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La realidad de los CIE y la lucha por su cierre

Los derechos de las personas se violan sistemáticament: El último martes de cada mes, activistas contra los Centros de Internamiento de Extranjeros muestran su rechazo a estos centros delante del CIE de Zapadores (Valencia).

Nos seguiremos concentrando delante de esta cárcel racista hasta que la cierren”, Xavi Torregrosa, activista contra los CIE, resume por qué se reúnen decenas de personas desde hace cinco años el último Martes de cada mes delante de la puerta del CIE de Zapadores (Valencia). Éste centro es uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros del estado y uno de lo casi 400 que tiene Europa. La violación de los derechos fundamentales en ellos parece ser una norma y no una excepción. Esto es lo que denuncian colectivos como la Campaña por el Cierre de los CIE, que desde hace casi cinco años realizan una  labor de denuncia, acompañamiento, asesoría y visibilización de lo que sucede en el interior del centro localizado en la comisaría de Zapadores, en Valencia.

Desde el primer informe redactado por CEAR en 2009 acerca de la situación en los Centros de Internamiento para Extranjeros, las denuncias son constantes: malos tratos, vejaciones, escaso acceso a recursos sanitarios, condiciones de hacinamiento, escasez y mala calidad de alimentos, aislamiento de su contexto social y sobre todo de falta de información acerca de su situación. No hay que olvidar que, de acuerdo a las denuncias, no se indica el motivo de su reclusión, en muchas ocasiones carecen de intérpretes y no se respeta el escaso margen de 24 horas de aviso previo a la expulsión. Todo ello tras la muerte de dos internos en el interior de dos centros: uno en el CIE de Aluche, y otro en Zona Franca, Barcelona. Recordemos que estas personas no han cometido ningún delito, y que solo se les puede imputar una falta equivalente al impago de una multa de tráfico.

Betty Roca, psicóloga y miembro de la plataforma, explica en declaraciones a Diagonal València que a pesar de las constantes denuncias realizadas por parte del colectivo, así como de los propios internos, las quejas son las mismas desde la apertura del centro de Zapadores: imposibilidad de ir al baño por la noche, por lo que los internos se ven obligados a orinar en botellas de plástico, escasez de comida y de agua, impedimentos para las prácticas religiosas, falta de control térmico en las duchas, aislamiento de su medio, incapacidad para tener pertenencias -no pueden disponer ni siquiera de un bolígrafo-, falta de cierre automático de las puertas con el riesgo para la integridad de las personas en caso de emergencia y malos tratos y vejaciones.

Según Betty, que los internos intenten escaparse es “un acto de resistencia moral, personal y civil” ante una situación de injusticia y falta de entendimiento, Y esto es lo que ocurrió en dos ocasiones en septiembre. En la primera de las fugas, un total de 17 internos lograron escaparse del recinto, pero diez de ellos fueron capturados posteriormente. En la segunda ocasión, ningún interno logro su objetivo. Tras la primera de ellas, dos ciudadanos argelinos han interpuesto sendos recursos por agresiones por parte de la policía encargada de custodiar el recinto que precisaron de asistencia sanitaria. Dos días después de las denuncias, los internos fueron expulsados del territorio español.

Todo lo anterior no supone en apariencia ninguna novedad. Ana Fornés, portavoz de la Campaña por el cierre de los CIES, nos indica que durante este verano tres ciudadanos argelinos, tres libios y un ciudadano de Mali interpusieron denuncias por malos tratos. En lo que va de año, la suma asciende a mas de 30. Según las mismas fuentes, la frecuencia de estos hechos indica que no son aislados y generados por determinadas personas, sino que se encuadran dentro de una estrategia de estigmatización y de coacción del colectivo migrante.

Hechos como los denunciados son especialmente graves cuando las personas víctimas son menores de edad. Esto es lo que denunciaron cuatro menores de edad, de origen argelino hace dos años, cuando -según relataron- fueron agredidos en su celda por un Policía Nacional sin mediar provocación por su parte. En aquel momento, la campaña interpuso un recurso de habeas corpus que fue desestimado. Ahora, la Audiencia Provincial ordena al Juzgado número cuatro de Valencia a reabrir el caso, el policia nacional ha sido llamado a declarar acusado de cometer dichas lesiones ante la posibilidad de constituir un delito de torturas (artículo 74 del Código Penal), así como otros cuatro policías como testigos. Este es un caso excepcional: normalmente las denuncias se archivan tras la expulsión del interno del país, lo que imposibilita en muchos casos el seguimiento de la persona, y por lo tanto del caso.

Frente a la creciente sensibilización de la opinión publica, de determinados partidos políticos y de diversos actores sociales que exigen el cierre de dichos centros, Ana nos cuenta que lamentablemente la respuesta institucional no ha variado mucho. Recordemos que los organismos que gestionan dichos centros son el Ministerio del Interior, y por ende la Delegación de Gobierno de cada provincia.

El nuevo reglamento que regulariza su funcionamiento, en vigor desde marzo de este año, no ha supuesto ninguna mejora respecto a las condiciones  y  las quejas de los internos. De hecho, la entrada en vigor de dicha reglamentación no impidió una huelga masiva iniciada por los internos en abril de este mismo año. Según nos relatan desde dicho colectivo, sí que han habido mejoras puntuales y temporales, que parecen responder a la presión ejercida en determinados momentos, pero se vuelve a la situación anterior al cabo de dos semanas.

Lo vivido en el CIE de Zapadores no es un hecho aislado. Campañas similares repartidas por el estado Español relatan las mismas violaciones de derechos humanos. De hecho, se encuadra dentro de la Política Europea de control y blindaje frente a los migrantes, que conforman la denominada Fortaleza Europa. Muestra de ello es el incremento del presupuesto de Frontex, Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras, que actualmente dispone de 89.2 millones de euros frente a los 15 millones de euros de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Un informe de Amnistía Internacional de Julio de 2014 estima que, desde 2000, mas de 23.000 personas han perdido la vida al tratar de llegar a Europa. Y detrás de dichas cifras hay historias de resiliencia, dificultades e injusticias.

Historias como la de un inmigrante, sudamericano, que fue llamado por la propia policía para realizar trámites administrativos en la comisaría, y que acudió junto a su hija de tres años. A su llegada, y tras confirmar que a pesar de llevar años en España – y demostrar por lo tanto arraigo- se encontraba en situación irregular, fue esposado y trasladado al CIE de Zapadores. La menor permaneció en la comisaria hasta que un amigo de la familia pudo realizar los trámites pertinentes para hacerse cargo de ella, puesto que su madre, en situación también irregular, no podía personarse en la comisaría ante el riesgo de detención.

Betty nos relata que son historias como estas las que hacen que los miembros de la campaña continúen con su labor a pesar de la frustración, el cansancio y la dureza de lo vivido junto a estas personas. Día tras día continúan con las visitas a los centros y, cada último martes de cada mes, expresan su solidaridad con los internos y su rechazo hacía la existencia de dichos centros, delante de la puerta del CIE. La próxima convocatoria será el 25 de Noviembre a las 19.00h.

Fuente Diagonal