Las sancionadas participaron en movilizaciones durante la huelga general del Transporte en mayo.
Por Enric Llopis, Publico en Rebelión.
El cartel difundido por la CGT resumía el contenido de la denuncia, de la que se informó -el pasado 23 de octubre- en una rueda de prensa convocada en la sede del sindicato en Valencia: 11 personas represaliadas durante una huelga general de transportes, el 18 de mayo de 2023; “ninguna agresión sin respuesta; frente a la Ley Mordaza, respondemos como clase obrera organizada”.
El secretario general del sindicato libertario en Valencia, Juan Miguel Font, declaró que, tras la aplicación por parte de los agentes policiales de la denominada Ley Mordaza, “las compañeras sancionadas se han negado a pagar la multa, y desde la CGT van a organizarse actos de solidaridad con todas ellas”.
Cuatro meses después de la movilización, el 23 de septiembre, las 11 sindicalistas identificadas por la policía, de las que nueve están afiliadas a la organización anarcosindicalista y dos a la asociación AsseTransporte, recibieron las notificaciones de sanción por parte de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, responsabilidad que ejerce Pilar Bernabé, del PSOE.
El paro general de mayo fue convocado por la CGT en todo el estado español, en el sector de los conductores profesionales urbanos e interurbanos, para reivindicar la aplicación de los coeficientes reductores y por la jubilación a la edad de 60 años.
El día de la huelga, la Federación Local de Valencia del sindicato anarquista anunció, junto a otras centrales sindicales, una concentración en la calle Colón de Valencia, en la que participaron más de un centenar de trabajadoras; la movilización fue “comunicada y autorizada por las autoridades pertinentes”, informó la CGT en un comunicado del 23 de octubre.
La nota informativa incluye el relato de los militantes anarcosindicalistas; así, las organizaciones “decidieron movilizar a los huelguistas, iniciando una marcha (‘totalmente pacífica’) hacia la Plaza del Ayuntamiento, con el fin de tener un mayor impacto y visibilidad”.
El hecho de que la concentración pasara a ser una manifestación fue comunicada al interlocutor policial, agrega la citada fuente; una vez finalizada la acción en la plaza, “11 trabajadoras que portaban la pancarta de cabecera fueron requeridas por varios agentes para su identificación”, sin que se les diera explicación alguna.
En la rueda de prensa, Juan Miguel Font destacó la relevancia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), aprobada en marzo de 2015 durante la presidencia de Mariano Rajoy (PP); “El punto central de la legislación es que atribuye nuevos poderes y facultades a la policía”.
La mencionada ley considera -en el Artículo 36.6- infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, entre otros puntos (las sanciones previstas para las infracciones graves son multas entre 601 y 30.000 euros).
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se impusieron 227.080 sanciones por infracción a los diferentes apartados de la Ley Mordaza (1.871.478 multas desde 2015); el País Valenciano sumó un total de 19.177 sanciones durante 2022 (desde la aprobación de la ley, en los últimos ocho años, 205.734 multas).
“La ley continúa reportando pingües beneficios al Estado”, subraya el secretario general de CGT-València; así, la cuantía recaudada por las sanciones en 2022 fue de 148.397.927 euros en el estado español (desde 2015, cerca de 1.115 millones de euros).
Y en el País Valenciano 10.683.594 millones de euros también en 2022 (cerca de 120 millones de euros entre 2015 y 2022); dado que cuentan con competencias en materia de Interior, los datos de Cataluña, Navarra y el País Vasco se refieren -únicamente- a los expedientes tramitados por la Administración Central.
Se considera el pasado 14 de marzo una fecha clave para una posible reforma de la Ley Mordaza; ese día se frustró esta opción, entre otras razones por el voto en contra -en la Comisión de Interior del Congreso- de la propuesta de reforma por parte de ERC y EH Bildu (consideraron la iniciativa insuficiente e “inasumible”).
Juan Miguel Font ha recordado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tiene precedentes; en concreto, la ley denominada del mismo modo aprobada en febrero de 1992, cuando José Luis Corcuera, del PSOE, ejercía como titular de Interior; conocida como Ley de la patada en la puerta(por el contenido de la regulación de entrada y registro en domicilio por parte de la policía), el Tribunal Constitucional declaró -en noviembre de 1993- inconstitucional la Ley Corcuera.
Concentraciones en el Congreso de los Diputados y ante las Delegaciones del Gobierno; además de en Valencia, se convocaron el pasado 18 de mayo movilizaciones -por la jubilación digna y la aplicación de los coeficientes a los transportistas profesionales– en Barcelona, Salamanca, Almería, Madrid, Burgos, Sevilla, Cádiz, Málaga o Valladolid, entre otras ciudades.
El llamamiento a la huelga general de 24 horas ese día, en el sector del Transporte Profesional por Carretera (de viajeros y mercancías), fue realizado por el Sector Federal de Transporte por Carretera (SFTC) de la CGT.
El secretario general de la CGT en el País Valencià y Murcia, Juan Ramón Ferrandis, ha subrayado la importancia de que tanto el Gobierno central como los autonómicos atiendan al Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, que regula el procedimiento para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
Entre los supuestos de aplicación, el Decreto hace referencia a “actividades laborales (…) cuya realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad (…)” (Artículo 2).
En el llamamiento a la huelga de mayo, portavoces de SFTC-CGT criticaron la falta de respuesta por parte de las diferentes administraciones, “mientras crece la siniestralidad en el sector” de los transportistas; también apelaron a la “seguridad vial”, la necesidad de “compensar la penosidad a una profesión infravalorada”, y concluyeron: la no aplicación del Decreto “cuesta vidas”.