Ha comenzado con unos compañeros a organizar el grupo “Ensorrem fronteres”, para reivindicar la libre circulación de personas inmigrantes y refugiadas. Antes, en octubre de 2016, hizo un primer viaje a Grecia con el fin de traer a España a un niño refugiado del Kurdistán. No se encontró con controles exhaustivos. Pero en un segundo viaje resultó detenida, el 27 de noviembre de 2016, en el aeropuerto de Atenas, cuanto retornaba al estado español con otro niño kurdo sin la documentación en regla y al que hacía pasar por su hijo. “Los controles fueron bestiales y detenían a todo el mundo”, recuerda Lola Gutiérrez, educadora social, trabajadora de la Diputación de Barcelona y miembro de la sección sindical de CGT en la corporación. Se le consideró persona “peligrosa para el Estado griego”, y se exponía a una pena de prisión que oscilaba entre los cinco y los diez años. Opina que todo quedará finalmente en una multa. Actualmente está pendiente de juicio en el país heleno, sin que haya fecha de celebración prevista. “Su justicia es más lenta aún que la española”, explica antes de participar en un acto de les Jornades Anarsindicalistes-2017 de CGT-València, organizado en la Facultat de Filosofia y Ciències de l’Educació.
Lola Gutiérrez pasó tres días en los calabozos policiales y otros ocho en el Centro de internamiento de Extranjeros de Elliniko, en Atenas. Su caso permaneció invisibilizado y, si al final salió del CIE, fue “gracias a la presión de los compañeros de la CGT de Barcelona y Catalunya”, según explica. “La vida allí era un caos, la gente se queda durante mucho tiempo en el centro de internamiento sin tener siquiera la primera entrevista para solicitar asilo”, lamenta la sindicalista. En el CIE conoció a madres de nacionalidad siria separadas de sus hijos, cuyo paradero desconocían. Tal vez su activismo social se explique como una forma de respuesta a las políticas de migración y refugio de la UE: “Es una manera como cualquier otra de asesinar personas; pero la gente continuará viniendo, porque huyen de situaciones de guerra”. Fue deportada y el pasado ocho de diciembre aterrizó en el aeropuerto barcelonés de El Prat.
Manuel Bustos, del Partit dels Socialites de Catalunya (PSC), se inició como concejal en el Ayuntamiento de Sabadell en 1991; ocupó la alcaldía desde 1999 hasta que presentó su dimisión en febrero de 2013, al resultar imputado en la llamada “Operación Mercurio”, una trama de corrupción urbanística con epicentro en el consistorio vallesano. En febrero de 2016 el Tribunal Supremo ratificó una condena de un año y cuatro meses de prisión y multa de 60.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a Manuel Bustos. La resolución judicial consideraba probada la influencia del primer edil en la concesión de un cargo directivo a una persona afín en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona). Con la misma pena y en la misma causa resultó condenado el hermano del alcalde, Francisco Bustos, en aquel momento secretario de la Agrupación del Vallés Occidental Sud del PSC.
Bustos desempeñaba la alcaldía de Sabadell el 27 de septiembre de 2003. Esa noche la Brigada de Intervención Rápida (policía antidisturbios) del consistorio se estrenó con “cargas” en el bar Bemba -un señero punto de reunión para la juventud crítica y militante de la ciudad- y en las calles adyacentes. Los enfrentamientos se saldaron con 11 detenidos y más de una veintena de heridos. “Son 14 años a la espera de juicio”, critica Manuel Quesada, secretario general de la Federación Local de la CGT de Sabadell y uno de los procesados. Sobre los activistas pesan acusaciones de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, entre otros cargos, que podrían suponer hasta dos años y medio de prisión. El juicio tenía fecha prevista para el pasado 27 de abril, pero se suspendió, apunta Quesada, “porque supuestamente faltaban testigos de la policía; pero no podemos creer que esto sea cierto después de tantos años”. La convocatoria se pospuso hasta el 18 de enero de 2018. Los encausados argumentan que la noche de autos se hallaban en la calle, junto a los policías y “dirigiendo la operación”, el alcalde Manuel Bustos, Francisco Bustos (entonces regidor de Seguridad Ciiudadana) y el concejal Josep Ayuso, actual portavoz del PSC en el Ayuntamiento vallesano. Entre los hitos de la movilización popular destaca una manifestación que reunió a 3.000 personas el cuatro de octubre de 2003 en las calles de Sabadell; y una concentración y “cacerolada” frente al consistorio, a la que asistieron una semana después cerca de 2.000 personas.
En la mesa redonda titulada “Lucha y represión ¿Cómo podemos responder?” ha participado Ermengol Gassiot, profesor (interino) de Arqueología en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la sección sindical de CGT en esta universidad. Se vio implicado en el caso denominado “Som 27 i més”, que se inició con la denuncia del rectorado de la Universitat Autònoma a 27 personas por unas protestas sucedidas en el curso 2012-2013. Se trata, en concreto, de la okupación y “encierro” durante un mes producida en el edificio del Rectorado. “Manifestamos entonces una serie de reivindicaciones de índole social, sindical, política y universitaria, pero el rector no hizo caso a ninguna de ellas”, recuerda el sindicalista. En la primera parte del “encierro” se desarrollaron charlas y diferentes actividades, pero en la segunda se llevó a término un “bloqueo” de las instalaciones, con el fin de encontrar una salida a la situación. La respuesta de la cúpula universitaria fue presentar una denuncia ante los Mossos d’Esquadra.
Cuatro años después de los hechos, cada uno de los 27 procesados afronta peticiones de pena por parte de la Fiscalía de entre 11 años y medio y 14 de prisión; una multa por valor de 10.000 euros y una responsabilidad civil subsidiaria –para todos los procesados- que suma 385.000 euros. Además, una petición para cada encausado de cinco años de alejamiento de la universidad. “Estamos a la espera de que resuelva el recurso interpuesto por una de las encausadas, y entonces nos presentarán el escrito de acusación y la fecha de juicio”, explica Gassiot. Además de la interposición de la denuncia, “la universidad ejerció un papel muy activo en la construcción del ‘relato’ de los hechos, que finalmente ‘compró’ la Fiscalía”, agrega el activista de la CGT. “La institución universitaria llegó a presentarse como acusación particular, y para ello recurrió a los servicios del abogado Cristóbal Martell”. El bufete de este letrado ha ejercido la defensa de la familia Pujol, alguno de los procesados en el caso Nóos, la trama Gürtel o el futbolista Lionel Messi, entre otros. La Plataforma “Sóm 27 i més” menciona a tres altos responsables universitarios de la época, que elaboraron los argumentos (“un entramado para derribar la institución”) después recogidos por el fiscal. El rector Ferran Sancho; la secretaria general y número dos de la institución, Judit Soler; y la vicerrectora de Estudiantes y Cooperación, Silvia Carrasco.
Conductor de autobuses en la empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Saturnino Mercader es secretario de Acción Sindical de la CGT de Catalunya. Recuerda la huelga general del 29 de marzo de 2012 como una jornada muy tranquila y con gran seguimiento de los paros. Por la mañana participó en un piquete. Cuando retornaba a su casa en el barrio barcelonés de Sant Andreu, observó a dos policías de la Guardia Urbana de Barcelona “que de manera muy violenta” procedían a la detención de un sindicalista integrante de los piquetes, Roger Sánchez. “Me acerqué a los guardias para recordarles que era un día de huelga general, y no emplearan esos métodos”, cuenta el activista de la CGT. Los agentes, que ya le conocían, le espetaron: “Bueno, ya sabrás de nosotros”. Pocas fechas después, relata Saturnino Mercader en la puerta de la Facultat de Filosofia de València, un atestado policial le acusaba de “dirigir a un grupo de jóvenes de estética okupa que puso en riesgo la integridad física de la policía”.
A Roger Sánchez, que permaneció detenido durante 27 horas en los calabozos policiales, se le acusó de resistencia a la autoridad y un doble delito contra los derechos de los trabajadores, con una petición fiscal de seis años de prisión. Para Mercader la fiscalía solicitaba dos años de cárcel por resistencia a la autoridad. En respuesta a los procesamientos se organizó el “Grup de Suport amb Roger i Mercader”, que desplegó acciones de apoyo y movilizaciones, como una en el Barrio de Sant Andreu en la que participaron cerca de 300 personas. En junio de 2015 el Ayuntamiento de Barcelona se retiró de la acusación particular contra los dos sindicalistas, “gracias a la solidaridad y la presión popular”, subraya Saturnino Mercader. El cinco de abril de 2016, cuatro años después de los hechos, se celebró la vista oral en el Juzgado de lo Penal número dos de Barcelona. “Jugar con el tiempo ha sido una constante por parte de la autoridad judicial”, criticó la plataforma de apoyo. La sentencia, absolutoria para los dos procesados, se dio a conocer a las partes el cuatro de julio, varios meses después de la celebración del juicio.