El enésimo martirio del laicismo en Valencia.

El Sr. Mario Puga, cofrade de S. Vicente Mártir de Alicante y miembro de Amigos la Via

Augusta de la Comunidad Valenciana, según afirma representar, reclama algo para él muy obvio como es la donación de La

Roqueta al Arzobispado de Valencia y pretende redimir con esa petición lo que él llama “ el segundo martirio de San

Vicente”.

Si, antes de que los deseos del Sr. Puga se cumplan, la Iglesia

Católica ya es la mayor propietaria de inmuebles en España (sin contar fincas rústicas), lo que este señor propone es

poner nerviosa a la Duquesa de Alba ante la posibilidad de ver acrecentada su distancia con la Iglesia Católica en el

ranking de mayores propietarios de España. Bien es verdad que ésta inició sus adquisiciones gratuitas en el siglo IV y en

cambio la Casa de Alba sólo la inició, mediante conquista o compra, en el siglo XVI. Pero, al ritmo que vamos, la distancia

va a ser insalvable..

Ya nos llama la atención el hecho de que entre las nuevas medidas del Gobierno para

disminuir el déficit público no se haya tocado ninguna de las partidas correspondientes a la Iglesia Católica, ni se haya

procedido a la denuncia del Concordato con la Santa Sede, cuyo costo para los españoles excede los 10.000 millones de

Euros anuales, tras la generosa revisión que llevó a cabo el Gobierno anterior. Pero es que si, además, la Iglesia

Católica, a través de sus organizaciones civiles, accede gratuitamente a nuevos bienes comunales, ya el escándalo toma

proporciones de sarcasmo.

Una Iglesia y sus Cofradías deben financiarse con las aportaciones de sus feligreses y

socios o cofrades. Si, con dichas aportaciones, pueden ir adquiriendo las propiedades que consideren necesarias, nada hay

que objetar. Si el Arzobispado de Valencia o la Cofradía de San Vicente Mártir quieren adquirir La Roqueta, que la compren

y cumplan con su necesaria conservación. El uso que den a esa propiedad no podrá ser criticado si se preserva su valor

histórico.

Pero, por favor, no empobrezcan más el patrimonio común de los valencianos con

peticiones de este tipo.

Antonio Pérez Solís*

*Respuesta del presidente de

Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL) al artículo: