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Una firma privada maneja datos confidenciales en Bienestar Social de medicamentos y residencias

imagesUna inspección de seguridad laboral en los departamentos de la Generalitat ubicados en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre ha revelado que una empresa privada opera en el mismo corazón de la Conselleria de Bienestar Social suplantando el trabajo de los funcionarios de carrera y el personal de la administración. Los empleados de esta firma, que no han pasado ningún proceso de selección y que disponen hasta de correo de la Generalitat Valenciana, manejan información sensible y confidencial, como los gastos de farmacia en las residencias públicas. Los informáticos tampoco dependen del servicio público y provienen de una firma externa.

La inspección laboral que firma el jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Laboral alertó de la gran cantidad de empresas privadas que operan en el edificio 9 de Octubre y a las que había que avisar para la coordinación en la prevención de riegos laborales. La mayoría de las sociedades que revela el inspector están relacionadas con la limpieza y la seguridad, pero llama la atención la mercantil Quavitae Servicios Asistenciales, una sociedad propietaria de residencias privadas y especializada en los servicios de asistencia y cuidados a dependientes y centros especializados.

Sus empleados, según ha podido saber Levante-EMV, están integrados en la plantilla de Bienestar Social como si fueran funcionarios y desarrollan muchas de sus tareas. Tienen mesa, ordenador y utilizan material oficial de la Generalitat para sus informes, así como correo corporativo de la administración autonómica. Estas personas acuden a sus puestos de trabajo diariamente.
Estos empleados realizan informes y manejan datos confidenciales de Bienestar Social en materia de residencias, en lo que está especializada su empresa. En el año 2010 esta firma fue adjudicataria de un contrato de más de cinco millones de euros para el servicio de elaboración, preparación y sistema de distribución de dosis unitarias de medicamentos y material sanitario en los servicios de farmacia de las residencias de personas dependientes de Burriana, El Pinar, La Cañada y La Florida.

Uno de los empleados de esta sociedad y que trabaja en el departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana es familiar directo de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que recientemente ha fallado en favor de Bienestar Social en casos de dependencia. Desde CGT e Intersindical Valenciana consideran una irregularidad el trabajo de esta empresa privada y de otras públicas que también operan como si sus trabajadores fueran funcionarios. «El Consell acumula un buen número de condenas por cesión ilegal de trabajadores debido a que los empleados de las empresas suelen realizan tareas en la sede de la propia conselleria, con medios propios y con horario idéntico al de los funcionarios, lo cual demuestra el evidente fraude en la contratación», explicó Enrique Peris de CGT.

Respecto a la información que manejan los empleados de Quavitae, Peris denunció que debe cumplirse la ley de protección de datos y que «son los funcionarios los que garantizan la objetividad e imparcialidad». El representante sindical criticó la falta de transparencia del Consell.

Fuente  Levante