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Cien periodistas demandan a RTVV por contratarlos como guionistas

  • Entre los afectados están rostros conocidos de los informativos y programas
  • El TSJ ya advirtió a Canal 9 que cometía fraude de ley con este sistema

14058792264819Un centenar de periodistas ha demandado a Radiotelevisió Valenciana (RTVV), en fase de liquidación tras el cierre ordenado por el Consell, por estar contratados como guionistas, una categoría inferior a la que les corresponde por su formación académica.

Según confirmaron a EL MUNDO fuentes judiciales, tres despachos de abogados de Valencia coordinan estas demandas individuales presentadas después de que todos los sindicatos del comité de empresa, salvo CGT, firmaran el acuerdo del ERE de extinción que ha acabado en el Tribunal Constitucional. Los demandantes piden percibir la diferencia salarial que hay entre la categoría de guionista y la de redactor, adscritos a diferentes grupos y tablas del convenio colectivo. Además, que la indemnización que percibirán se ajuste a estos parámetros.

Los trabajadores afectados habrían realizado durante años tareas de periodistas pese a que en sus contratos figuraba la categoría de guionista. Entre los afectados, de hecho, figuran rostros conocidos de la parrilla de informativos de Canal 9 y decenas de destacados periodistas reconocibles por la audiencia. Todos los demandantes estaban contratados como guionistas (categoría 9) cuando deberían haber estado contratados como redactores (categoría 5).

Las demandas se han presentados en los juzgados de lo Social de la Ciudad de la Justicia de Valencia y algunos de los juicios ya se han fijado para el primer semestre de 2015. Los trabajadores podrían tener éxito en los pleitos porque en estos procedimientos lo relevante son los medios probatorios, según los juristas consultados. Los demandantes tendrían argumentos suficientes para acreditar el presunto fraude laboral cometido en la radio y la televisión autonómica.

El sueldo de guionista era notablemente inferior al de un periodista de RTVV y, al parecer, la dirección recurría a este sistema porque la categoría no estaba prevista en la bolsa de trabajo y lo aprovechaban para contratar a gente con sueldos más bajos. Los trabajadores ascendían y asumían nuevas responsabilidades con la promesa de la empresa de que legalizarían su actuación cuando el escenario económico lo permitiese.

Pero todo se truncó cuando el Consell de Alberto Fabra ordenó el cierre y a los afectados se les asignó una indemnización menor a la que les correspondería por las funciones desempeñadas. Ahora los periodistas han pedido a los jueces que reconozcan su verdadero grupo laboral y se ajuste la indemnización a las tablas salariales que figuran en el convenio colectivo.

Este sistema de contratación era tan habitual en Canal 9 que los jueces ya se han pronunciado. En 2010, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya le dijo a RTVV que cometía fraude de ley cuando contrataba a periodistas como guionistas tras revisar un caso concreto.

La dirección del grupo adujo, entonces en manos de José López Jaraba, imputado por el juzgado de Paterna que investiga el agujero económico de 1.300 millones de euros del grupo, que el trabajador no había aportado pruebas suficientes para acreditar que realizaba funciones de redactor cuando en el juicio los testigos sí lo señalaron. El TSJ acabó ratificando la sentencia que se había dictado en primera instancia y condenó a RTVV a paga más de 6.000 euros al empleado que demandó.

El diputado socialista Josep Moreno eleva el coste de cerrar el ente en 220 millones de euros, mientras que el vicepresidente José Císcar mantiene que llega a los 144 millones. Pero estas cifras no recogen los pleitos judiciales que aún continúan abierto, y pleitos como el de los cien periodistas podrían disparar el coste final.

Además, el Tribunal Constitucional podría tardar años en resolver el recurso planteado por el PSPV y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Audiencia Nacional que ha motivado la suspensión del juicio previsto para el 15 de julio. En el caso de que la Audiencia dictamine en unos años que el ERE de extinción es improcedente, RTVV tendría que elevar la indemnización a los 45 días.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/07/21/53cc03fe268e3eb4138b4579.html