• Publicación del Gabinete Socioeconómico Confederal de CGT que tiene como objetivo aportar análisis puntuales sobre la actualidad económica y social.
• Inflación y pérdida salarial: La distancia del SMI y el salario medio

La coyuntura actual se encuentra atravesada por un contexto internacional marcado por una elevada incertidumbre económica. La amenaza constante de subidas de aranceles, las tensiones bélicas y las disputas geopolíticas vienen elevando los costes de producción y frenando las perspectivas de crecimiento. De hecho, tanto la eurozona como su principal economía, Alemania, encaran este panorama internacional crecientemente convulso tras experimentar un escenario de estancamiento económico durante los últimos dos años. En cambio, la economía española ha crecido a un ritmo sorprendente durante el último lustro. Mientras los motores de la Unión Europea se gripaban, el PIB de España aumentó el año pasado un 3,2%, y el empleo ha crecido a un ritmo del 2,5% anual desde 2022. Y no sólo eso. La balanza por cuenta corriente cerró en 2024 con un superávit muy elevado, y el endeudamiento respecto al PIB (tanto público como privado) ha disminuido sustancialmente desde la pandemia. Sin embargo, las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras no están mejorado al mismo ritmo.

El crecimiento de la economía española ha estado impulsado durante los últimos años principalmente por dos factores: el gasto público, a través de un rol activo del Estado durante la pandemia y la recuperación posterior; y el consumo privado, debido fundamentalmente al aumento del volumen de empleo. Ambos elementos explican en torno al 75% del crecimiento del PIB español desde 2020 a 2024. No obstante, las bases del crecimiento económico siguen concentrándose fundamentalmente en torno al sector servicios y, en especial, en la actividad ligada al turismo. Un tercio del crecimiento de la afiliación mensual media que se ha producido desde enero de 2021 hasta abril de 2025 se ubica en la actividad turística, una cifra que asciende al 50% de la afiliación si incorporamos a la actividad turística, la comercial y la construcción. Asimismo, es el turismo el sector que dinamiza nuestra inserción exterior, pues se trata de uno de los componentes que en mayor medida contribuye al saldo positivo de nuestra balanza comercial exterior. No obstante, conviene subrayar que se trata de sectores de bajo valor añadido, que enfrentan dificultades a la hora de incorporar a sus procesos de trabajo contenido tecnológico y conocimiento; por el contrario, son intensivos en empleo y caracterizados por presentar altos niveles de precariedad en las condiciones de trabajo.

Precariedad, salarios y beneficios

El mercado de trabajo español mantiene una serie de problemas que el crecimiento macroeconómico no ha corregido. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, el paro juvenil se halla en el 26,5%, uno de los niveles más altos de toda la Unión Europea (UE). El desempleo de larga duración (aquellas personas que llevan un año o más desempleadas) se ha consolidado en torno al 3,9% de la población activa, un nivel más elevado al que existía antes de la crisis de 2008, y muy superior a la media de la UE. Por otro lado, el subempleo, que alude a la situación de las personas con contrato a tiempo parcial que querrían trabajar más horas pero no logran hacerlo, alcanza las 1,4 millones de personas, y nos coloca también en el podio de la Unión Europea.

En este contexto de elevado crecimiento económico, los salarios reales (teniendo en cuenta la inflación) no sólo no han crecido, sino que han disminuido. Si lo comparamos con 2021, en 2022 el salario real por hora fue un 6,2% más bajo, en 2023 un 4,7%, y a pesar de que los salarios nominales han aumentado su crecimiento recientemente, en 2024 todavía se han mantenido un 3,4% más bajos con respecto al año 2021. Esta contracción salarial se suma a unos sueldos ya de por sí bajos, que todavía no han recuperado los niveles previos a la crisis de 2008. A pesar de ello, los trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos (aquellos más próximos al SMI), han visto mejorar su poder adquisitivo, pues el crecimiento del salario mínimo ha superado ligeramente en estos años las subidas del nivel de precios.

Salario medio real por hora efectiva

Coste salarial ordinario por hora efectiva para el conjunto de sectores menos agricultura y actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Frente a esta dinámica salarial, la evolución de los márgenes empresariales dibuja una realidad opuesta. Según los datos de la AEAT, excluyendo los sectores energéticos, de mucha mayor volatilidad, los márgenes empresariales sobre el VAB han aumentado un 3,2% desde 2021, y se encuentran en máximos de la serie. Esta tendencia revela que las empresas están aumentando la proporción del valor añadido del que se apropian frente al colectivo de personas trabajadores, un patrón de distribución primara de la renta inequitativo que ensancha las desigualdades.

Aunque los salarios reales hayan caído, el aumento del empleo ha empujado al alza los ingresos de los hogares. Los trabajadores y trabajadoras cobran, de media, menos por su trabajo, pero trabajan más, por lo que los ingresos anuales aumentan. Sin embargo, en un periodo de crecimiento como este, la renta media ha aumentado únicamente un 1,2% entre 2021 y 2023 (según datos que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida). De nuevo, los sectores más desfavorecidos sí han visto mejorar sustancialmente su situación, pues han reducido su nivel de desempleo, y trabajan jornadas más largas o periodos más prolongados del año, lo que aumenta sus ingresos. Sin embargo, en conjunto, la renta no experimenta un aumento significativo en el contexto de la evolución positiva que refleja el crecimiento económico general.¹

En este marco de desigualdad y conflicto distributivo debe encuadrarse la reciente medida, pendiente de tramitarse en el Congreso de los Diputados, de reducción de la jornada laboral. Esta reducción de la jornada, si no viene aparejada de un cambio en la distribución de la renta en favor del trabajo, será una medida que quedará diluida y que absorberá el sector privado en su propio beneficio. Es más, en torno a la duración de la jornada laboral es necesario abrir la discusión sobre la carga e intensidad del trabajo, sobre la flexibilidad horaria y en el calendario laboral y, en términos más amplios, sobre la capacidad que en cada sector y empresa tengan los y las trabajadoras de orientar esta posible reducción de jornada en favor de sus intereses.

Vivienda

Esta contracción salarial y el tímido incremento de la renta se ven en muchos casos sobrepasados por el aumento del precio de la vivienda, especialmente para aquellas personas que viven de alquiler. La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales vectores de desigualdad. Durante la última década el crecimiento anual del precio del alquiler supera al aumento del salario medio, lo que deviene en una pérdida de capacidad adquisitiva continuada en relación al alquiler. En contraste, los ingresos que obtienen los arrendadores por alquilar inmuebles se ha duplicado desde 2008 hasta la actualidad, superando en valor a las rentas de capital que derivan de las ganancias patrimoniales y financieras. Por tanto, la brecha entre quienes pueden especular con la vivienda y quienes apenas pueden pagar su techo se está convirtiendo en una auténtica fractura social. Esto se pone de evidencia si centramos el foco en aspectos vinculados a la pobreza como la privación material o el riesgo de pobreza y/o exclusión social, como refleja la Encuesta de Condiciones de Vida para el año 2024. En particular, casi un tercio de los hogares inquilinos tienen severas dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, prácticamente duplicando la estadística que refleja la media del conjunto de la población. En síntesis, uno de cada cinco hogares inquilinos sufre una privación material severa. Igualmente, la tasa de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social también se intensifica en los hogares inquilinos (un 42,4% de ellos en 2024), casi 15 puntos porcentuales por encima de la tasa que registra la media general en el estado español.

Frente a la precariedad, el rearme

En un contexto económico europeo contractivo que atraviesa un evidente declive internacional frente a la polaridad EE.UU.-China, los gobiernos de los Estados miembro y las instituciones comunitarias están reorientando sus prioridades hacia un proyecto de rearme, esto es, hacia un incremento del gasto y de las capacidades en defensa y seguridad interna.² Se trata de un proyecto cuyo propósito principal es el de reflotar la industria europea y la rentabilidad del sector privado a través del gasto público, una redefinición del rol de intervención de los Estados en la economía que se viene consolidando desde la crisis derivada de la pandemia. Este impulso del gasto público en defensa y seguridad se promueve a costa de unos servicios públicos —educación, sanidad, cuidados, vivienda— que se encuentran gravemente debilitados por años de infrafinanciación, con el claro objetivo de deteriorar los servicios públicos y abrir las puertas a procesos paulatinos de privatización. Un ejemplo de este proceso se está experimentando en sectores como la sanidad y, más recientemente, el sistema universitario.

El declive económico europeo viene acompañado de una pauperización de las condiciones de vida de las denominadas clases medias de estas sociedades occidentales. Frente a una creciente precariedad e inseguridad vital anclada en la erosión de las condiciones materiales de vida, la apuesta de los Gobiernos se dirige hacia un proceso de rearme y un repliegue en clave autoritaria y disciplinadora. En este marco debe comprenderse que la naturaleza de los Estados no es la de velar por el interés general, ni la de arbitrar desde una posición de exterioridad y mediación imparcial el conflicto social entre capital y trabajo, sino la de garantizar la dinámica de acumulación de capital privado.⁴

Conclusión

En conclusión, mientras que para las grandes empresas estos últimos años parecen haber sido insuperables, el fuerte crecimiento posterior a la pandemia no está mejorando de forma clara las condiciones de vida de la clase trabajadora. Aunque el empleo ha crecido significativamente y se ha reducido la temporalidad, la precariedad laboral y vital sigue enquistada, y se expresa en dimensiones como el subempleo o el desempleo juvenil, que alcanzan niveles críticos, o en el descenso de los salarios reales. Además, el fuerte crecimiento del precio de la vivienda y el alquiler aprieta cada vez más sobre los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras. En esta situación, las empresas parecen haber ganado terreno en la pugna distributiva entre capital y trabajo.

Esto lleva a plantearnos dos cuestiones. En primer lugar, a pesar de que durante los últimos años nos encontramos en un ciclo de expansión económica, este crecimiento se encuentra en cierta medida desconectado de las condiciones materiales de la población trabajadora: los salarios no se recuperan, la precariedad no se corrige de manera significativa y la vivienda se encarece hasta niveles récord. Si una coyuntura económica favorable no permite mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando la coyuntura económica cambie.

En segundo lugar, partiendo de este diagnóstico queremos poner de relieve que la coyuntura actual resulta proclive para una ofensiva sindical que no sólo recupere los salarios perdidos, sino que vaya más allá y logre mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Con el aumento de los márgenes empresariales y la reducción del paro, las condiciones parecen óptimas para ello. Sin embargo, solo podrán lograrse mediante la organización de los trabajadores y trabajadoras y la presión a través del conflicto.