Ha emprendido una campaña para que lo que denomina “enchufados orgánicos” no se beneficien de
indemnizaciones en los procesos colectivos de despido.
El proceso de reestructuración del sector público
empresarial y fundacional de la Generalitat, que el Consell ha emprendido dentro de su programa de recortes ante la crisis,
puede traer cola. Al menos, en los tribunales. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emprendido una campaña para
que lo que denomina “enchufados orgánicos” no se beneficien de indemnizaciones en los procesos colectivos de despido.
La CGT, que lleva tiempo denunciando el abuso del nombramiento a dedo en órganos y sociedades dependientes de la
Administración autonómica, ha enviado escritos a todos los consejeros en los que advierte de que denunciará a la Fiscalía
Anticorrupción las “medidas” que el Consell prepara si tienen como consecuencia “el pago indebido de millones de euros en
indemnizaciones”.
El sindicato calcula que, de los más de 12.000 empleados en entes públicos del llamado sector
empresarial de la Generalitat, más de 4.000 han accedido a su puesto mediante una entrevista personal, sin recurrir a
“principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad”. Por eso plantea que, antes de plantear
expedientes de regulación de empleo (ERE) que podrían afectar a unos 5.000 empleados, se revisen las situaciones de
enchufismo y los consejeros las anulen “en ejercicio de sus facultades administrativas” como presidentes de las empresas y
entes que dependen de sus departamentos. Las medidas de regulación de empleo, según CGT, pueden “encubrir un ERE
fraudulento”.
Adolf Beltran / Jaime Prats Valencia. El País – 14 julio 2012