La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, ha sido aplicada en mucha mayor medida por los ejecutivos progresistas de PSOE, Unidas Podemos y Sumar, que prometieron derogarla. Tanto es así que de las 2.769.169 sanciones impuestas por vulneración de la norma desde su entrada en vigor hasta 2025, último año del que hay datos oficiales, el 77% se tramitaron con los gobiernos de izquierda que se han sucedido desde junio de 2018 tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia.
A lo largo de las dos últimas legislaturas ha habido en el Congreso de los Diputados varios intentos para reformar la ley mordaza, pero la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios proponentes ha impedido cambiar ni una sola coma de una norma que fue aprobada con el objetivo encubierto, según sus detractores, de reducir las fuertes protestas que surgieron contra los recortes para paliar la grave crisis económica del inicio de la segunda década de este siglo. El último intento fue el acuerdo al que llegaron los grupos de PSOE, Sumar y Bildu en octubre de 2024 para la toma en consideración de la reforma, que, finalmente, ha quedado en agua de borrajas por diferencias, sobre todo, en torno al veto del uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, las sanciones por falta de respeto a las fuerzas de seguridad y la devolución en caliente de migrantes en las fronteras. Una posible reforma ha decaído ahora con la convocatoria electoral.
Ante la falta de acuerdo para su reforma, la ley se ha seguido aplicando tal cual la elaboró el Ejecutivo de Rajoy y con unos números millonarios. A falta de conocer los datos de 2026, que el Ministerio de Interior aún no ha publicado y que este periódico ha solicitado, se han recaudado 1.674,8 millones de euros con las más de 2,7 millones de sanciones impuestas a lo largo de diez años. De ellas, unas 640.000 se interpusieron durante tres años de Gobierno del PP, el 23%, y en torno a 2,1 millones durante siete años de Gobiernos progresistas del PSOE con Unidas Podemos y Sumar, es decir, el 77%.
Al respecto hay que tener en cuenta que las estadísticas del Ministerio del Interior, de las que se extraen estos datos, no recogen las cifras de las sanciones tramitadas por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Comunidad Foral de Navarra; únicamente los expedientes tramitados por la Administración General del Estado en esos ámbitos territoriales, por lo que el número de multas y su cuantía es mayor.
El año con mayor número de sanciones fue 2020, el del confinamiento por la pandemia del covid, cuando se interpusieron 375.930 multas, único ejercicio anual en el que los expedientes por infracciones de seguridad ciudadana han sido superiores a los relacionados con el consumo o tenencia de drogas en espacios públicos, que han sido los más numerosos el resto de años.
Los datos de la última legislatura
En la legislatura que acaba de terminar tras la convocatoria de elecciones generales, y con datos de 2023 a 2025 a falta de los de 2026, las fuerzas de seguridad interpusieron un total de 897.691 sanciones por vulneración de la ley mordaza, con una cuantía global que ascendió a 557,2 millones de euros. De ellas, el 71,2% se debió al consumo o tenencia de drogas y el 17,5% al incumplimiento del articulado sobre seguridad ciudadana, fundamentalmente desobediencia o resistencia a la autoridad y desórdenes en espacios públicos.
El año de la pasada legislatura en el que se registraron más sanciones fue 2024, cuando se interpusieron 327.761 multas, un 15% más que en 2023, según refleja la estadística del Ministerio del Interior.
En 2025 se registró, en cambio, un descenso del 13% de los expedientes sancionadores por la ley mordaza. En este último año evaluado se impusieron 285.418 multas, 42.343 menos que en 2024, lo que supone una media de 782 sanciones diarias, mientras que su cuantía total llegó a los 178,7 millones de euros, 25 millones menos que el ejercicio precedente.
La mayoría de los expedientes, según los datos de Interior, se debieron al uso de drogas en espacios públicos, el 70,5%, y supusieron una recaudación de 131,8 millones de euros. En el capítulo de seguridad ciudadana, el artículo que más multas originó el pasado año, un total de 18.582, fue el 37.4, que sanciona las faltas de respeto y consideración hacia un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
A continuación se situaron las infracciones del artículo 36.6, que registró 17.543 expedientes por desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones o la negativa a identificarse, y las del 36.3, con 5.940 sanciones por causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos u obstaculizar con mobiliario urbano, vehículos, contenedores u otros objetos las vías públicas.
El capítulo de la ley mordaza que menos expedientes origina, 35.457 sanciones, es el referido al uso de armas y explosivos, aunque son los únicos que han aumentado respecto al año anterior, un 6%, con una cuantía total que asciende a 23,8 millones de euros. Dentro de este apartado, el 90,5% de las multas se impusieron por infringir el artículo 36.10, que sanciona portar, exhibir o usar armas prohibidas, o hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.
Andalucía, a la cabeza en sanciones
Por comunidades autónomas, teniendo en cuenta que no están incluidos los expedientes tramitados por los cuerpos de seguridad autonómicos de Catalunya, Euskadi y Navarra, la estadística de Interior refleja que Andalucía es la que más sanciones registró el último año por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana con gran diferencia, 104.512, seguida de Madrid (29.962), Canarias (23.873), Castilla y León (19.460), País Valencià (18.850), Castilla–La Mancha (17.033), Murcia (15.153) y Galicia (12.675). En todas las comunidades ha bajado el número de multas, salvo en dos: Illes Balears, donde se han duplicado, de 2.622 a 5.051, y Extremadura, que ha pasado de 7.908 a 9.144.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y la Plataforma No somos delito, formada por un centenar de entidades de diferentes ámbitos, han exigido en los últimos años, sin éxito, la derogación de la ley mordaza. Al hacer balance en 2024 de los efectos de esta norma, Amnistía denunció la falta de avances para reformarla y puso como ejemplos más sangrantes de su aplicación los casos de un grupo ciudadano de Madrid que acumulaba 20.000 euros en multas por negarse a la tala de más de 1.000 árboles; del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, al que le habían impuesto más de 44.000 euros en sanciones desde 2021; y los 21.000 euros que debían pagar los estudiantes del grupo Defendemos Palestina por una protesta durante la visita de la embajadora de Israel a la Universidad Complutense.
Organizaciones de usuarios del cannabis como Confac, que forma parte de la plataforma No somos delito, también han exigido la derogación de la ley mordaza, ya que entienden que las sanciones por el consumo de drogas en espacios públicos se han convertido, además, en «un impuesto encubierto» en un país donde se acordó despenalizar ese uso.
La gran cantidad de multas que se imponen por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos ha llegado a situar a España entre los países de Europa donde más se sanciona a los usuarios de cannabis. Según el informe del Observatorio Europeo de las Drogas de 2022, nuestro país acumulaba ese año el 43% de todas las infracciones registradas en el continente por consumo o tenencia de cannabis, con cerca de 70.000 intervenciones más que Alemania, el segundo país que registraba un mayor número de sanciones.
FUENTE: Santiago F. Reviejo para PÚBLICO