Tiene seis procesos abiertos y ya ha sido
condenado por un séptimo, la quiebra de seguros Mercurio. El juez le inhabilitó 15 años para administrar bienes ajenos y
le impuso el pago de 12,1 millones de euros.
del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, detenido en el marco de la «Operación Crucero» por presunto blanqueo de capitales
y ocultación de bienes a sus acreedores mayoristas, acumula otras dos causas en la Audiencia Nacional
además de procedimientos en otros juzgados penales y mercantiles.
Tras dejar la máxima responsabilidad en la
patronal ya ha sido condenado en una causa el pasado mes de mayo. El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró a
Díaz Ferrán culpable de la quiebra de Seguros Mercurio y le impuso a él y a su socio Gonzalo Pascual 15 años de
inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como el pago de 12,1 millones de euros para cubrir
deudas de la aseguradora.
Esta sentencia concluyó que «las operaciones (de vaciamiento patrimonial) descritas fueron
decididas en exclusiva por Díaz Ferrán y Pascual, accionistas prácticamente únicos no sólo de Seguros Mercurio,
sino del resto de sociedades del grupo, bien directamente o a través de otras sociedades patrimoniales».
A la investigación impulsada
este lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se une la que instruye su compañero en el Juzgado Central de
Instrucción número 1, Santiago Pedraz, que investiga al expresidente de la patronal por la presunta apropiación
indebida de 4,4 millones de euros de Marsans procedentes de clientes minoristas del grupo turístico.
En esta
causa, Pedraz imputó tanto a Díaz Ferrán como a su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, al considerar que existen indicios
de que «se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de
billetes». Según la Fiscalía, Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron el dinero depositado por sus reservas
de viajes cancelados, cuyo destino se investiga.
Los problemas de Marsans comenzaron con la falta de liquidez, tras verse
arrastrado el grupo por la quiebra de Air Comet. En junio de 2010, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual anunciaron la venta del
grupo Viajes Marsans a la sociedad Posibilitum Business del empresario valenciano experto en quiebras Ángel de Cabo, a la
vez que presentaron su solicitud de concurso de acreedores con una deuda de 183 millones de
euros.
Desde
entonces, tanto los acreedores como el Ministerio Fiscal les han demandado junto a Posibilitum ante los juzgados
mercantiles y la Audiencia Nacional por presunto vaciamiento patrimonial de la compañía
turística.
La
investigación llevada a cabo por el juez Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, está
relacionada con el supuesto vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet –cuyo cierre dejó a 25.000
afectados sin expectativas de cobro–, e incluye el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos
fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia.
Esta causa tiene su origen en las querellas
presentadas por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur, y el grupo Orizonia, contra el empresario y su socio, ya fallecido,
Gonzalo Pascual, y contra el nuevo dueño del grupo turístico, Ángel de Cabo.
Las compañías hoteleras denunciaron a los
tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y
personales para evitar hacer frente a la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
En el
curso de esta investigación, el pasado 5 de junio, el juez Velasco ordenó el bloqueo del yate del expresidente de la CEOE,
atracado en el puerto de Barcelona.
La tercera causa que tiene Díaz Ferrán en la Audiencia Nacional es la relacionada con un
presunto delito fiscal que tanto él como su socio habrían cometido en la operación de compra de
Aerolíneas Argentinas en 2002. El juicio está señalado para febrero ante el Juzgado Central de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
La Fiscalía pide para Díaz Ferrán y para el ex presidente de Air Comet (compañía aérea de Marsans)
dos años y cuatro meses de prisión y una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la
Hacienda Pública tras la compra de Aerolíneas Argentinas al Estado.
Además, el nombre de Díaz Ferrán también aparece en uno de los
informes incluidos en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga una presunta estafa en la
emisión de pagarés de Nueva Rumasa (grupo comprado por Ángel del Cabo en septiembre de
2011).
Según
consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía enmarcada en la investigación de
Ruz, Díaz Ferrán y De Cabo desviaron a Suiza 4,9 millones de euros que procederían del Grupo Marsans.
Esta cantidad, que fue bloqueada por la Fiscalía de Ginebra, procedería de fondos remitidos desde la filial irlandesa de
Marsans Astra Worldwide International a la sociedad Aszendia Asociados 21, propiedad de Ángel de Cabo.
El Juzgado de lo Mercantil número 9
de Madrid tiene previsto interrogar el próximo miércoles a Díaz Ferrán en calidad de imputado por la aprobación de un
crédito de 26,6 millones de euros que la entidad Caja Madrid concedió al empresario. El día 5 también está
prevista la comparecencia como imputado del ex presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa.
En diciembre de 2010, siendo aún presidente
de la CEOE, Díaz Ferrán fue interrogado como imputado por el juez de Instrucción número 8 de Palma de Mallorca en la
operación Mar Blau, como propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, que investigaba una
presunta trama de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).
Finalmente, a estas causas penales habría
que sumar las concursales que sustancia el Juzgado Mercantil número 12 de Madrid en relación con Marsans y con
Aerolíneas Argentinas.
El pasado mes de junio, la administración concursal de Viajes Marsans solicitó la pena máxima de
15 años de inhabilitación para ejercer como gestores de empresas para Gerardo Díaz Ferrán y su socio ya fallecido Pascual
por su culpabilidad en la insolvencia de la compañía turística, quebrada en junio de 2010 con 183 millones de euros
de deudas.