«…los
extranjeros, estén o no en situación irregular, tendrán que completar un expediente administrativo para solicitar abogado de
oficio y beneficio de justicia gratuita, …[que]… exige aportar documentación procedente de Hacienda y Seguridad Social
[…] imposible de obtener cuando ni siquiera se dispone de un NIE.»
Un reportaje de CARLOS MONTOUTO. Abogado
y Secretario de la Sección de Extranjería del ICAV.
Los Inmigrantes irregulares tendrán mucho más difícil el
acceso al Abogado de Oficio. La Comisión de Justicia Gratuita, dependiente del Consell, acordó definitivamente, con la
oposición de los Colegios de Abogados, modificar el acceso a la Justicia Gratuita de los irregulares imponiéndoles requisitos
documentales imposibles de cumplir.
El 3 de noviembre de 2008, Omar Bin Laden, el
hijo más mediático de los 19 vástagos de Osama Bin Laden, tras aterrizar en Barajas procedente de El Cairo, decidió pedir
Asilo Político en España, al amparo de la legislación española y los Convenios internacionales en materia de asilo y refugio.
Aunque el Mº del Interior, Pérez Rubalcaba, se comprometió públicamente a resolver su petición de forma urgente, ni siquiera
agotó las 72 horas que anunció, para denegarlo. Pero a la lideresa madrileña, Esperanza Aguirre, no le pareció suficiente, y
menos aun, cuando supo que los mecanismos legales por los cuales el hijo “pacifista” del enemigo público nº 1 estaban
retrasando su “retorno” al aeropuerto del que procedía, tenían que ver con la intervención de una abogada de oficio que
pagaba ella, o para ser más exactos, los fondos que asigna (tarde y mal) al turno de oficio, la Comunidad Autónoma que
preside, a través de su Comisión de Justicia Gratuita.
Aunque la letrada de oficio no hizo más que cumplir su obligación
profesional, conforme establece la ley de Asilo (instó la revisión en 24 horas de la denegación de asilo e interpuso un
recurso contencioso administrativo con medidas cautelarísimas, que le fueron denegadas de inmediato) se quejó públicamente de
que la justicia española les había dado “excusas ridículas que no tienen nada que ver con el Estado de Derecho, y que están
más relacionadas con motivos políticos”.
Lo que nunca imaginaron Omar Bin Laden, quien fue regresado a El Cairo de
inmediato, pese a la amenaza evidente de ser secuestrado allí por los servicios de inteligencia saudíes que le estaban
esperando, ni la abogada de oficio que se limitó a cumplir con su obligación, es que acababan de destapar la caja de los
truenos para el ingente colectivo de ciudadanos extranjeros en situación irregular en nuestro país. La llamada “hooligan del
PP”, Doña Esperanza, se había enterado de que era ella quien pagaba a los molestos abogados de los extranjeros, y amenazó con
que eso no ocurriría más bajo su mandato. Dicho y hecho. En Enero de 2009, importantes colectivos de letrados del Colegio de
Abogados de Madrid, fueron a la huelga, protagonizaron encierros, amenazaron con colapsar el servicio en los Juzgados de
Plaza de Castilla y en el mismo Aeropuerto de Barajas, e incluso llegaron a plantear una moción de censura contra su Decano,
por vez primera en España.
¿Las razones?: El sempiterno retraso en el pago del turno de oficio, endémico en todas
las administraciones autonómicas, que recurren a trucos presupuestarios como pagar con los presupuestos del año siguiente, y
además con retrasos de más de 6 meses en la mayoría de los casos.
Pero sobre todo, los acuerdos alcanzados en aquellas
navidades por el Decano del Colegio de Madrid, con el nº 2 de la lideresa, Francisco Granados, entonces bajo el foco público
por el asunto de los espías, con los que se iniciaba la privatización paulatina del servicio de turno de oficio (encargando
algunos de los servicios encomendados históricamente a los colegios profesionales, a grandes despachos “de confianza” del
partido en el poder, como la “Fundación Cremades & Calvo Sotelo”), y sobre todo reformando los criterios de acceso al
Beneficio de Justicia Gratuita, bajo un argumento tan peregrino como perverso, defendido a capa y espada en todas sus
comparecencias públicas por Francisco Granados: “la igualdad ante la ley requiere que si a los españoles se les exige
acreditar que carecen de medios económicos para obtener el beneficio de pobreza, no hay razón alguna para discriminarlos
frente a los extranjeros, a quienes no se les exige”. Olvidaba el representante público que la Constitución y los Tribunales
tienen establecido que es profundamente injusto, desigual y antidemocrático tratar igual a los desiguales.
Pero el
órdago lanzado por el PP madrileño era demasiado tentador para cualquier Comunidad Autónoma, que vería así cómo recortar
partidas presupuestarias con un argumento populista, aunque profundamente injusto. Aunque ya se sabe, el derecho de
extranjería, es uno de esos espacios donde los políticos siempre pueden imponer su demagogia, porque al fin al cabo, forma
parte de ese llamado “derecho del enemigo”, el derecho de los otros, ese donde todo está justificado para combatir al enemigo
(los extranjeros, los menores no acompañados, las mujeres insumisas con el patriarcado), aunque sea a costa de socavar los
principios fundamentales del Estado de Derecho, con la connivencia de muchos Tribunales, siguiendo las tesis de combate del
Estado contra el terrorismo y el crimen organizado iniciadas por el Gobierno Bush desde el 11-S, porque en todo caso, ellos
no son los nuestros, son los otros.
La corriente iniciada por Esperanza Aguirre con el caso Omar Bin Laden, cuajó
primero en la reciente revisión de la Ley de Extranjería, en el pasado Diciembre, cuando con la modificación del artículo 22
que regulaba la asistencia jurídica a los extranjeros, pasó a exigirse apoderamiento específico del extranjero a favor del
abogado para recurrir en los Tribunales las decisiones contrarias de la Policía en materia de expulsiones y de las Oficinas
de Extranjeros en materia de residencia, trabajo y otras.
Pero en Valencia, el artículo 33.1 del Decreto Autonómico en
materia de Justicia Gratuita vigente desde 2001, tenía conferida ya la representación procesal a los Abogados de Oficio
designados al inicio o incoación de los expedientes de expulsión, cuando el extranjero en situación irregular se encuentra
detenido. Durante 2009 la Abogacía del Estado y distintos Secretarios Judiciales de los Juzgados Contenciosos empezaron a
cuestionar en juicios concretos la representación que ostentaban los abogados de oficio, sin terminar de conseguirlo, pero
abonando el terreno, hasta que el Presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ valenciano, D. Edilberto Narbón,
aprovechando el nuevo contenido del artículo 22 de la Ley de Extranjería, dictó en noviembre Sentencia que zanjaba la
cuestión a favor de la aplicación del derecho del enemigo. El acoso y derribo al acceso del extranjero, sobre todo en
situación irregular, al abogado de oficio, se iba cerrando.
De ahí a que pasara a aplicarse la doctrina Aguirre en
Valencia, sólo quedaba un paso. A finales de Enero 2010, la Comisión de Justicia Gratuita, compuesta por dos representantes
del Consell, otro de la Fiscalía, otro de la Abogacía del Estado y los dos Decanos del Colegio de Abogados y de Procuradores,
dieron el paso definitivo, con la oposición de estos últimos. A partir de ahora, los extranjeros, estén o no en situación
irregular, tendrán que completar un expediente administrativo para solicitar abogado de oficio y beneficio de justicia
gratuita, que pone en evidencia la demagogia xenófoba que se esconde detrás de la medida, pues exige aportar documentación
procedente de Hacienda y Seguridad Social, entre otros organismos, que es imposible de obtener cuando ni siquiera se dispone
de un NIE, razón por la cual, hasta ahora, se presumía que la condición de irregular equivalía a la declaración de pobreza
necesaria para la concesión del beneficio y la asignación del abogado de oficio, pues el irregular, por definición, no puede
trabajar en España. No completar el expediente implica necesariamente la denegación de estos beneficios legales.
Además
del recurso que ya prepara el Colegio de Abogados de Valencia (en caso de no llegar a una solución “in extremis”), contra un
acuerdo escondido entre bambalinas durante 2 meses por el Consell, probablemente buscando acomodo al discurso integracionista
del Conseller Blasco, que queda muy mal retratado con esta medida, por más que reciba Premios por su supuesto perfil
“integrador y progresista”, tal y como era descrito en el recientemente otorgado por la Plataforma Española de Federaciones
Islámicas, que tal vez reconsidere a quien ofrece esa clase de premios de ahora en adelante; es la propia burocracia interna
del Consell la que puede acabar actuando de freno definitivo para una medida tan absurda en el plano práctico, como
demagógica en el plano político, pues los retrasos constantes en la tramitación de estos expedientes y la imposibilidad de
cumplimiento de lo ordenado, suponen un verdadero inconveniente para las administraciones encargadas de emitir los
certificados requeridos.
Mientras se siguen eliminando garantías legales de los ciudadanos en situación más débil
frente a la Administración, nuestros políticos siguen brindando por la impunidad que las garantías judiciales exigidas por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, les facilita en el caso Gürtel. Pero claro, ellos son de los nuestros, no son los
otros, no son el enemigo.
carlos_montouto@monases.com