia; señala, como ejemplo de movilizaciones, la que tuvo lugar el pasado 16 de junio, cuando 20.000 personas se manifestaron en Valencia contra esta infraestructura (promovida por la Autoridad Portuaria –APV-, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige el PSOE); también contra la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el proyecto de nueva terminal de cruceros.
Otro precedente de protesta cívica se produjo el 22 de octubre de 2021; convocadas por la plataforma y Joventut pel Clima-Fridays for Future de Valencia, 10.000 personas recorrieron las calles de la ciudad con el mismo fin; la manifestación terminó con la lectura de un manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento, suscrito por cerca de 200 colectivos.
La Comissió Ciutat-Port cuenta con el apoyo de más de 150 organizaciones, entre las que figuran la plataforma vecinal El Litoral per al Poble; la Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret; Per L’Horta; Litoral per al Poble; Acció Ecologista-Agró; Ecologistes en Acció; CGT; Intersindical Valenciana; Comisiones Obreras; València Saludable y Joventut pel Clima.
Frente a las previsiones y anuncios de la CEV (un sector del empresariado “elitista” y “minoritario”), “la tecnologización portuaria (ya) destruirá cerca de 500 puestos de trabajo”, recuerda el comunicado del 6 de octubre de la Comissió (cifra facilitada por la Coordinadora de Estibadores del Puerto de Valencia); asimismo la macroampliación se plantea “en pos de los intereses de la multinacional que tributa en Suiza MSC”, con sede en Ginebra, entre otras razones, porque el recinto portuario tiene “un 40% de espacio inutilizado”.
El desarrollo del proyecto de ampliación implicaría, de hecho, el uso de la nueva terminal “como una mera estación de transbordo donde los contenedores cambiarán de barco en Valencia, para ser transportados a otros puertos”.
El movimiento cívico denuncia, además, que podría producirse un aumento de la contaminación atmosférica y acústica por el tránsito de buques y camiones de mercancías; a lo que se agregarían los impactos ambientales sobre el Parc Natural de L’Albufera, L’Horta de València, la regresión de las playas del sur de la ciudad y los procesos erosivos en las dunas (“numerosos estudios científicos apuntan, en términos generales, la pérdida de más de 50 metros de franja arenosa en los últimos 60 años).
Con la siguiente imagen los activistas representan las dimensiones el proyecto de ampliación: una megaestructura de hormigón con una superficie equivalente a 140 campos de fútbol y que penetra en el mar en una longitud de 2 kilómetros.
Están presentes en el imaginario algunas de la victorias históricas de los movimientos sociales en Valencia; por ejemplo la campaña ciudadana El Saler per al Poble, en el verano de 1974, contra la urbanización de la devesa promovida desde la década anterior por la alcaldía franquista; o la iniciativa El llit del Túria es nostre i el volem verd, también en los años 70, frente a la construcción de una autopista en el antiguo cauce del río.
El hilo reivindicativo continúa en la actualidad; además de las manifestaciones e interposición de recursos judiciales, durante los primeros meses de 2023 los colectivos ampliaron la gran pintada contra la expansión portuaria y la ZAL, visible en el cauce antiguo del Túria (mural con 200 kilogramos de pintura, de120 metros de longitud y 12 metros de anchura).
Y, el 15 de abril, integrantes de la Comissió Ciutat-Port participaron en una jornada que organizó la Campaña Stop Creuers en Barcelona, contra la industria turística de los cruceros en el Mar Mediterráneo; el 3 de abril, también se reunieron en Bruselas con diputados del Parlamento europeo y la Comisión Europea.