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Los representantes de CGT en Divalterra denuncian acoso y llevan a la empresa ante la justicia por negarles información

Se les ha abierto expediente a dos de ellos, que han sido sancionados sin empleo y sueldo, y otro fue despedido mientras la mercantil desmiente las acusaciones.

La gestión de Divalterra, la antigua Imelsa, empresa pública dependiente de la Diputación de València, ha acabado en los tribunales. En este caso, denunciada por el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) por vulneración del derecho a la libertad sindical ante la negativa de la dirección de la mercantil de proporcionarles la documentación solicitada -relativa a contratos, relación de puestos de trabajo, altas y bajas…- a sus representantes sindicales en virtud del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Así, el juzgado de lo Social número 18 de València les ha citado el próximo 12 de enero a un acto de conciliación y, si no hubiera acuerdo previo, al posterior juicio.

Los representantes de CGT, con dos miembros de los diecisiete del comité de empresa, aseguran que han reclamado esta documentación, sin éxito, hasta en tres ocasiones: la primera vez en agosto de 2019 y la última el pasado mes de julio. “Sospechamos que hay una serie de irregularidades en los contratos, por eso requerimos la documentación, porque vemos cosas que no están claras”, explica Arsenio Vergara, quien era representante sindical de USO (Unión Sindical Obrera), a quien inicialmente se le negó la información por no tener representación en el comité de empresa, ahora integrado también en CGT.

Se da la circunstancia de que los tres miembros de CGT en la empresa han sido sancionados, los dos representantes en el comité y la delegada sindical: dos de ellos sin empleo y sueldo y el otro fue despedido (Adelí Estornell). Por ello, aseguran que existe una “persecución sistemática” y “acoso” por parte de la empresa, con la complicidad del resto de fuerzas sindicales, “que se ponen de perfil y permiten esta situación sin alzar la voz”. “En la peor época de corrupción con el PP en Imelsa, no había esta persecución”, sostienen desde CGT.

Además, insisten en que su intención no es denunciar nada, sino “conocer toda la información con el objetivo de que Divalterra ofrezca el mejor sevicio al ciudadano y con la mayor profesionalización posible del colectivo de trabajadores”. Y todo ello, con una plantilla de más de 600 trabajadores “mermada, con entre 60 y 70 vacantes en las brigadas forestales que no se cubren desde hace años, y envejecida a la que, además, se le niega la formación”.

La empresa niega las acusaciones

Desde Divalterra rechazan las acusaciones, niegan que se haya producido ningún tipo de acoso y defienden la gestión “impecable” que se está realizando en la empresa desde que entró la nueva dirección. “Hemos actuado con diligencia en todo momento”, aseguran para justificar las sanciones: “Si alguien no va a trabajar, se actúa”.

Respecto al escrito que recibieron solicitando información acerca de copia de contratos, altas y bajas, contratación de altos cargos, cursos de formación o la relación de puestos de trabajo, sostienen que el pasado mes de julio se remitió un escrito por parte del gerente de la sociedad, Antonio Mas, respondiendo a estas cuestiones: “Es más, el 90% de la información que solicitaban es pública y está colgada en la propia web de Divalterra”. Y ponen como ejemplo la contratación de dos jefes de brigada forestal, para lo que se utilizó la bosa de trabajo para responsables de brigadas forestales, “que sigue vigente y se trata de un puesto de similares características con las mismas competencias, como viene explicado en un informe al que tienen acceso”, o la relación de puestos de trabajo, “de la que que no hay un borrador sino un primer documento de trabajo”. “Se está trabajando con absoluta transparencia, haciendo las cosas en las mejores condiciones posibles”, concluyen.

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