Hoy el INE ha publicado los datos correspondientes a 2023 de la Encuesta de Condiciones de Vida (aunque muchos de los datos de esta encuesta se refieren al año anterior, por lo que corresponden a 2022). Se trata de una encuesta relevante, que aporta información sobre los ingresos, desigualdad y pobreza de la población en el Estado español. Lo primero, algunos datos muy importantes:
El 26,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza (indicador AROPE).
El 9,3% de la población llega a final de mes “con mucha dificultad”, y el 13,1% “con dificultad”.
El 8,9% de la población se encuentra en estado de pobreza material severa.
El 11,7% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda (alquiler, hipoteca o recibos)
El 20,7% no puede permitirse mantener la vivienda a la temperatura adecuada.
Los datos muestran cómo la renta media real (teniendo en cuenta la inflación) se estancó en 2022, y todavía no ha alcanzado los niveles previos a la crisis de 2008. Sin embargo, la desigualdad parece haberse reducido en 2022: tras un pequeño pico en 2020, con los efectos económicos derivados del confinamiento y la pandemia, el coeficiente de Gini ha disminuido hasta mínimos de la serie.
Estos datos contrastan con la evolución de otros indicadores relacionados con la pobreza. Un 9,3% llega a final de mes “con mucha dificultad”, y un 13,1% lo hace “con dificultad”. Pero los indicadores más significativos son los módulos de carencia material, que reflejan mejor cómo están afectando las subidas de precios a la vida de la clase trabajadora. Así, aunque en los últimos años la carencia sube ligeramente en la mayoría de los módulos de la encuesta, hay tres módulos que destacan especialmente:
El porcentaje de personas que no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada se ha disparado hasta el 20,7% de la población, prácticamente duplicando el máximo de 2014.
El porcentaje de personas que no puede permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días, también se encuentra en máximos, y alcanza el 6,4%.
Por último, el porcentaje de personas que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal se ha mantenido relativamente estable en el periodo inflacionario, pero se encuentra también desde 2020 en máximos históricos. En este indicador confluyen varias causas: el grave aumento del precio de la vivienda en algunas ciudades, la subida de los tipos de interés, y el incremento de precio de algunos suministros, como la luz y el gas.
Una última cosa. ¿Cómo se explica que disminuya la desigualdad, se mantenga la renta media real, y aumenten estos indicadores de pobreza material? La explicación más plausible es que en este periodo se ha producido un mayor incremento de las rentas más bajas (gracias al aumento de las pensiones y del SMI) que del resto de salarios, lo que ha conllevado una caída de la desigualdad. Sin embargo, el aumento paralelo de los precios ha socavado de forma generalizada el poder adquisitivo, provocando el estancamiento de la renta media real. Además, el hecho de que la inflación se haya producido de forma muy marcada en algunos grupos concretos, como el de los alimentos o la energía, ayuda a explicar que, aunque este incremento se modere en la ponderación del IPC general, subestimando su incidencia, el aumento de precios se capte en indicadores concretos de consumo y carestía material.