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CGT rechaza entrar en el reparto de 5,2 millones de euros con que la Generalitat subvenciona a CIERVAL, CCOO y UGT y exige que se destinen a la población más castigada por los recortes y la precariedad

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha comparecido en la comisón de coordinación, organización y regimen de las instituciones de la Generalitat Valenciana, respecto a la “Proposición de Ley de Modificación de la Ley 7/2015 de 2 de abril, de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales”.

Al respecto de dicha proposición, la CGT no ha apoyado la misma, al contrario, ha solicitado la derogación de “la Ley 7/2015 de 2 de abril, de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales”.

La CGT denuncia las subvenciones que dicha ley otorga a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, y la patronal CIERVAL. CGT no está por entrar en el reparto de los 5,2 millones de euros que otorga la Generalitat a dichas organizaciones como solicitan otros sindicatos.

La CGT-PV ya trasladó al conseller Rafael Climent, en una entrevista mantenida a las pocas semanas de su nombramiento, la postura contraria a que la nueva Generalitat destinara 5´2 millones de euros a paliar las estrecheces económicas que aquejan al sindicalismo mayoritario por la pérdida de afiliados y de otras subvenciones del Estado. En esa misma reunión el Secretariado de CGT-PV manifestó a los responsables de la Generalitat su nulo interés por ser incluidos en el reparto de esas importantes cantidades; muy al contrario, la CGT solicitó que dichas partidas se dedicaran a ayudas sociales a la población más castigada por los recortes y la precariedad.

La CGT en su intervención ha demostrado que la participación institucional de CCOO, UGT y CIERVAL., en los órganos de gestión de emperesas públicas no ha servido para nada, de hecho la fiscalización fue nula, y el saqueo de empresas como EPSAR, EMARSA (23 millones de euros robados), RTVV (donde volaron 1300 millones de euros), y en el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, donde durante el mandato de Rafael Blasco, 1, 6 millones supuestamente destinados a ayuda humanitaria se destinaron a la compra de pisos en Valencia. En todos estos casos, entre otros, UGT, CCOO, Cierval, participaban en los organos de gestión y decisión, sin que ninguna de esta organizaciones adviertiera o denunciara nada.

Recordamos también el caso de las tarejetas Black de Bankia, donde en el fraude realizado a todas, estaban consejeros de la patronal, UGT y CCOO. O el fraude de la ayuda a la formación a la patronal y a los sindicatos UGT y CCOO.

Por el contrario la CGT, presentó diversas denuncias en Fiscalía de estas y otras actuaciones irregulares, y sigue, a pesar de la escasez de sus recursos, una intensa campaña contra la corrupción, sin tener participación en dichas instituciones y sin recibir subvención al respecto.

CGT cree que la otorgación de dichas subvenciones solo pretende alimentar la infraestructura de estas organizaciones y favorecer un sindicalismo domesticado. Para CGT queda demostrado que de nada ha servido la participación de las mismas en las instituciones, y como mínimo son responsables de quietud ante el expolio sufrido. No se entiende que como premio a su incapaz gestión se les dé encima cuantiosas subvenciones, y en todo caso es evidente que ni están en absoluto al servicio de las personas trabajadoras, ni de la mayoría de la ciudadanía valenciana, principal víctima de la corrupción y de la mala gestión de lo público.

También por tanto recordemos que la organización que representa a los empresarios también ha guardado silencio al respecto, es más, algunos de sus representados se han beneficiado directamente de estas situaciones, sin que haya habido como respuesta una comprometida actuación contra la corrupción por parte de la patronal. ¿Y además tenemos que subvencionarlos con el dinero público?

Mantener dicha subvención es y sería un fraude a toda la ciudadanía, y haría cómplice de ello a quien lo apoye.

Y desde la CGT exigimos que dichos 5,2 millones de euros anuales se destinen a las numerosas necesidades sociales.

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