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Colectivos sociales defienden que la nueva renta de inclusión valenciana sigue siendo insuficiente

La nueva Renta de Inclusión entrará en vigor dentro de cuatro meses. Sin embargo la norma, que se presenta como una forma de llegar a más personas en riesgo de exclusión social, no cuenta con la aprobación de diversos colectivos sociales por considerarla “meramente asistencialista”.

Se aprobaron medidas de urgencia, se redactó un nuevo texto y se incrementó el presupuesto para “seguir rescatando personas“; pero la nueva Renta de Inclusión del País Valencià, que modifica la anterior renta garantizada y cuyo texto regulador se publicó el pasado 22 de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), continúa resultando insuficiente para numerosos colectivos y personas: “Presenta varias carencias y condicionantes y no deja de ser una medida de carácter asistencialista”, defiende Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea por una Renta Básica al País Valencià.

La nueva ley entrará en vigor dentro de cuatro meses, aunque fue en diciembre de 2016 cuando se publicó el anteproyecto. Aunque la norma se aprobó en Les Corts el pasado 1 de diciembre, la Conselleria explica que “requiere de una tramitación legal y administrativa que se alargará durante los próximos meses”, periodo en el que seguirá vigente la anterior renta garantizada, y por ende las mismas limitaciones.

Aunque el nuevo texto pretende llegar a más personas y agilizar el procedimiento de concesión, tanto colectivos como solicitantes siguen presentando reticencias sobre su efectividad. En este sentido, el pasado 19 de diciembre se celebraron en Valencia y Alicante manifestaciones en defensa de una renta básica: “Pedimos un cambio sustancial, no una continuación de los criterios del pasado; lo que queremos es una renta suficiente, indefinida y lejos de la calidad asistencial”, explica Arteaga.

Aunque los datos arrojan que en los últimos años el importe y el número de personas beneficiadas de esta medida se ha incrementado a lo largo de los años, desde la Asamblea argumentan las carencias de la ley: “La nueva renta de inclusión pretende llegar a 90.000 personas para 2020, pero estamos hablando de 400.000 personas en situación de pobreza severa sólo en el País Valencià, con lo que 300.000 se quedarían fuera; además, más de un 27% de ciudadanos está en riesgo de exclusión social”. La cuantía tampoco parece acertada “500 euros no son suficientes y la ayuda está llena de condicionantes”.

Pero a pesar de no tratarse de una renta básica, Arteaga opina que “existe una voluntad por parte del tripartito de establecer algo más serio”. David Herrera es valenciano y se enteró de la nueva ley que iba a ponerse en marcha. Cuando fue a solicitarla le dijeron que “tardaría casi un año en poderse pedir y que además iban con mucho retraso en los pagos”. En su caso en concreto, por su situación de empadronamiento, la nueva ley suponía una posible vía para obtener algún ingreso ante una situación muy precaria: “Me desmoroné cuando vi que aún tardaría un tiempo en salir”, narra.

Lorena es beneficiara de la renta garantizada: “Tardaron seis meses en responder pero creo que ahora es mucho más rápido, aunque resulta complicado obtenerla ya que con ingresos superiores a 500 euros no te dan la ayuda; mi pareja trabaja a media jornada pero yo no tengo ingresos y tengo niños a mi cargo”. Ésta es otra de las demandas de los colectivos sociales: que sea individual. “Fue una de las alegaciones que presentamos para que no se penalizaran las unidades familiares”, explica Mª José, del colectivo Toma la Plaza de Alicante.

Aun así, la norma presenta mejoras. Entre otras modificaciones, amplía el intervalo de edad para solicitarla (antes de 25 a 65 años, ahora a partir de los 18 años y sin límite de edad) y reduce el tiempo que el solicitante debe estar residiendo en el País Valencià (antes dos años, ahora uno) al mismo tiempo que incrementa la ayuda de los 385 euros anteriores a los 531 actuales, y modifica el procedimiento supuestamente para que la burocracia sea menos farragosa; además, se calcula teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional para obtener la ayuda.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) recogió también hace poco la dotación presupuestaria destinada a la renta garantizada de la ciudadanía. Según el boletín, la Conselleria de Igualdad destina algo más de 48 millones de euros para el ejercicio 2017, 10 millones más que la cuantía final del ejercicio pasado. Sin embargo, la Conselleria matiza que el crédito tiene carácter ampliable y asegura que este año ya se han pagado 52 millones.

De igual forma, las informaciones más recientes señalan que se espera un ingreso del Ministerio que incrementará esta cuantía hasta los 54,8 millones de euros, lo que se traduciría en más importe incluso del que se vaticinaba cuando se comenzó a presentar la nueva ley que regularía la renta garantizada, donde se hablaba de 52,1 millones de euros para el presente ejercicio. Ahora se suma que el Consell deberá poner 3,5 millones más tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Publicado en el Saltodiario

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