CGT València denuncia la doble vara de medir del Estado: multas para quienes protestan y vía libre para los antidisturbios

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de València queremos denunciar la hipocresía del Ministerio del Interior ante el uso de botes de humo y otros elementos en las movilizaciones sociales.

Tras las protestas del pasado 11 de noviembre y las lamentables actuaciones policiales que se produjeron durante las movilizaciones, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha anunciado cambios en los protocolos de intervención policial. Sin embargo, detrás de esos anuncios sigue estando la misma lógica: justificar la actuación de los antidisturbios mientras se persigue y sanciona a quienes salen a la calle a defender sus derechos.

Interior pretende normalizar el uso de los llamados artificios ATL, presentados como generadores de una «nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo». Una explicación que contrasta con lo que vivimos quienes hemos sufrido las cargas y las intervenciones policiales en manifestaciones y protestas.

Pero hay algo todavía más grave. Lo que para la policía se presenta como un recurso legítimo, para quienes protestamos puede convertirse en motivo de sanción y persecución económica.

Dos varas de medir: una para la policía y otra para quienes luchamos

En CGT València conocemos bien esta realidad. Nuestra organización ha recibido reiteradamente multas de cientos de euros al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, por el uso de botes de humo y material pirotécnico durante movilizaciones sindicales y sociales. Ha ocurrido en manifestaciones del Primero de Mayo y en otras convocatorias en defensa de los servicios públicos y los derechos de la clase trabajadora. Acciones realizadas de forma pacífica, con las debidas distancias de seguridad y sin otro propósito que dar visibilidad a nuestras reivindicaciones.

La contradicción es evidente: cuando los antidisturbios utilizan gases y artificios de humo, Interior habla de dispositivos controlados y no lesivos, pero cuando se utilizan en una movilización obrera, aparecen las denuncias, los expedientes sancionadores y las multas. No hablamos de una cuestión técnica ni de una discusión sobre el material utilizado, hablamos de quién tiene permiso para ejercer la fuerza y quién acaba pagando por ejercer su derecho a protestar.

Las sanciones económicas también tienen un efecto político: desgastar a las organizaciones, poner dificultades a su actividad sindical y hacer que participar en una protesta pueda salir caro. Es otra forma de intentar silenciar la disidencia.

La protesta no se multa: se defiende

Desde CGT València no vamos a aceptar que se pretenda convertir la protesta social en un problema de orden público mientras se normalizan las actuaciones policiales contra quienes ejercen sus derechos.

Por ello seguiremos exigiendo la derogación de la Ley Mordaza, una herramienta que sigue utilizándose para sancionar y dificultar la protesta social. No aceptamos que se llame inocuo a lo que utiliza la policía y peligroso a lo que utiliza la clase trabajadora para hacerse visible en la calle.

Los derechos no se mendigan ni se defienden desde la obediencia. Se conquistan mediante la organización, la movilización y la lucha colectiva.

¡Basta de criminalizar la protesta!

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