Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) para el tercer trimestre de 2023 ofrecen una senda continuista en términos de creación de empleo. El número de personas ocupadas se ha incrementado en alrededor de un 1%, 209.100 personas más con respecto al segundo trimestre, un crecimiento más bajo que en el segundo trimestre (el aumento fue de 603.900 personas). Con este aumento de la ocupación se alcanza una cifra de 21.265.900 personas ocupadas. En cambio, el número de personas paradas también crece este trimestre en 92.700 personas (un 3,36%) y la cifra total se sitúa en 2.855.200. Así, la tasa de paro aumenta hasta el 11,84%.
Al igual que en anteriores trimestres, la composición sectorial del empleo muestra que la creación de puestos de trabajo se ha concentrado durante este último trimestre principalmente en el sector servicios, con un incremento de 138.700 personas ocupadas. En menor medida, también se ha incrementado la ocupación en la industria (98.800), en la construcción (19.500) y ha disminuido, por el contrario, en la agricultura (-27.100). En el marco de este incremento de la ocupación en el sector servicios hay que destacar que una fracción importante de la creación de empleo se ha concentrado en el sector del comercio al por menor (113.600 personas ocupadas más con respecto al trimestre anterior) y la hostelería (47.500). En cambio, el sector de la educación ha perdido 162.300 personas ocupadas con respecto al trimestre anterior.
Acerca de la evolución de la contratación por régimen de dedicación, el empleo a tiempo completo se ha incrementado en 379.700 personas este trimestre; en cambio, el empleo parcial disminuye en 170.600, situando el porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial en el 12,59%. Los contratos a tiempo parcial siguen siendo una fuente de segregación ocupacional, ya que el 73% de las personas con empleos a tiempo parcial son mujeres, de las cuales el 25% reconoce tener un empleo de estas características por cuidados y otras obligaciones familiares, frente al 8% de los hombres con jornada a tiempo parcial. En conjunto, más de 1.283.000 personas (el 48%) con contrato a tiempo parcial reconoce tener este tipo de relación laboral al no haber encontrado un empleo a tiempo completo. Todo ello revela que contamos con una importante bolsa de parcialidad involuntaria en nuestro mercado de trabajo.
Al mismo tiempo, observamos como la realización de horas extras sigue siendo una herramienta común de intensificación de trabajo. Más de 5,8 millones de horas extras se realizan a la semana, de las cuales el 40% son no pagadas. Este mecanismo de intensificación de trabajo y explotación tiene graves consecuencias sobre nuestras vidas. Tanto los accidentes laborales como las bajas por salud mental alcanzan cifras preocupantes. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 373 personas han muerto durante su jornada laboral en 2023 (hasta el mes de agosto, último dato disponible). En 2022 hubo 653.510 accidentes de trabajo con baja y murieron 711 personas, es decir, 3 personas al día mueren durante su jornada laboral. Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las bajas de trabajadores y trabajadoras por motivos de salud mental están batiendo récord: en julio de 2023 (último dato disponible), se habían tramitado casi 338.000 bajas por este motivo.
El aumento de personas desempleadas también ha repercutido sobre el número de paradas de larga duración, con un aumento de en un 2% respecto al trimestre anterior, lo que supone que el 40% de las personas en paro llevan más de un año en esta situación. En concreto, más de 408 mil personas llevan más de un año buscando empleo y 723 mil más de dos años. Las consecuencias de esta cronificación del desempleo de larga duración tienen terribles consecuencias sobre el riesgo de pobreza de estas personas. Uno de los datos más preocupantes son los 578,2 mil hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Un panorama económico y social complicado que impide a muchas personas tener un ingreso mínimo para vivir dignamente, lo que las empuja a una situación de exclusión social y pobreza.
Uno de los colectivos más vulnerables son las personas jóvenes. Su inserción al mercado laboral sigue siendo una de las grandes problemáticas laborales. El desempleo de las personas menores de 25 años se cifra en 518 mil personas, lo que refleja un 27,8% de tasa de paro juvenil. Es evidente que el retraso de la edad de jubilación y la falta de mecanismos efectivos de entrada al mercado laboral suponen un problema para la población más joven. Además de las dificultades para conseguir un empleo, es uno de los colectivos más expuestos a peores condiciones laborales y salariales, lo que supone un obstáculo más a sus trayectorias laborales y vitales.
Y, por último, a nivel regional, también observamos los enormes problemas de desempleo que presentan trimestre tras trimestre algunos territorios. En concreto es preocupante la tasa de paro en Ceuta (27,79%) y Melilla (20,89%), así como en Andalucía (18,67%), Extremadura (16,5%) o en Canarias (15,23%), una realidad laboral que acaba polarizando la situación socioeconómica entre unas autonomías y otras.
Al margen de la actualización de los datos que proporciona la EPA, la realidad sociolaboral ha cambiado sustancialmente tras la reforma laboral, y con ello las formas en que se expresa la precariedad. La temporalidad que caracterizaba a la contratación de una parte importante de la población asalariada ha mutado en una inestabilidad de una contratación indefinida en la que el coste de despido sigue sin ser un elemento disuasorio. En un contexto, además, en que la bolsa de contratación indefinida con poco período de antigüedad es ciertamente elevada, tras el trasvase de la contratación temporal a indefinida a raíz de la reforma. De hecho, alrededor de un 29% del personal ocupado con contrato indefinido tiene una antigüedad menor a los 2 años, en torno a un 10% más que en el último trimestre de 2021, cuando se aprobó la reforma laboral.
El coste de despido ha sido precisamente una de las cuestiones que ha saltado al debate público esta misma semana, tras unas declaraciones de la Ministra de Trabajo y Economía Social en las que afirmaba una reforma del despido con objeto de encarecerlo. Se trata de una de las grandes ausencias en la pasada reforma laboral, que normaliza y consolida el coste por despido especialmente bajo que se instauró en la reforma laboral del Partido Popular en un 2012 atravesado por la crisis económica. Si no hubo acuerdo en el marco del diálogo social entre CCOO, UGT y la patronal sobre este punto en las negociaciones que condujeron a la reforma laboral de 2021, ¿qué hace pensar que la situación ahora es diferente? ¿qué fuerza sindical y social hay detrás para presionar por un encarecimiento del coste de despido?
Estas mismas incógnitas pueden trasladarse a la otra propuesta estrella que ha quedado recogida en el reciente acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar esta semana. Se trata de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5h semanales, una propuesta timorata de partida y que, sobre el papel, contrasta con la penosa situación que vive una parte importante de la población trabajadora. Como apuntábamos en el último número de La Brecha, más de 10 millones de personas trabajadoras tienen una jornada laboral media que supera el actual límite de 40h a la semana. De nuevo, conviene remarcar que ni las declaraciones ni la Ley tienen recorrido pleno y generalizado cuando no existe una fuerza sindical y social que ejerza presión para garantizar que se cumpla. La reducción de la jornada laboral será necesariamente el resultado de las luchas que los y las trabajadoras seamos capaces de impulsar para mejorar nuestras condiciones de vida.
En CGT llevamos años reivindicando y luchando, tanto a nivel general como en la negociación de cada convenio colectivo, por una reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción de salario. Por ello, en CGT siempre estaremos dispuestos a trabajar conjuntamente con quienes vayan en esta misma dirección, sin atajos ni cierres en falso.