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AENA: CGT contra la política de precariedad en los aeropuertos

Los accionistas de Aena se repartirán 1.000 millones de euros, una subida del 70%.

Los trabajadores: Contratos de un día, pérdida del derecho a las vacaciones o a cualquier posibilidad de organizar su vida personal o familiar, sin derecho a la promoción,

La privatización de Aena tiene el agravante de que a los trabajadores, esa transferencia de renta se vea incrementada con un aumento de la precariedad.

El próximo 10 de abril se celebrará la III Junta General de Accionistas de Aena. El Consejo de Administración de Aena S.M.E., S.A. propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo de 6,5 euros brutos por acción con cargo al resultado del ejercicio 2017. Este dividendo, que supone distribuir el 80% del beneficio neto, representa un incremento del 69,7% respecto al ejercicio anterior. En palabras de la propia Entidad.

Hay que recordar que el capital privado que entró en Aena, en su inmensa mayoría fondos buitre extranjeros y los bancos de negocio que provocaron la crisis, no aportaron ni capital ni gestión a la empresa, por lo tanto ese capital nunca se utilizó para inversiones de futuro en infraestructuras de la red aeroportuaria; simplemente fue a parar a Enaire, dándosele un destino que nunca ha salido a la opinión pública. La primera pregunta que surge entonces es qué cambios en la gestión han merecido este escandaloso aumento (70%) en el porcentaje de la retribución accionarial, que lo único que ha hecho es estar en el momento adecuado en el lugar oportuno para comprar acciones a de Aena a un tercio de su valor, siendo muy moderados en el cálculo. En todo caso, con un reparto por dividendo como el del presente, en 4 años habríamos recaudado prácticamente el importe que obtuvo Enaire por la privatización del 49% de Aena. Un negocio.

El ejercicio 2017 giró alrededor de tres grandes ejes: el intento de privatización total de Aena, disolviendo la participación de Enaire en la fallida operación de fusión con Abertis; la puesta a disposición del Consejo y el presidente de una capacidad de endeudamiento a través de la emisión de bonos de hasta 5.000 M€ para ser palanca financiera de esa fusión y que los pax que pasan por este país sufragaran una expansión internacional de una compañía transnacional a través de operaciones de compra; el tercero, el rodaje de ese invento que se llamó DORA y que, tras el primer año, ha tenido una clara desviación que, entendemos, era previsible, y cuyo resultado práctico va a ser el cierre del primer aeropuerto público de interés general de la red, el de Murcia San Javier, a pesar de su rentabilidad y de la inversiones previstas en el propio DORA, para abrir un aeropuerto privado que nadie sabe cómo funcionará, y que no estará sujeto a esas garantías que ofrecía el DORA en inversiones, sostenibilidad y continuidad del servicio.

Pero la pregunta principal es por qué el Gobierno, mayoritario a través de Enaire en el Consejo de Administración, no sólo permite sino que propone este obsceno y escandaloso 80% de retribución de los accionistas, tales como HSBC Holdings PLC, el Grupo TCI Investment o Deutsche Bank.

Hay que poner cara a estos números. La revalorización del 0’25% aprobada para los pensionistas supone sólo el 57% de la retribución que este año se llevará el accionariado exclusivamente privado de Aena; o lo que es lo mismo, el beneficio por acción de la parte privada es un 75% superior a dicha revalorización.

Si fuéramos a mayores, la revalorización al ipc de las pensiones contributivas, de las no contributivas, de las prestaciones familiares junto con las pensiones de clases pasivas de funcionarios, según los propios datos del Gobierno, supondría un coste de 2127 M€, que podemos comparar con un EBITDA de Aena que en 2017 se situó en 2517’4 M€.

La privatización de Aena tiene un coste muy negativo para todos los ciudadanos, tiene millones de caras, y es un ejemplo arquetípico de la trasferencia de renta de los trabajadores a rentas del capital, en este caso transnacional.

En palabras del informe del propio Defensor del Pueblo, a quien la Dirección de Aena ha puesto todo tipo de trabas en su intervención: “La privatización de AENA ha traído como consecuencia ciertos cambios en la gestión de los aeropuertos españoles, pues la empresa pública ha adoptado decisiones orientadas a aumentar sus ingresos en la gestión del espacio aeroportuario; algunas de esas decisiones han provocado el malestar de los ciudadanos, que se han quejado al Defensor del Pueblo.

Inicialmente, AENA negó la legitimación del Defensor del Pueblo para investigar las quejas de los ciudadanos que suscite su actuación, lo que ha sido contestado por esta institución para recordar a la entidad pública que, al tener capital mayoritariamente público, está sujeta a su supervisión.[…]

Se han recibido quejas que han tenido por objeto la pérdida de espacio público en los aeropuertos, debido a la tendencia a transformarlos en áreas comerciales, con una nueva organización orientada a la rentabilidad, que llega al extremo de obligar a los pasajeros a transitar los aeropuertos por el interior de los establecimientos comerciales.”

En cuanto a los trabajadores del Grupo se refiere, por primera vez los accionistas tendrán una retribución un 15% superior a lo que suponen todos los gastos de personal, incluidos todos los conceptos. Tras 10 años de congelación se aprobó una subida del 1% de promedio, siguiendo congelada parte de la masa salarial como son las inexistentes aportaciones al plan de pensiones.

Aun así, esto no es lo más preocupante; lo es la constante precarización de nuestras condiciones de trabajo, la externalización de nuestros contenidos ocupacionales a empresas con otras condiciones laborales hasta el punto de no tener ya el control interno de contenidos clave para la operatividad, la carencia de reposición de unas plantillas cada vez más magras, y la situación de absoluta precariedad e inestabilidad de nuestros compañeros y compañeras temporales, algunos de los cuales llevan más de diez años trabajando con nosotros sin tener un cauce para normalizar su situación como trabajadores de Aena que son. Contratos de un día, pérdida del derecho a las vacaciones o a cualquier posibilidad de organizar su vida personal o familiar, imposibilidad del derecho a la promoción y otras tantas son el día a día para cientos de trabajadores de una empresa con beneficios espectaculares.

Si hablamos del sector, que hasta ahora había sido un enorme generador de empleo, la privatización tiene el agravante de que a los trabajadores, esa trasferencia de renta se vea incrementada con un aumento de la precariedad. Precariedad que Aena está empeñada en distribuir a todos los trabajadores de los aeropuertos como principal agente impulsor, al no incluir en los contratos clausulas de calidad y garantía de empleo, sino más bien al contrario, provoca bajas temerarias que sólo traen más precariedad laboral. A Aena pronto se la conocerá como la Aena de la Precariedad.

Lamentable muestra de esta precariedad ha sido el accidente mortal que ha sufrido un trabajador de Multiservicios Aeroportuarios S.A. (UTE entre Iberia y CLECE), el pasado 30 de marzo en el Aeropuerto de Barajas, donde su repercusión mediática ha sido prácticamente nula. Hay que hacerse “muchas preguntas tras el accidente mortal en Madrid-Barajas”.

En palabras de quien conoce desde dentro el Sector: “Se está permitiendo entrar a concursos de expedientes a la baja, con total temeridad e impunidad a la mayoría de empresas. Hay empresas que se presentan a concurso sabiendo que lo que han presentado y negociado no les va a permitir generar beneficio alguno, y entran de primera hora en números rojos, debido a los salarios y condiciones del personal subrogado que poseen unas mejores condiciones de sus anteriores empresas. Estas nuevas adjudicatarias deberían mantenerlas y no las cumplen, porque conocen de antemano que van a contar con la complicidad de Aena. Esto supone un abaratamiento económico y de las propias condiciones de trabajo, ya que el trabajo que buscan este tipo de empresas, es que sea lo más precario posible, que a base de incumplimientos de convenio, despidos etc… hacen que poco a poco esos resultados negativos empiecen a repuntar; principalmente, ése ha sido el motivo fundamental por el que los conflictos han estallado en la mayoría de empresas privadas en todos los aeropuertos, Groudlink en Las Palmas de Gran Canaria, Easyjet Málaga, Vigilantes de seguridad del Prats de Barcelona, SATE en Madrid Barajas, Ere´s Iberia, cafeterías y restauración, Duty free, etc…”

Y aquí se abre de nuevo el círculo de transferencia de los trabajadores al capital, pues es el FOGASA quien debe asumir parte de esos salarios defraudados.

En el caso del handling Aena también es cómplice porque permite que la mayoría de trabajos que asumían las propias compañías aéreas, con convenios a la baja pero más dignos para sus empleados, se estén externalizando sobre empresas, que forman parte de entramados societarios de las propias compañías aéreas. De esta forma se estaría precarizando el sector todavía más, como es el caso de las oficinas de venta de billetes de la mayoría de compañías aéreas y las propias oficinas de objetos perdidos.

El hecho de que el eje director haya pasado la rentabilidad empresarial por encima de cualquier otro factor ha tenido repercusión directa en los servicios y la calidad que se ofrece al pasajero, en lo que hemos dado en llamar desde hace tiempo un proceso general de lowcostización del Sector.

Aena está más interesada en velar por sus accionistas y de ser palanca financiera para inversiones en el exterior, que por velar mantener unos aeropuertos de la red nacional con empleos dignos y de calidad, y porque la seguridad operacional se cumpla estrictamente, dejando en mucho de los casos a los propios usuarios totalmente desprotegidos.

Mejor que nosotros lo explica la propia realidad, con el aumento exponencial de los casos de conflictividad en nuestros aeropuertos. Baste poner sólo algunos ejemplos recientes y actuales, como la renovación del expediente de Chaquetas Verdes, los de los servicios de seguridad del Prat y de Barajas, la dilación de años en los nuevos expedientes de handling de las compañías aéreas, el negocio que se hace a base de la obligación, fijada por la UE, de ofrecer un servicio de PMR’s, el Lote 22 de Barcelona, en huelga indefinida desde el día 24… Así podríamos seguir; pero baste poner un solo ejemplo para ver lo que hablamos. Aena impone unos precios tan altos a los espacios cercanos a plataforma que los trabajadores que prestan servicios de handling de rampa se ven obligados a hacinarse, taquilla con taquilla, en unos vestuarios que no cumplen los requerimientos que impone la reglamentación de salud laboral.

Con este panorama, volvemos a la pregunta principal que es por qué el Gobierno va a permitir aprobar en la Junta General de Accionistas del día 10 de abril una subida del 70% del dividendo hasta llegar a un escandaloso 80% del beneficio neto de Aena.

En estos términos, se ha dirigido CGT en el día de hoy, a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con la esperanza de impedir este nuevo expolio con el reparto de beneficios de Aena, y también reclamar al gobierno las razones de ese cambio en la política de dividendos que se va a producir, al pasar del 50% al 80%, compromiso que adquirió en el folleto de salida a bolsa de Aena. Este compromiso no solo se adquirió con los nuevos accionistas, también se hizo con la ciudadanía, ¿porque lo rompen ahora?

Quizá estemos a punto de impedirlo, pero desde luego, estamos a punto de preguntar esas razones y de trasmitirla a una ciudadanía ya demasiado indignada.

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