24-f València: Concentració protesta contra la política ambiental destructora del PP .

Dimecres 24 de febrer a les 10h30
Davant de Conselleria de

Medi Ambient (C/ Francisco Cubells, 7, València).

CONCENTRACIÓ PROTESTA contra la

política ambiental del PP consistent en
 Privatitzacions del servei públic (anul·lació de la garantia

d’imparcialitat desviant decisions a empreses)
 Opacitat en evaluacions d’impacte ambiental, en tramitacions

de PAI’s, d’autoritzacions ambientals a grans empreses contaminants, d’ajudes a l’habitatge… (tota la informació en el

texte)
Convoquen: CGT, Intersindical Valenciana, CAT, IGEVA i col·lectius socials com Salvem El Cabanyal, Ecologistes

en Acció, Agró-Acció Ecologista, Gecen…
Concentración protesta contra la política ambiental destructora del Partido

Popular.

Razones
El 7 de febrero de 2008 comenzaron una serie de movilizaciones en la

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, apoyadas por los sindicatos STAPV, CAT, UGT, CCOO, CSIF, IGEVA y

USO, con el fin de denunciar y poner fin a las ilegalidades e irregularidades en la política de personal, que repercuten de

forma negativa en la ejecución de las competencias de la Conselleria en materia ambiental y urbanística fundamentalmente.
Entre las reivindicaciones cabe destacar dos:
  Que se ponga fin a la actuación de la Conselleria que está

privatizando el servicio público de forma escandalosa y contra la Ley, encomendando a personal externo, de empresas públicas

(VAERSA e IVVSA) y de empresas privadas (ejemplo INDRA) el ejercicio de potestades públicas, reservadas por la ley a los

funcionarios públicos, lo cual menoscaba los principios de independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las

funciones públicas. Esta es la principal reivindicación, que además creemos que la sociedad debe conocer, puesto que con

ello, se está poniendo en peligro, la prestación misma del servicio público con imparcialidad y objetividad, y el

sometimiento al principio de legalidad de las actuaciones públicas.
Ejemplos claros de esto lo tenemos en materias de

la trascendencia de la evaluación del impacto ambiental, la tramitación de instrumentos de planificación urbanística como los

famosos PAI y otros instrumentos de planificación y ordenación del territorio, las autorizaciones ambientales integradas a

grandes empresas contaminantes y generadoras de residuos, la tramitación de las ayudas para vivienda, la instrucción de

procedimientos sancionadores por incumplimientos de la legislación ambiental y urbanística, etc.
  Que se ponga fin a la política de

privatizaciones realizada de forma contraria a la ley, y de forma absolutamente ineficaz y derrochadora de los fondos

públicos, puesto que está suponiendo un mayor coste por la realización de las mismas funciones que antes realizaba el

funcionario/a públicos.
Desde entonces los trabajadores y trabajadoras de la Conselleria han realizado y siguen

realizando concentraciones de protesta un día al mes, exigiendo soluciones a la problemática planteada.
No ha habido

respuesta por parte de las Consellerias implicadas, la de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda, la de Justicia y

Administraciones Públicas y la de Economía, Hacienda y Empleo.
Ante esta actitud que consideramos totalmente

reprobable y desafiante de la Administración del Consell, que persigue anular el papel esencial que la Constitución otorga al

funcionario/a públicos en la prestación de los servicios públicos, que es el de velar por el cumplimiento de la Ley y del

interés general, los funcionarios y funcionarias de la Conselleria pretenden lanzar un mensaje a la sociedad, a través de

colectivos sociales afectados por una política pública depredadora del territorio, ambiental y urbanística, como puedan ser

plataformas de afectados por abusos urbanísticos, colectivos ecologistas y ambientalistas que asumen la defensa colectiva del

territorio y del medio ambiente, etc, mensaje de rechazo y protesta frente a los mecanismos ideados por el poder político del

partido popular, para anular cualquier movimiento de oposición frente a esa política y, en este caso, mediante el

apartamiento del funcionario/a público, quien tiene atribuida las competencias por la Ley para defender la legalidad y el

interés público.
Esta problemática ha sido puesta de manifiesto por instituciones como el Síndic de Greuges y la

Sindicatura de Cuentas, y ha motivado la interposición de recursos judiciales por algunos sindicatos.

¿Qué pretende el Consell?
Su política respecto al personal funcionario lleva a la más absoluta

defenestración, vaciando de contenido su naturaleza y su función esencial de velar por el cumplimiento del ordenamiento

jurídico y de los intereses generales.

¿Qué pretenden los empleados públicos de la

Conselleria?
Frenar el proceso privatizador del Consell, y concretamente el de la Conselleria de Medio

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda porque consideramos que ello está menoscabando la imparcialidad, objetividad y el

sometimiento a la legalidad en la prestación del servicio público, dado que se están usurpando esas funciones al funcionario

público, para ejercerlas personal contratado laboral, seleccionado sin los debidos sistemas que garanticen los principios de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, y que, en multitud de ocasiones, actúan al dictado

del político.

¿Qué se persigue movilizando a colectivos sociales que representan intereses generales

afectados por la política depredadora ambiental y urbanística del Consell?
La política del Consell, apartando

a los empleados públicos de su función controladora de la legalidad y del cumplimiento del interés general, allana el camino

para la toma de decisiones contrarias a la legalidad y al interés general.
Por ello, el siguiente paso que se quiere

dar en las movilizaciones del personal de la Conselleria es informar, convocar y solicitar el apoyo de aquellos movimientos

sociales que representan los intereses generales afectados por esta política del Consell que está poniendo en grave peligro

nuestro territorio, mediante una promoción desbocada de procesos urbanizadores, y sin querer poner freno a los graves

impactos ambientales generados por una actividad económica insostenible.
Por estos motivos, queremos hacer un

llamamiento a la movilización conjunta contra una política del Partido Popular agresiva y destructiva del territorio.