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Sanidad devuelve 15.000 tarjetas SIP que retiró hace un año a inmigrantes ilegales en la C. Valenciana.


Los solicitantes

necesitan estar empadronados 12 meses para acceder al documento que bonifica el 60 % de los medicamentos.
 
El 31

de julio y casi de puntillas remitió el secretario autonómico de Sanidad, Manuel Escolano, una instrucción

interna a los directores gerentes de los centros sanitarios en la que se comunicaba que los inmigrantes irregulares y sin

recursos que estuvieran empadronados más de un año podrían tener acceso a la tarjeta sanitaria SIP que perdieron el uno de

septiembre de 2012, con la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del

sistema sanitario. Esa orden interna a la ha tenido acceso Levante-EMVinforma que esta bolsa de “sin papeles” y sin medios

-que antes tenían una tarjeta específica- podrán acceder a una bonificación del 60 % en los medicamentos, por lo que solo

tendrán que pagar el 40 % del coste. El plazo para darse de alta y pedir la inclusión al sistema sanitario finaliza el 30

de octubre.
Con esta iniciativa, que se ha denominado “Programa valenciano de protección a la

salud“, se hacía eco la conselleria de la petición formulada por las 52 organizaciones sociales que integran el

Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la C. Valenciana (Odusalud) que durante todo el año no han cesado de pedir

a la Administración sanitaria que abriera la mano para evitar los casos de vulneración del derecho a la salud que se

producen con la aplicación del decreto que dejó sin tarjeta SIP a los inmigrantes irregulares y nacionales sin recursos que

se estima que son entorno a los 15.000.
De hecho, con la entrada en vigor de este programa se pretende

“regularizar” a los ciudadanos que quedaron excluidos de la asistencia sanitaria, al ofrecerles la tarjeta SIP que perdieron

hace un año, según declaró a este periódico el doctor Carlos Fluixá, uno de los representantes de la Sociedad Valenciana de

Medicina Familiar y Comunitaria en Odusalud.

Las personas interesadas en recuperar la tarjeta SIP tendrán

que solicitarla a través de los trabajadores sociales. Uno de los requisitos será presentar una declaración jurada de que

no disponen de ingresos y que no hay terceros obligados al pago.
Los nacidos en países de la UE, Suiza y del

Espacio Económico Europeo acreditarán que no van a exportar a sus países el derecho a la prestación sanitaria.
La

nueva tarjeta SIP de adhesión al Programa Valenciano de Protección de la Salud tendrá una duración de un año y podrá

renovarse antes de que finalice su vigencia. Los titulares serán asistidos si sufren alguna de las 40 enfermedades de

declaración obligatoria (entre las que se encuentran la gripe y el sarampión, por ejemplo), infecto contagiosas como el

sida y la tuberculosis, entre otras, y los trastornos mentales. El quinto informe del Observatorio del Derecho Universal a la

Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) que han elaborado 52 organizaciones y entidades cívicas recoge, al menos, 450

casos de exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, una cifra que solo muestra la punta del iceberg de las

consecuencias de la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS que entró en

vigor hace un año y que significó la suspensión de las tarjetas SIP de todos los extranjeros en situación de ilegalidad en

España que podrían ser unos 800.000. A pesar de que el texto legal contemplaba que la atención en las puertas de urgencia

hospitalarias era gratuito para cualquier ciudadano independientemente de su situación legal, la realidad es bien distinta

y en algunos de los casos a las personas atendidas se les ha obligado a firmar facturas de compromisos de pago por haber

sido atendidos con un coste de 127 euros, como declaró a Levante-EMV la médico Ana Pérez Solas, voluntaria de Médicos del

Mundo, y facultativa de urgencias en un hospital público de la C. Valenciana. La especialista calificó de “muy sangrantes”

los casos de niños rumanos que se han quedado al margen de la ley y sin asistencia por la doble circunstancia de que aunque

son ciudadanos comunitarios, al no haber firmado su país un convenio sanitario con España se quedan en un limbo de

alegalidad que les excluye del sistema. No se pueden acoger al texto del Real Decreto que abre la atención sanitaria a niños

y embarazadas irregulares porque son ciudadanos de la UE, pero al no tener acuerdo de asistencia Rumanía con España si

demandan asistencia, tienen que abonarla.

*Con información de la Coordinadora Antiprivatización de la

Sanidad Pública de Madrid.